Reclamos por el cupón PBI: revés para Argentina en los tribunales de Londres
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Argentina fracasó en un intento de detener una demanda en su contra presentada en los tribunales ingleses por cuatro fondos de inversión (hedge funds) que denunciaron que el país ha manipulado datos económicos para evitar pagos relacionados con instrumentos de deuda soberana vinculados al crecimiento.
Se refieren a los cupones PBI. En 2014, con Axel Kicillof como ministro de Economía, se informó un crecimiento anual del PBI del año anterior apenas menor al 3,25%, nivel que habilitaba el pago anual a los tenedores de dichos bonos.}
Los gestores de activos Palladian Partners LP, HBK Master Fund LP, Hirsh Group LLC y Virtual Emerald International Limited dijeron que por esa maniobra la Argentina les adeuda cerca de 525 millones de euros en pagos vinculados a los warrants del PIB diseñados para pagar a los inversores si una serie de criterios de crecimiento apuntan a se cumplen o superan, señala Reuters.
Reclamos por el cupón PBI: revés para Argentina
Los fondos alegan que un cambio en las estadísticas publicadas por Argentina había dado como resultado que los instrumentos, que se emitieron en 2005 y 2010 como parte de una reestructuración de la deuda, ya no califiquen para el pago.
En su momento, el ministerio de Economía dijo que tenía que cambiar la forma en que medía el producto interno bruto, ya que la forma anterior de hacerlo ya no reflejaba con precisión la economía del país. Entre otras razones que generaron las distorsiones, la principal fue la manipulación del IPC, por cuenta y orden de Guillermo Moreno. Al dibujar para abajo este índice, indirectamente inflaba el PBI, lo que terminaba gatillando el pago anual a favor de los dueños de los cupones PBI.
La jueza Sara Cockerill, en un fallo emitido el martes en el Tribunal Superior de Londres, desestimó la solicitud de Argentina para detener los procedimientos, allanando el camino para que se lleve a cabo un juicio completo.
En enero, un juez de los EE. UU. Desestimó una demanda presentada en 2019 por el fondo de cobertura Aurelius Capital con sede en Nueva York contra Argentina, también relacionada con un presunto déficit de pago relacionado con las garantías del PIB de 2013.
Déficit fiscal: por qué se disparó en junio
El déficit fiscal alcanzó los $288.565 millones en junio último, lo que representó un aumento del 326% con relación al mismo período del 2019, mientras los gastos por la pandemia, sumados los programas IFE y ATP, rozan los $100.000 millones, informó el Ministerio de Economía.
El Sector Público Nacional (SPN) registró en junio un resultado deficitario de $253.706 millones.
Como el pago de intereses de la deuda pública, neto de pagos intra-sector público, ascendió a $34.859 millones, se alcanzó un rojo que orilló los $289.000 millones.
Ingresos del sector público
En junio, los ingresos totales del sector público sumaron $402.899 millones, con una suba del 7,8%.
A pesar de la persistencia de los efectos negativos de la pandemia y de las medias de aislamiento y distanciamiento social, el crecimiento interanual de los recursos se aceleró respecto de mayo, indicó el reporte.
Los ingresos tributarios crecieron 26% interanual impulsados por los aportes y contribuciones a la seguridad social (+23%), impuestos a débitos y créditos (52%) y bienes personales (+293%).
También influyó el incremento del resto de tributos ($11.376 millones, 53%), explicado mayormente por el impuesto PAIS (+ $10.681,4 millones).
Las rentas de la propiedad se vieron afectadas por las medidas de alivio financiero para las familias mientras que los recursos de capital muestran una caída sustancial debido a la elevada base de comparación.
En cuanto a las primeras, percibieron una caída de 20,1% interanual debido a la suspensión del pago de las cuotas por créditos otorgados de la ANSES al sector privado.
En cuanto a los segundos, se observó una caída de $50.507 millones (-78%) que se explica por la venta de activos fijos de empresas públicas registrada en junio de 2019 por un monto de $44.596 millones y, en menor medida, por menores recursos disponibles de ANSES para el financiamiento del programa de Reparación Histórica.
Gastos del sector público
En cuanto a las erogaciones del sector público, el gasto primario ascendió a $656.605 millones (+73%).
Este monto es reflejo del sostenimiento de las medidas implementadas por el Poder Ejecutivo Nacional para contener al empleo, la producción y el ingreso de las familias en el marco de la pandemia, además de compensar la caída de recaudación de las administraciones provinciales.
En cuanto a las transferencias corrientes, se registró un incremento interanual de $175.296 millones (+204%), de los cuales $150.241 fueron percibidos por el sector privado.
Costo de la asistencia en pandemia
Las erogaciones en concepto del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) concentraron cerca de $99.750 millones del incremento.
Por su parte, el programa Alimentar registró un incremento de $8.050 millones y las asignaciones en materia de Apoyo al Empleo aumentaron alrededor de $2.950 millones.
En cuanto a las medidas de contención sanitaria, se financiaron erogaciones adicionales de la Superintendencia de Salud y del PAMI por casi $12.500 millones.
En el marco de la emergencia económica y la consecuente contención de las tarifas de los servicios públicos, los subsidios a la energía en junio registraron un incremento interanual de $26.022 (+115%).
Dentro de esta variación, el aumento de la asistencia financiera a CAMMESA representó $17.200 millones.
Respecto de las transferencias al sector público, aquellas con destino en las provincias registraron un incremento de $15.913 millones (+304%).
Este aumento fue explicado por las transferencias a provincias en concepto de convenios especiales ($8.106 millones), erogaciones destinadas a reforzar las cajas previsionales provinciales no transferidas al SIPA ($2.098 millones), refuerzos a hospitales provinciales ($2.088 millones) y la asistencia al Fondo Nacional de Incentivo Docente ($1.722 millones).
En cuanto a las prestaciones a la seguridad social, las mismas totalizaron unos $ 291.375 millones, marcando así un crecimiento interanual de 45,4% producto de lo establecido en el Decreto Nº 163/2020.