El Gobierno ultima detalles del paquete anticrisis que genera roces con los hombres Forbes

El Gobierno ultima los detalles de las 60 medidas que diseña Alberto Fernández para relanzar la actividad económica, con foco en la producción y el empleo. La "punta de lanza" será el compre nacional, un programa cuyo cuyo objetivo es poner en marcha una nueva tanda de financiamiento mediante aportes no reembolsables con un tope de $30 millones y créditos a tasas subsiadadas para impulsar el mercado interno en detrimento de las importaciones de insumos.

La contracara son los crecientes controles fijados por las autoridades para "proteger" a la industria local y de paso "cuidar los dólares". El último de ellos fue la resolución 366/2020 del Ministerio de Desarrollo Productivo que impone más trabas a las importaciones de cualquier producto con medida antidumping o en investigación. De ese modo, se evitaría la triangulación y la competencia desleal, pero la medida genera roces con los empresarios.

El compre nacional es uno de los puntos que analizó este miércoles el gabinete económico desde las 10 de la mañana en Casa Rosada. El equipo encabezado por el jefe de ministros Santiago Cafiero tomó un nuevo impulso después del acuerdo con los bonistas y ahora busca aprovechar ese envión para retomar la iniciativa política y mostrar resultados en materia económica, en un contexto de estancamiento económico y creciente deterioro de la situación social.

El entusiasmo se reflejó en los aplausos que recibió el titular de Economía, Martín Guzmán, al ingresar a la casa de Gobierno. "Estamos contentos por avance en rla tructuración de la deuda, muy conforme con el trabajo de Guzmán y todo su equipo", dijo Cafiero antes del comienzo de la reunión y aseguró que se muestra muy "confiado" en el equipo del Ministerio de Economía, de cara a las negociaciones próximas con el FMI por los u$s44.000 millones que prestó al país durante la gestión de Mauricio Macri.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, anunció que priorizará al mercado interno y las pymes para salir de la crisis.

Además de Cafiero y Guzmán, en la reunión de hoy participaron la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca; y los ministros de Trabajo, Claudio Moroni; y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. También estuvieron los titulares del Banco Central, Miguel Pesce; de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont; y de la Anses, Fernanda Raverta.

Fernández tiene el desafío de empezar a mostrar las cartas de su programa económico. Pero también de resolver qué hará con las medidas de emergencia que implicaron la emisión de $1,2 billones en giros al Tesoro desde el inicio de la pandemia. En ese sentido, creen que el acuerdo con los fondos privados les dará más margen fiscal. "Hay una perspectiva distinta, de abandonar modelo de especulación e ir de producción y empleo, con este marco de sostenibilidad de la deuda vamos a tener herramientas para diseñar política pública", reconoció Cafiero.

Por la fuerte caída en la recaudación, el gabinete económico empezó en mayo a reducir los fondos y sumar restricciones para acceder al programa de Asistencia a la Producción (ATP), destinado al pago de salarios en el sector privado. Mientras que el mes pasado se empezó a evaluar un recorte también en la cantidad de beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), un subsidio de $10.000 destinado a 9 millones de personas en la informalidad y desocupadas.

Detrás de estas medidas estaba la preocupación por la emisión monetaria y su impacto en las cotizaciones paralelas del dólar, que ahora empezaron a calmarse. El otro reto que enfrenta Fernández es reunir el apoyo suficiente para sus nuevas medidas económicas. Si bien en las últimas horas el acuerdo con los acreedores fue celebrado por las cámaras empresarias, los dueños de las principales compañías del país no ven con buenos ojos la estrategia de enfocarse en una primera etapa en el mercado interno.

Máximo Kirchner, el jefe de la bancada en Diputados del oficialismo, criticó con dureza la reunión entre la AEA y la CGT.

Guzmán ratificó días atrás la idea de impulsar una recuperación del consumo priorizando a las pymes y relativizó el "privilegio" de las grandes empresas trasnacionales. En la misma sintonía, el Presidente avanzó en los últimos días en nuevas reuniones con el sector pyme y la CTA (T) encabezada por Hugo Yasky. Una orientación que es promovida por la vicepresidenta Cristina Kirchner, preocupada por la sostenibilidad "política" y lo que observa como una confrontación temprana por parte de la "derecha económica". 

Esas sospechas en el oficialismo se vieron reforzadas por la reciente reunión entre la Asociación de Empresarios Argentinos (AEA) y la CGT. "Dicen de Argentina que viene de muchas decadas de mal desempeño económico, yo le preguntaría a Héctor Daer cuántos afiliados tenían en 2003, en 2015 y 2019", disparó el jefe de la bancada de Diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner.

"En AEA dicen que fueron décadas muy malas para la Argentina, pero no es lo que refleja el crecimiento de sus empresas", se despachó el líder de La Cámpora el viernes pasado durante una sesión en la que se debatió la moratoria. El cónclave puso de manifiesto el interés de ambas entidades en una rebaja impositiva, beneficios a las exportaciones y en ser convocados a participar de un diálogo económico y social. Pero el planteo no fue bien recibido en el gobierno.

La asociación presidida por Jaime Campos reúne a las mayores fortunas del país, en su mayoría con un lugar destacado en el ranking de la revista Forbes. Es el caso de Luis Pagani (Arcor), Paolo Rocca (Techint), Héctor Magnetto (Clarín), Marcos Galperín (Mercado Libre), Sebastián Bagó (Laboratorios Bagó), Enrique Cristofani (Santander), Eduardo Elsztain (IRSA), Cristiano Rattazzi (Fiat Chrysler Argentina), Alejandro Bulgheroni (Pan American Energy Group) y Luis Perez Companc (Grupo Perez Companc), entre otros.