Qué hay detrás de la guerra que podría dejar a las góndolas sin yerba en plena cuarentena

La pelea se regenera cada vez que hay precios congelados. Y se recalienta tanto que esas tensiones desembocan en amenazas de faltantes en las góndolas de los supermercados, y el Gobierno se ve obligado a tomar medidas extremas para evitarlo. Es lo que está sucediendo, en estos momentos, en el siempre sensible mercado de la yerba.

En esa verdadera guerra comercial intervienen todos los actores imaginables: desde los productores y la industria molinera y el sector de la logística, pero también el poder público. A la contienda se suben mandatarios provinciales y el gobierno nacional, a través del ministro de Desarrollo Productivo, Matìas Kulfas.

A tal punto suben las tensiones que el propio Kulfas ya advirtió que, de no mediar un acuerdo en el sector privado, que adhiera a la política de precios regulados que está implementando desde su cartera, entonces se vería obligado a imponer la Ley de Abastecimiento, que incluye serias penalidades para empresarios y productores.

Un conflicto puede provocar escasez de yerba mate

De fondo, la pelea comercial se origina en la intención de la industria yerbatera de las provincias de Misiones y de Corrientes de aplicar aumentos superiores al 20% en los paquetes de yerbas que se venden en los supermercados. Algo que para el Gobierno resulta inadmisible, en el marco de sus programas de Precios Máximos y Precios Cuidados.

El contexto es singular, a la vez que complicado: durante la cuarentena, el consumo de yerba se encuentra en niveles récord, al tiempo que también vienen creciendo las exportaciones -a un ritmo del 20%-, con lo cual convirtió a ese rubro como uno de los pocos que lograron el doble efecto durante esta crisis histórica.

La distorsión en el mercado aparece en el inicio de la cadena: hoy en día, los productores rechazan cobrar menos de $35 por cada kilo de hoja verde. Se trata de $15 por encima de los $20 que está marcado en la regulación.

Los productores rechazan ese monto ya que -argumentan- fue lo que aceptaron los industriales para presionar a la baja el precio que ellos les pagan a los productores.

¿Se aplica la ley de Abastecimiento?

Frente a este desfase entre lo que figura como costos y lo que realmente se pacta en el mercado, el ministro Kulfas encabezó una videoconferencia en la que también participaron el gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad; el ministro del Agro y la Producción,  el titular de la Cámara de Molineros de la Zona Productora, Víctor Saguier Sebastián Oriozabala; y el presidente del Inym (Instituto de la Yerba Mate), Juan José Szychowski.

Ahí quedó claro que el Gobierno podría avanzar en la aplicación de la Ley de Abastecimiento si se constatan faltantes y presiones para un aumento en los precios de los paquetes de yerbas que se venden en los comercios. En los despachos oficiales también analizan ponerle un freno a las exportaciones, si continúan los problemas.

El ministro Kulfas encabezó una videoconferencia frente al desfase de lo que figura como costos y lo que realmente se pacta en el mercado

Es lo que viene sucediendo: los faltantes fueron explicados por los productores como una caída en la producción por las heladas durante la última campaña. Pero esa versión es desestimada por los funcionarios.

"Es un conflicto bastante complejo porque involucra a toda la cadena yerbatera. Es decir, a los sectores industriales, cooperativistas, productores y tareferos", dijo el gobernador Herrera Ahuad después del encuentro virtual.

De acuerdo al diario misionero El Territorio, el sector de los secadores de yerba también se sumaron a los reclamos: no quieren convertirse en "la variable de ajuste para evitar trasladar incrementos a los consumidores". Para ellos, la verdad es otra, y tiene que ver con la escasez de materia prima para abastecer a la creciente demanda de la infusión, en medio de la cuarentena.

La situación debería definirse en las próximas horas: el Gobierno tiene previsto el relanzamiento de la lista de Precios Cuidados. Allí se aceptaría un ajuste en los precios de los alimentos, nunca superior al 8% o 9%, bien por debajo a lo que están reclamando los distintos eslabones de la cadena yerbatera.