El Gobierno empuja a las grandes empresas a un reperfilamiento "de prepo"
/https://assets.iprofesional.com/assets/jpg/2020/09/503375.jpg)
En el sector empresario, las medidas tomadas por el Banco Central para achicar todavía más el cepo cambiario fueron analizadas como una avanzada más del Gobierno sobre el mundo corporativo.
Los hombres de negocios advierten que el Gobierno, en lugar de promover inversiones y generar confianza, impone más controles y medidas anti empresarias y anti mercado que alientan a la gente a demandar cada vez más dólares y al sector corporativo a profundizar el gran desaliento que ya existe sobre el futuro del país.
Entienden que se trata de medidas que atacan las consecuencias y no las causas; que son inútiles por tener ya un historial de fracasos; que destrozan la posibilidad de financiamiento de las empresas; destruyen la poca credibilidad que había para pensar en inversiones en un país que no permite cumplir con obligaciones previamente adquiridas.
En especial, se cuestiona la Comunicación "A" 7106 del organismo financiero que, básicamente, las empuja a comenzar de nuevo procesos de reperfilamiento de la mayor parte de sus deudas, con una consiguiente mayor exposición al endeudamiento externo.
A partir de esta comunicación, antes del 1º de octubre, las grandes compañías deben presentar sus estrategias de reestructuración de la deuda, que vence a partir del 15 de octubre.
La decisión se suma a la imposición de nuevos límites al dólar ahorro y a los consumos en moneda extranjera, y para el Gobierno se trata de estabilizar mucho la salida de dólares porque la última parte de esta comunicación establece que las grandes empresas con vencimientos mensuales superiores a u$s1 millón solamente podrán comprar dólares del Banco Central para cubrir el 40% de sus pagos.
El restante 60% tendrán que sentarse a negociar con sus acreedores nuevamente y presentar a la autoridad monetaria un plan de refinanciación a pagar en dos años.
La medida apunta contra las compras de divisas que hacen las grandes empresas para poder pagar deudas en dólares que contrajeron en el pasado. Y, según fuentes del Central, abarcará solamente a un grupo de 25 compañías, entre locales y extranjeras, entre las que se encuentran el Banco Hipotecario e IRSA, por ejemplo. También a grandes alimenticias y automotrices, entre otras.
Todas podrán acceder en el mercado de capitales a un monto neto no mayor al 40% del capital que vence cada 30 días, según se entiende del punto 7 de la comunicación del Central.
¿Habrá aumentos en los precios?
El problema es que muchas de esas empresas endeudadas son formadoras de precio, con lo cual es factible que el encarecimiento de los costos que provocará la medida podría ser trasladado a los productos que elaboran.
No es la mirada que tienen en el Gobierno, donde la esencia de la norma se basa en admitir que no hay dólares para todos y de que se trata de una alternativa razonable para encarar la transición hasta que se consolide la reestructuración de la deuda del Estado y se empiecen a ver los resultados del plan económico del Gobierno.
Quienes empujaron desde el Ministerio de Economía este proceso creen que el actual valor del dólar es razonable y competitivo para la producción y que habrá un exitoso proceso de acumulación de reservas de manera gradual que, a la postre, permitirá flexibilizar el cepo a la compra de moneda extranjera en los bancos.
Desde la entidad que preside Miguel Pesce se aclara que la restricción no aplica si la deuda fue contraída con organismos financieros o agencias internacionales, o cuando sea menor a u$s1 millón por mes, de aquí a fines de marzo de 2021.
La esencia de la medida tiene que ver con lo que ocurrió durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando se le permitió a las grandes empresas tomar deuda de manera indiscriminada y casi a la par de la que sumó el Estado nacional esos años.
Para las autoridades del Frente de Todos se trata de reglas insostenibles que ahora se intentan adecuar y corregir
En el caso del sector privado, ese boom de endeudamiento, tanto comercial como financiero, llegó a los u$s80.000 millones y se fue acumulando durante los cuatro años de gestión de Cambiemos, según las cuentas que hacen en el Central.
Para los funcionarios, los grandes grupos habían comenzado a tomar dólares del mercado para pagar sus compromisos aprovechando las bajas tasas de interés en pesos. Es decir, tomaban deuda en moneda local al 24% o a tasa cero, se daban vuelta y accedían al dólar mayorista a $75 o colocaban Obligaciones Negociables (ON) atadas al dólar linkedin y le compraban dólares al Central.
Desde la institución califican a esa movida como "ineficiente" y advierten que no se puede cancelar tan rápidamente, en sólo seis meses, una deuda que se fue tomando entre el 2015 y el 2019. "Bajar el endeudamiento de cuatro años en seis meses no tiene sentido, se debe hacer gradual y el Gobierno apoya y acompaña", aclaran en la entidad.
Lo concreto es que la maniobra le quitaba margen al Central que necesita recuperar sus reservas en moneda extranjera compitiendo con las necesidades de las grandes compañías. Al punto que no podían facturar dólares del superávit comercial por u$s19.000 millones porque las empresas cancelaban sus deudas.
Si bien los ejecutivos cuestionan la decisión, para las autoridades del Gobierno podrán renegociar con sus acreedores en buenas condiciones, máxime si se analiza la desaparición del riesgo de default soberano a partir del acuerdo por la deuda externa de la Argentina.
"No tienen el potencial peligro que había por la contaminación de la deuda pública al mercado de la deuda privada, por lo cual no les tiene que ser muy problemático reestructurar", sostienen en la entidad.
Para Miguel Arrigoni, titular de la consultora First Capital, se trata de una medida inaudita que causará un grave daño al sector privado. "hay empresas que exportan y que su deuda financiera se vincula con eso y ahora se las obliga a no pagarle a sus acreedores durante dos años, lo cual muestra lo insólito de esta decisión", asegura el analista. Según su mirada, entre las empresas que se van y las que se quedan heridas con la nueva determinación "se les está haciendo un daño terrible al país".
Del mismo modo, Ricardo Delgado, uno de los socios de la consultora Analytica, asegura que se trata de "un golpe a las inversiones porque tener que refinanciar la mayor parte de sus deudas le generará a las empresas mayores costos que terminarían siendo trasladados a los costos".
Desde una de las empresas afectadas por la decisión del Central se explica que con una economía en profunda recesión, con importaciones por el piso, sería mejor abrir el mercado de cambios para que baje el dóalr y el Central pueda sumar reservas en vez de restarlas. "Vislumbro un default privado generalizado", dijo, casi de manera apocalíptica, el empresario consultado por iProfesional.
Entre los analistas financieros se advierte que el Gobierno desaprovechó el momento para generar un shock positivo tras el acuerdo por la deuda externa porque no anunció su plan económico.
"Anunciar ahora estas medidas que van afectar la capacidad de financiamiento de las corporaciones argentinas en el exterior, que las obliga a incumplir sus contratos de deuda, condicionándolas a reestructurar los vencimientos de capital hasta el 31/12 afectando el crédito de las mismas, es totalmente cuestionable", agregan.
También se advierte que si las medidas restrictivas no son acompañadas por un plan integral van a generan más desconfianza y una ampliación de brecha versus el dólar libre que, según Arrigoni, fue el que eligió el Gobierno para aplicar la nuevas alícuotas al oficial y que de ese modo, la cuenta de exactamente igual al valor de la moneda norteamericana en el mercado informal.
Desde el sector bancario, la medida fue calificada como de "insensible" al no tener en cuenta el problema de fondo que sigue siendo la crónica crisis de balanza de pagos del país y las herramientas equivocadas de la política para intentar solucionarlas.