Caso testigo: LATAM ratificó que se va del país y busca reducir un 75% las indemnizaciones

El cierre de LATAM se convirtió en un caso testigo en el sector privado. Por estas horas, la negociación con los gremios aeronáuticos es seguida con atención en el mundo de los negocios, porque el Gobierno deberá definir cómo procede ante el cese de operaciones por parte de la compañía y su intención de reducir un 75% las indemnizaciones, una propuesta que choca con la prohibición vigente de los despidos por fuerza mayor o disminución de trabajo y que implica un monto muy inferior a la doble indemnización.

Los representantes del holding ratificaron este miércoles su decisión de salir del país y de proceder al despido de sus 1.715 empleados en Argentina una vez concluida la instancia administrativa. Fue durante la primera audiencia de conciliación en el Ministerio de Trabajo luego de solicitar el 17 de junio pasado el inicio de un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPCE) solicitado por la compañía el pasado 17 de junio. "Los gremios tenían una lectura errónea de que acá se estaba negociando algo, esta va a llevar meses", señalaron fuentes de la empresa.

Pelea por las indemnizaciones

En un comunicado, LATAM señaló que "el Procedimiento Preventivo de Crisis solicitado es la vía legal que corresponde para avanzar con la disolución de los vínculos laborales actuales".

Recordó que ya puso a disposición retiros voluntarios que habían sido aceptados por unos 200 empleados y afirmó que "una vez finalizada esta instancia administrativa, LATAM Airlines Argentina se encuentra legitimada para proceder con la extinción de los vínculos laborales en los términos dispuestos por el Art. 247 de la Ley de Contrato de Trabajo".

La partida de la línea aérea dejará más de 1.700 despidos.

Pero los sindicatos de pilotos (APLA), técnicos (APTA), personal de tierra (APA) y personal superior (UPSA) volvieron a rechazar los retiros voluntarios ofrecidos por la empresa por algo más que el 100%, y exigieron el pago íntegro de las indemnizaciones así como los salarios adeudados tras sufrir unilaterales del 50% sobre los sueldos.

Además, solicitaron a la cartera laboral encabezada por Claudio Moroni que no acepte el PPCE presentado por la aerolíneas por considerarlo irregular. "Si se quieren ir, que paguen todo o convoquen a concurso de acreedores", señaló una fuente sindical.

El Procedimiento Preventivo de Crisis, en discusión

El Procedimiento Preventivo de Crisis es un recurso previsto por la Ley de Empleo 24.013 que permite a las empresas suspender o despedir personal ante una disminución del trabajo por fuerza mayor o por causas no imputables al empleador.

En ese marco, se habilita una negociación con los gremios para efectuar cambios en la modalidad de trabajo y el pago del 50% de la indemnización por despido. Las firmas a su vez deben acreditar su situación crítica y presentar balances contables. Y el Estado asegura el sostenimiento de la actividad, algo que no sería el planteo de LATAM.

Moroni, ministro de Trabajo. El Gobierno deberá decidir si es aceptable el PPCE que propone Latam.

Así las cosas, Moroni deberá dictaminar si aprueba la apertura del procedimiento. En su presentación formal, el holding propuso pagar el 50% de las indemnizaciones sobre el 100% de los salarios, lo que equivale a un 25% del total que le correspondería abonar teniendo en cuenta la vigencia del decreto que establece un resarcimiento del 200%.

Es decir, que si Trabajo aprueba el PPCE la empresa se ahorraría un costo del 75%, sumado a la mitad de los salarios adeudados que reclaman los sindicatos. "Si tuviesen que pagar $100 millones, quieren pagar $25 millones", graficó un sindicalista.

Luego de recibir subsidios para el pago de los salarios mediante el programa ATP, incluidos los de sus ejecutivos, la compañía alegó la imposibilidad de sostener sus operaciones por un mix de devaluación, inflación y ventajas por parte de la administración anterior a las líneas "low cost", a la vez que apuntó contra los gremios.

En ese marco, inició un plan de reestructuración global, solicitó subsidios en diferentes países de la región y presentó la quiebra de varias de sus filiales en Estados Unidos.

El holding también anunció el despido de 5.000 empleados. En Paraguay, por caso, los empleados aceptaron una rebaja salarial del 50% con condición de que se mantuvieran las operaciones. Pero luego fueron igualmente desvinculados, por lo que recibieron una indemnización reducida. Los sindicatos en Argentina creen que eso es lo que ocurrirá si el Ministerio de Trabajo acepta el PPCE.