Con la mira en depósitos y acciones, el Gobierno busca repatriar un 30% de las fortunas declaradas en el exterior
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El Gobierno inició el miércoles el tratamiento del impuesto a las grandes fortunas en el Congreso, con la mira puesta en los bienes que están en el exterior. La premisa es que el 80% de los activos alcanzados por el nuevo gravamen se encuentran fuera del país y el proyecto oficial sería una de las herramientas para alentar la repatriación de capitales, uno de las prioridades de las autoridades por estas horas.
El aporte por única vez apunta a las personas con patrimonios declarados al 31 de diciembre de 2019 mayores de $200 millones. Se trata de un universo estimado de 12.000 personas que permitrá recaudar unos $300.000 millones para financiar la pandemia, compra de insumos para salud, pymes, urbanización de barrios populares y obras de infraestructura.
En ese marco, el blanco de las autoridades son los dólares que se fueron del país o que se podrían ir. Mientras en el proyecto los bienes locales pagan del 2% al 3,5% en relación al patrimonio, los activos en el exterior pagan del 3 al 5,25%, un 50% más. Para no pagar ese diferencial, los contribuyentes deben repatriar un 30% o más de las tenencias financieras en el exterior en un plazo de 60 días desde la publicación de la Ley.
Ingreso de capitales
La moratoria 2020 aprobada en agosto pasado por el Senado también contiene un mecanismo para atraer dólares. Las empresas con activos financieros en el exterior deben repatriar el 30% para acceder al programa de facilidades para el pago de deudas tributaria, revisional y aduanera, que incluye la condonación del 100% de sanciones y la extinción de la acción penal.
De esa manera, el oficialismo busca inducir el ingreso de capitales en un contexto de fuerte caída de la recaudación por la parálisis económica, endurecimiento del cepo cambiario para frenar la pérdida de reservas y cierre de empresas. La lupa está puesta en los depósitos e inversiones financieras, una parte de los cuales fueron declaradas en el blanqueo del 2016 impulsado por Alfonso Prat Gay.
La diputada Fernada Vallejos se refirió en las últimas horas a los 12.000 argentinos cuyos bienes serán gravados por el nuevo impuesto. "¿Saben de esas fortunas qué parte se encuentran en el exterior? El 80%, sí la riqueza de los mas ricos, se dolarizo y se exteriorizó", dijo en un tuit. Y agregó que los activos de argentinos en el exterior crecieron en más de u$s103.000 millones entre 2015 y 2019.
"Si esa riqueza – generada en el pais, con recursos y trabajo argentinos- permaneciera en el circuito productivo nacional, ahí sí habría dólares para financiar el desarrrollo", disparó la legisladora cercana a Cristina Kirchner. Lo dijo antes de que se conocieran la imposición fijada por el Banco Central de un recargo del 35% a la compra de dólar ahorro, que elevó las retenciones al 65%.
Dólares y recaudación
Los cálculos oficiales de la riqueza fuera del país surgen de los números de AFIP sobre Bienes Personales. En el rango más alto de contribuyentes ($60 billones y más) había 12.896 personas al 31 de diciembre de 2018 con activos por $570.000 millones en el país y 12.075 personas con $2,2 billones en el exterior, un monto que representa el 80% del total sujeto al impuesto en la escala más alta.
Al tipo de cambio de entonces, los mayores contribuyentes de ese tributo tenían u$s14.700 millones en el país y u$s57.000 millones afuera. Entre estos últimos, el 60% está colocado en títulos y acciones, el 20% en dinero y depósitos y el resto en inmuebles, bienes muebles y créditos.
Pero eso es solo la punta del iceberg, ya que se trata de lo que aparece en las declaraciones juradas. En el oficialismo estiman que el 70% de los activos de argentinos en el exterior – unos u$s257.000 millones- no está declarado.
El problema de fondo, reconocen, son los dólares que salen del circuito económico, por ejemplo, hacia las cajas o el colchón. Pero también ven díficil que aquellos bienes que están afuera regresen al país. "Muchos van a preferir no traerlo, aunque no tenga racionalidad económica", señaló uno de los autores detrás del proyecto elaborado por Carlos Heller y Máximo Kirchner.
El organismo encabezado por Mercedes Marcó del Pont viene endureciendo los controles sobre los bienes de argentinos en el exterior, con especial atención en aquellos radicados en Uruguay ante las medidas de ese país para atraer capitales. Así, la resolución 4760/2020 reemplazó en julio el criterio "domicilio fiscal" por el de "residencia fiscal" para gravar con Bienes Personales activos en el exterior.
La normativa vigente establece que el cambio de residencia fiscal requiere que el centro de intereses vitales del contribuyente no se ubique en la Argentina. De esa forma, se apuntó a evitar maniobras para no pagar el incremento de la alícuota de Bienes Personales definido en la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva aprobada en diciembre pasado.