Peajes: el Gobierno, a punto de definir el futuro de las concesiones de la Panamericana y Acceso Oeste
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En medio de la causa judicial por supuestas irregularidades en la extensión de los contratos durante la presidencia de Mauricio Macri, el Gobierno dio un paso más en la definición sobre el futuro de Autopistas del Sol (Ausol) y del Grupo Concesionario del Oeste (GCO), como titulares de las concesiones de las principales autopistas de la Argentina.
El Ministerio de Obras Públicas y la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) ya entregaron las conclusiones de una auditoría encargada por la Jefatura de Gabinete con el objetivo de revisar la extensión de ambas concesiones que firmó el gobierno de Cambiemos.
Se trata de los contratos que le permiten a las dos sociedades controladas por Abertis operar el Acceso Norte, las autopistas Panamericana, del Oeste y la Avenida General Paz por otros 12 años.
En 2018, el grupo europeo propiedad de los conglomerados italianos Atlantia y español ACS, selló un acuerdo integral que extendió las concesiones hasta el 31 de diciembre del 2030.
Pero con la llegada del Frente de Todos al gobierno, esos contratos se pusieron bajo investigación por entender que acumulan una importante serie de irregularidades.
Por qué sospecha el Gobierno
Las autoridades entienden que varias de las cláusulas de este contrato son sospechosas, contienen irregularidades o son demasiado ventajosas para los concesionarios en desmedro de los intereses del Estado nacional.
Esto llevó a que se abriera la causa judicial N° 4730/2019, caratulada "Macri, Mauricio y Otros s/ abuso de autoridad y violac, Deb. Func. Púb.", que tramita ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 6, a cargo del Juez Rodolfo Canicoba Corral, Secretaría N° 11.
La denuncia hace referencia a supuestos beneficios otorgados por el gobierno de Cambiemos a Ausol y GCO a partir de que una de las empresas accionistas en ambas sociedades era propiedad de la familia Macri. La demanda se refiere a Sideco, que fue accionista de las dos sociedades hasta mayo del 2017, cuando vendió sus tenencias.
En este marco, hace un par de semanas, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, recibió en su despacho el diagnóstico final elaborado por el ministerio que conduce Gabriel Katopodis y por funcionarios de Vialidad Nacional.
Como la auditoría servirá de base a la determinación final que tomará el Gobierno sobre el futuro de estas concesiones, se guarda bajo siete llaves por orden de Cafiero. De todos modos, el documento ya está también en manos de Alberto Fernández y de otros pocos funcionarios cercanos al Presidente.
"Serán Fernández y Cafiero quienes tendrán la última palabra en este tema y deberán definir cuál será el mejor camino a seguir tanto con Ausol como con GCO", anticipan las fuentes oficiales.
Auditoría y causa penal, en paralelo
Por eso, agregan que a partir de ahora se inicia un proceso de estudio de la auditoría que, por las medidas tomadas para combatir la pandemia del Covid-19, seguramente tendrá otros tiempos a los inicialmente establecidos para conocer el dictamen final sobre el futuro de estas concesiones.
Los tiempos irán casi de manera paralela a los de la causa penal que involucra al ex presidente Macri, a los ex ministros, Guillermo Dietricht y Nicolás Dujovne, y al ex titular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel.
También está procesado el ex presidente de Ausol y GCO y actual director en ambas sociedades, Andrés Barberis Martins, a pesar de que ambas sociedades aseguren que hasta ahora no han sido notificadas sobre ninguna imputación contra el ejecutivo.
Por lo menos así surge de un documento conjunto que las empresas presentaron a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires a fines de junio y en el que aseguran haber pedido al juzgado tomar vista de la causa y haber puesto de manifiesto "la voluntad de colaborar con la investigación, aportando todos los elementos y documentación que obra en nuestro poder, habida cuenta que el contrato de concesión que sería objeto de la denuncia que dio inicio a la misma, fue suscripto hace ya 27 años y se han suscitado muchas incidencias durante su vigencia".
Según las compañías, no se les fue otorgado el pedido de vista y acceso a las actuaciones y, por el contrario, Canicoba Corral ordenó en febrero pasado allanamientos a las oficinas administrativas del grupo.
En el caso de Barberis, ha sido llamado a indagatoria pero hasta ahora el Juzgado no estableció una fecha formal para cumplir con esta convocatoria, ni dio a conocer cuáles serían los hechos a imputar, ni las pruebas existentes.
"Tal como ha hecho desde su presentación inicial en marzo pasado, se insistirá en conocer los hechos y las pruebas vedadas hasta el presente, para formular todas las aclaraciones que correspondan", argumentan desde Ausol y GCO.
Agregan que Barberis ha ofrecido aportar la documentación y las explicaciones que puedan ser necesarias con el objeto de clarificar las cuestiones que son objeto de investigación.
"Por lo tanto, ya se encuentra a derecho y prestará toda la colaboración a su alcance a fin de que se desestime cualquier imputación que pueda hacerse", señalan.
Pero más allá de esta postura, tanto el máximo ejecutivo de Ausol y GCO como los ex funcionarios están imputados en la investigación que lleva adelante Canicoba Corral, quien a partir del mes próximo deberá ser reemplazado por otro juez, tanto en este caso como en los otros que se encuentran bajo la órbita de su juzgado.
En el Gobierno aclaran que, de todos modos, habrá una decisión final que estará más ligada a la conveniencia política que a los datos objetivos tanto de las auditorias oficiales como la del posible fallo judicial.
Se evalúa que la determinación recién se daría a conocer cuando los efectos del coronavirus sobre la sociedad y la economía se disipen y permitan retomar en parte la agenda de temas de gobierno que el propio Fernández había marcado tras su llegada a la Casa Rosada, el pasado 10 de diciembre.
Qué alternativas evalúa el Gobierno
En este marco, las opciones oscilan entre obligar a Ausol y GCO a firmar un nuevo contrato de concesión diametralmente opuesto al que acordaron con Macri. Pero también se baraja la posibilidad de rescindir las concesiones y estatizar el control de las rutas a cargo de ambas sociedades.
Tanto en Ausol como en GCO rechazan la investigación argumentando que los contratos firmados en el 2018 marcaron la confección del nuevo Acuerdo Integral de Renegociación implicó el cumplimiento por parte del Estado Nacional de un compromiso que se había asumido por Decreto PEN NO 296/2006 que obligaba a la concreción de una instancia de revisión integral y la recomposición definitiva del acuerdo para antes del 30 de junio del 2006.
Para los responsables de ambas sociedades, la denuncia que dio origen a la formación de la causa judicial, incluye un conjunto de alegaciones referidas al Acuerdo Integral de Renegociación Contractual del 2018 "que no se condicen con la realidad y que están en pugna con las propias constancias de las actuaciones administrativas correspondientes y con datos obrantes en documentos oficiales y de acceso público".
Ambas compañías defienden el acuerdo firmado con Macri y que establece un plan de inversiones por más de $16.500 millones para mejorar las rutas; las obliga a desistir de un juicio por u$s1.135 millones ante el Ciadi. A cambio, el Estado nacional les reconoce una millonaria suma por obras anteriores cercana a los u$s1.100 millones, de los cuales no pudieron recuperar u$s539 millones durante los años del gobierno kirchnerista, cuando la renegociación de la concesión estuvo congelada.
El contrato ahora cuestionado también le permite a las empresas cambios en la forma de subir las tarifas de los peajes, que volvieron a tener un componente dolarizado, y les otorgar aumentos una sola vez al año pero con actualizaciones adicionales aplicando el llamado CER, cuando la variación computada desde el último aumento supere el 10%.
En realidad, el decreto estableció cambios en la forma de subir las tarifas de los peajes, que volvían a tener un componente dolarizado a la hora de actualizarla y otorgar incrementos semestrales que reflejen la incidencia en el plan económico financiero y de la tasa interna de retorno de las empresas concesionarias.
Se eliminó además el llamado Recurso de Afectación Específica (RAE) que fue creado para que parte de lo recaudado por peajes pasara a formar un fondo para financiar obras, dinero que Macri le cedió a las concesionarias.
Desde el Gobierno la situación se analiza bajo otra mirada, más crítica. Como ejemplos de irregularidades, se hace referencia a la millonaria deuda que los grupos le reclaman al Estado por casi u$s500 millones "que para nosotros no tiene explicación razonable".
También se critica a eliminación del tiempo de espera para abrir las barreras durante un momento de congestión. "Es otro mimo millonario que se les entregó a las concesionarias que no tiene lógica", advierten los funcionarios.
Agregan que el sistema para aumentar las tarifas también favorece a las empresas mediante la fórmula de readecuación elegida y por la cual, si en la actualidad los peajes no estuvieran congelados, el costo para los automovilistas sería casi impagable.