El Gobierno quiere dar una señal en la crisis: apura acuerdo con el FMI, que es comprensivo con el "súper cepo"
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Admite un economista del gabinete económico que lo más complicado de administrar en la crisis es la confianza. Y que si se pudiera "comprar’ credibilidad en algún lugar, habría que apurarse a hacerlo sin reparar demasiado en el precio. Como en toda dinámica de crisis que se profundiza, los funcionarios perciben que los tiempos se acortan y que después de cada medida, si no se obtienen los resultados esperados, la confianza cae otro escalón.
Es en este contexto que en las últimas horas se intensificaron los contactos entre el equipo económico y el Fondo Monetario Internacional, con la intención de que se aceleren las conversaciones con la idea de apurar -lo más que se pueda- un acuerdo con el organismo.
"Las negociaciones ya arrancaron. Lenta, parsimonia y tranquilamente", dice un estrecho colaborador de Martín Guzmán.
Sin poder aprovechar la buena onda deparada del acuerdo con los acreedores, se espera ahora que el Congreso apruebe el Presupuesto 2021, con la meta de déficit fiscal del 4,5%.
En Economía tomaron nota de que ese objetivo fue interpretado como insuficiente en el mercado financiero. La lectura de los grandes fondos de inversión de Wall Street fue que Guzmán no tiene intención de concretar un ajuste de las cuentas públicas durante el año electoral, y en consecuencia hubo un desarme parcial de los papeles de la deuda que acaba de negociar el ministro en persona.
Desde esos fondos -la mayoría participantes de las extensas negociaciones con Guzmán- creen que el ministro fue muy condescendiente con su pauta fiscal para el próximo año. Y que ese fue el motivo principal que llevó a los inversores a vender parte de los papeles de la deuda que acababan de canjear, sin riesgo de default para los próximos cuatro años.
Súper cepo: no les gusta pero lo toleran
Sin espacio para remendar la meta de déficit para el año que viene, Guzmán ahora busca pisar el acelerador en la negociación con el organismo que dirige Kristalina Georgieva. La idea es clara: dar una señal al mercado que contrarreste la "mala onda" generada con el proyecto, y que se potenció en las últimas semanas con la dinámica en el mercado cambiario y el ajuste en el "cepo".
Gerry Rice, vocero del organismo, ya adelantó que los técnicos analizarán rápidamente las últimas novedades cambiarias, que profundizaron las regulaciones. Se sabe: al FMI no le gustan las restricciones en el mercado del dólar.
"El Fondo nos va a dar un tiempo para normalizar. No viene con algo de frente. Va a decir algo así como que en las condiciones actuales, los controles son convenientes pero que las autoridades han expresado su deseo de un mercado que funcione normalmente en algún momento cercano", comenta un funcionario del área económico a iProfesional. Aunque no lo vaya a admitir, el funcionario expresa una mezcla de deseo y racionalidad.
Desde Economía, de manera oficial, mantienen su visión de que las negociaciones deberían llegar a un epílogo a finales del próximo verano. Con perfil bajo, fiel a su costumbre desde que asumió, Guzmán va a intensificar los contactos para que el trato se cierre cuanto antes.
La conclusión es que de esa manera se daría la señal concreta de que el Gobierno se encamina a un ordenamiento fiscal "en serio".
De hecho, tanto en julio como en agosto, los resultados fiscales demostraron que Guzmán se toma en serio esa posibilidad: pudo mostrar que el rojo de las cuentas públicas se fue estrechando a pesar de que la pandemia se mantiene en un récord de contagios y de fallecimientos, con brotes en los distritos del interior.
"La meta de déficit del 4,5% fue consensuada con el Fondo", comenta una alta fuente del equipo económico a iProfesional. "Vamos a tener un respaldo de ellos, aunque las negociaciones sean duras. Pero el staff entiende la complicación que tenemos por la pandemia, como tantos otros países", añade la fuente.
Agrega el funcionario: "El Fondo Monetario está bien al tanto de la convulsión mundial. Ya hay un centenar de países que le pidieron ayuda y hubo múltiples desembolsos".
Argentina, lejos de calificar para recibir un socorro, aboga para que le refinancien los próximos pagos, que son directamente imposibles de afrontar.
La posición de Guzmán incluye un punto sobre el que viene machacando Joseph Stiglitz, el profesor de la universidad de Columbia que formó (e influencia) a Guzmán. El Premio Nobel es muy crítico de la manera en que el Fondo está coordinando la ayuda a los países por la pandemia; y reclama una emisión de 500.000 millones de dólares en derechos especiales de giro (DEG). Una medida que ayudaría automáticamente a la Argentina, en su condición de socio del Fondo. Es lo que se hizo en la crisis global de 2009.
Una de las "ventajas" que explora la misión argentina refiere al nuevo representante de los Estados Unidos en el organismo.
Se trata de Geoffrey Okamoto. El funcionario, que reemplazó a David Lipton, viene de ser secretario del Tesoro. Y estuvo en la Argentina durante la cumbre del G-20 de 2018. En el equipo económico creen que Okamoto, conocedor de la realidad económica de los países emergentes, jugará a favor de la Argentina en las negociaciones. "Conoce la realidad compleja que viene atravesando la economía en los últimos años", cuentan, esperanzados, desde el equipo.
Las fichas también están puestas en varios directores europeos. El más cercano, políticamente hablando, es el representante de Alemania. Alberto Fernández confía en su vínculo con la canciller Angela Merkel.
Además, en las últimas semanas, se estrecharon los lazos con los representantes de Holanda, China y Japón. Se trata de países que en su momento criticaron la extrema flexibilidad de Christine Lagarde para asistir a la Argentina durante el gobierno de Mauricio Macri.
La crisis acelera los tiempos de la agenda
Desde el Gobierno apuestan ahora a que a la hora de votar, en el Directorio del Fondo, esos países comprendan la necesidad de la Argentina por estirar los plazos de los vencimientos por el lado técnico. Pero que ayuden a transmitir la necesidad de dar la señal política de un rápido acuerdo con el organismo, en el marco de un ordenamiento fiscal.
"No pedimos que nos regalen nada, no lo harán. Sólo que no sean inflexibles luego de los errores cometidos por el staff técnico anterior", desliza otro funcionario familiarizado con las negociaciones iniciadas con Washington.
Otra pieza clave en la negociación es el actual embajador argentino ante la Casa Blanca, Jorge Arguello. Un conocedor del mundillo diplomático, y con vínculos con varios de los directores que tendrán que votar en el directorio del Fondo.
Optimista de las conversaciones, Arguello sostiene que "las negociaciones positivas con los acreedores privados permiten "mirar con renovado optimismo el próximo desafío que tenemos por delante, que es la negociación de un nuevo programa con el FMI".
Como ya trascendió, Alberto Fernández intentará despejar los vencimientos con el Fondo por los próximos cuatro años, poniendo en pie de igualdad este acuerdo con el rubricado con los acreedores privados.
La deuda con el organismo asciende a la friolera de u$s44.900 millones, que vencen casi en su totalidad en los años 2022 y 2023.
Una negociación que en los papeles se preveía extensa, sin demasiados incentivos para que ninguna de las partes apure el paso, la propia dinámica de la crisis es la que ahora impulsa al Gobierno a modificar esa estrategia.
Necesita mostrar al mercado financiero que va por el camino del orden fiscal. ¿Lo logrará? En los propios despachos oficiales se escuchan críticas muy duras respecto del nivel y la eficiencia de la gestión. Pero la gravedad de la crisis impone que los tiempos sean otros. Y que la audacia de los funcionarios, también.