Las paritarias salen del freezer: qué sectores están negociando aumentos salariales y cuánto están pidiendo
/https://assets.iprofesional.com/assets/jpg/2020/07/500328.jpg)
La flexibilización de la cuarentena no solo coincidió con un fuerte aumento de los contagios en las últimas dos semanas. También aceleró el deshielo de las paritarias y la intervención del Gobierno para mantener la paz social en un escenario inédito, marcado por las rebajas nominales de salarios y la pérdida de casi 300.000 empleos por el impacto económico de la pandemia. La contención de los conflictos laborales forzó al Ministerio de Trabajo, encabezado por Claudio Moroni, a dictar una batería de conciliaciones para frenar medidas de fuerza dispuestas en actividades clave.
Sucede que varios gremios de rubros esenciales comenzaron a sellar subas promedio del 13%, siguiendo con rezago una inflación que podría orillar el 48% a fin de año y en más de un caso mediante sumas "puente".
El Ejecutivo busca evitar una indexación de los salarios en un escenario de mega emisión monetaria y escasez de dólares. Luego del bono por decreto de $4.000 a principio de año y la posterior parálisis de las paritarias, el arreglo de montos fijos apuntaría a compensar el desfasaje. Y a las autoridades les serviría para postergar porcentajes, un esquema que genera tironeos.
Los arreglos en los casos líderes
La cartera laboral intervino el miércoles pasado al desactivar el paro convocado para el día siguiente por el Sindicato de Trabajadores de la Industria del Gas (Stigas) de Bahía Blanca en la Transportadora Gas del Sur (TGS), la más importante del país y a cargo de los gasoductos más extensos de América Latina. Moroni enfrenta además otros desafíos: la misma seccional llamó a una huelga este miércoles en MEGA, otra transportadora, y ordenó suspender las guardias pasivas el jueves en Camuzzi Gas, la mayor distribuidora de gas del país, propiedad de Alejandro MacFarlane.
El gremio de base liderado por Pablo Van Den Heuvel busca una suba retroactiva a enero del 13,6% en línea con el IPC del INDEC del primer semestre. De ese modo, busca mejorar el acuerdo marco sellado el 17 de julio pasado por la Federación de Trabajadores de la Industria del Gas (FETIGN) liderada por Guillermo Mangone, con el que se logró "romper el congelamiento" de la paritaria, según informó en un comunicado. Luego de empatar el año pasado la inflación del 53,8%, la entidad pactó con Metrogas, Naturgy, TGS y MEGA una suma no remunerativa de $8.000 en julio, agosto y septiembre, y un 12% desde octubre, cuando se retoma la negociación.
La paritaria rige desde abril de 2020 hasta marzo de 2021. El arreglo llegó después de notificarle a Moroni la definición de un paro total sin fecha. "Desde la Federación negociamos un marco que traccionó el aumento y hay asambleas que consideran que podría ser mejor en las empresas que tienen parte de sus negocios en dólares y no están reguladas", explicó Mangone. Así se refirió al caso de TGS y MEGA en Bahía Blanca. La seccional de esa localidad también rechazó la propuesta de Camuzzi por un monto igual desde agosto y un 10% en noviembre.
Con la mitad de sus 600 afiliados en esa ciudad, el sindicato local pisa fuerte en el principal nodo gasífero de Argentina. Desde allí se transportan 60 millones de m3 de gas por día hacia Buenos Aires, La Pampa y Río Negro. Pese al congelamiento de las tarifas en diciembre, Van Den Heuvel cree que las empresas tienen margen para mejorar aún más los salarios tras cuatro años de fuertes ganancias. Por caso, TGS exporta y comercia en el mercado interno derivados del gas con precios desregulados. El mayor accionista de la firma es Marcelo Mindlin, el presidente de Pampa Energía. El Presidente inauguró con él a fines de junio una central termoeléctrica.
En la industria láctea, el gremio Atilra, encabezado por Héctor Ponce, pidió el miércoles una recomposición del 13% en sintonía con el IPC después de obtener un 54% el año pasado. Fue durante una reunión de cinco horas sin llegar a un acuerdo con la Cámara de la Industria Lechera (CIL), la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas (Apymel) y Sancor, la mayor productora de leche del país. Ponce exige además un aporte extraordinario para la obra social de $8.000 por empleado en una actividad con 35.000. Así, busca recuperar el terreno perdido en la gestión de Mauricio Macri.
Sometido a fuertes presiones, el sindicato con base en Sunchales aceptó en 2017 reducir dichos aportes, desde $3.000 a $700 en las pyme y $1.500 en las firmas grandes, junto con la condonación de una deuda por ese concepto a las pyme de $700 millones. Y a fines de ese año aceptó resignar beneficios en su convenio laboral, bajo una ofensiva que coincidió con el achique de Sancor propiciado por Macri. Tras la derrota de Cambiemos, sin embargo, Ponce recibió a Fernández con un paro de 48 horas el 19 de diciembre para reabrir paritarias y dos semanas atrás realizó otro, por lo que una semana después se dictó la conciliación.
El sindicalista sumó otro reclamo el jueves al notificar a la directora de Relaciones Laborales, Gabriela Marcello, 15 contagios de coronavirus en Mastellone, Danone y La Serenísima, siete positivos y tres sospechosos en Lacteos Vidal, en Buenos Aires, y otro tanto en Alimentos Refrigerados, en Córdoba.
Ponce integra la corriente sindical liderada por el bancario Sergio Palazzo, quien la semana pasada firmó un aumento sorpresivo del 26% desde enero en cuatro tramos trimestrales, equivalentes al 13% en cada semestre y con revisión en noviembre. Sin apelar a medidas de fuerza, como en otros años, Palazzo destacó esta vez "la responsabilidad que demanda la actual situación".
En la industria de la alimentación, en tanto, el gremio acordó con la Federación de Industrias Alimenticias (FIPPA) un incremento del 6,5% de mayo a septiembre y una suma fija de $6.000 por única vez.
Suma fija sí, porcentaje no
"Nadie quiere fijar un monto anual, porque si la inflación cierra en el 45 o 48% vamos a tener una diferencia de casi 20 puntos, muy dificil de recomponer", señaló a iProfesional Héctor Morcillo, titular de la Federación de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (FTIA). Por otra parte, el Ministerio de Trabajo debe resolver un conflicto en Arcor, donde el sindicato reclama el pago de las licencias a todos los trabajadores que son grupo de riesgo.
En Comercio, en cambio, las negociaciones siguen estancadas. El titular del sindicato, Armando Cavalieri, difundió la semana pasada el cierre de un bono de entre $5.000 y $6.000 en supermercados y mayoristas, pero la Asociación de Supemercados Unidos (ASU) salió a desmentirlo. Solo Carrefour anunció la entrega de una "gift card" por ese monto tras reclamos del cuerpo de delegados.
Tampoco hubo avances en las conversaciones del líder de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Antonio Caló, con las cámaras del sector. El sindicalista les trasmitió su inquietud por la pérdida de poder adquisitivo tras el reclamo de un adelanto de $4.000 por las seccionales díscolas de La Matanza, Córdoba y Santa Fe.
La UOM y los empresarios buscan, por otra parte, extender el acuerdo de suspensiones firmado desde abril hasta julio, con una rebaja salarial del 14% del salario básico neto, hoy en torno a los $28.000 para la categoría inicial. La idea es prorrogarlo por otros cuatro meses.
La extensión de los ATP hasta diciembre anunciada el viernes por el Presidente podría aliviar las tensiones. Se estiman que un 70% de las empresas metalúrgicas recibió la primera tanda de fondos para cubrir el 50% de los salarios, por lo que la mayoría de las metalúrgicas abonó un 36% de las remuneraciones, descontando el recorte de los ingresos.
Los Moyano tampoco la tienen fácil. Con la paritaria vencida en junio, Camioneros busca una suma "puente", pero los empresarios advierten que de otorgar ese incremento suspenderían el habitual bono de fin de año. El gremio acumuló en febrero pasado una mejora del 49,5%, aún por detrás de la inflación del 53,8% del 2019. Y el conflicto con Mercado Libre tampoco está resuelto.
El Gobierno logró una frágil tregua tras dictar la conciliación. "Siguen reuniéndose entre partes, se juntan en Trabajo cuando no puedan hacerlo a solas porque se matan", se sinceró una fuente cercana a las negociaciones.
El ministro de Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, recibió la semana pasada al Pablo Moyano, el primer contacto con un alto funcionario después de los bloqueos a los galpones de Marcos Galperín. El camionero reclama el encuadre de los trabajadores de logística de la empresa, hoy bajo el convenio del gremio de Carga y Descarga, liderado por Daniel Vila.
El entendimiento introdujo varios de los cambios previstos en la fallida reforma laboral de Macri, cuya gestión lo homologó pese a la impugnación de Camioneros.La semana próxima podrían surgir nuevos roces: Mercado Libre pagará un bono de $47.000 al personal en Argentina, algo que fue anunciado en toda la región por un valor equivalente a u$s500.