Qué lugar ocupa la Argentina en el ranking de países con mayor derrumbe industrial
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Además de ser el país donde más crecerá la pobreza y que tendrá la peor contracción económica a partir de la pandemia del Covid.19, la Argentina es uno de los dos países de mayor derrumbe industrial de América latina.
Con una caída del 13,5% durante el primer cuatrimestre del año, es solamente superado por Perú, que lidera el ranking con un 21,4%, mientras que en tercer lugar se ubica México con el 10,9%, según se observa en un informe que acaba de divulgar la Comisión Económica para América latina y el Caribe (CEPAL).
El documento asegura que la crisis económica derivada de la pandemia ha llevado a la suspensión total o parcial de las actividades productivas e identifica tres grupos más o menos afectados, según la magnitud de los efectos de la crisis (fuertes, significativos y moderados).
Los sectores con mayores problemas son el comercio mayorista y minorista; las actividades comunitarias sociales y personales; hoteles y restaurantes; actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, y las manufacturas.
"Si no se implementan políticas adecuadas para fortalecer esas ramas productivas, existe una elevada probabilidad de que se genere un cambio estructural regresivo que conduciría a la reprimarización de las economías de la región", advirtió Alicia Bárcena, secretaria Ejecutiva de la CEPAL, en la presentación del informe.
Empresas: dificultad para mantener la actividad
Se advierte también que la gran mayoría de las empresas de la región registra importantes caídas de sus ingresos y dificultades para mantener sus actividades; tienen serios problemas para cumplir con sus obligaciones salariales y financieras, y dificultades para acceder a financiamiento para capital de trabajo. De acuerdo con información recopilada hasta la primera semana de junio, el impacto ha sido mucho mayor en el caso de las microempresas y las pymes (mipymes).
En el documento, el organismo internacional destacan las fuertes caídas locales de varios sectores productivos como el automotriz, con un 40,4%; autopartes, con 37,8%; motos, con 56,2; equipos eléctricos, con 41,6%, entre otros.
Y da cuenta también de que los fondos utilizados para auxiliar a estos sectores son escasos, alcanzando nada más que al 1,6% del PBI, a diferencia de otros países como Honduras, Panamá, Bolivia, México, Brasil, Paraguay, Costa Rica, Uruguay, Perú, Colombia y Chile que oscilan entre el 2% y el 11,4%.
Es incluso, menor al promedio de la región que se ubica en el 4% del PBI, según los datos recolectados por el Observatorio COVID-19 de la CEPAL.
Las referencias a la Argentina están incluidas en un informe mucho mayor que el ente redactó para analizar las consecuencias económicas de las medidas sanitarias impuestas contra la propagación del coronavirus.
Según el organismo, los principales efectos que estas medidas están generando tanto en la Argentina como en el resto de la región son la suspensión cadenas de producción y de la actividad productiva.
También la contracción de las inversiones; una alta incertidumbre; reducción del consumo y cierre de empresas, además de un crecimiento de la informalidad económica.
Cierre de empresas: el pronóstico de la CEPAL
La CEPAL estima que en América latina se cerrarán 2,7 millones de empresas, de las cuales 2,6 millones son microempresas, y se perderán 8,5 millones de puestos de trabajo por esta crisis durante los próximos seis meses.
Como ocurre en la Argentina, los sectores más afectados en toda la región son el comercio, donde se perderán 1,4 millones de empresas y 4 millones de trabajos; el turismo, con 290.000 empresas menos y una pérdida de un millón de puestos de trabajo formales en hoteles y restaurantes.
"La crisis golpea a una estructura productiva y empresarial débil, genera un riesgo de cambio estructural regresivo y hace que las políticas anunciadas sean importantes, pero insuficientes", detalla el documento.
Con respecto a las medidas tomadas para mitigar la crisis, la CEPAL advierte que tanto el gobierno argentino como los del resto de América latina suponen que las empresas generarán utilidades con las que devolverían los créditos y pagarían los impuestos diferidos y otras deudas, cuando las perspectivas económicas no indican que eso sucederá por sí solo en un par de años".
Ante esta situación, la CEPAL enfatiza la necesidad de dar una respuesta a gran escala para evitar la destrucción de capacidades productivas durante los próximos meses que podrían salvar empresas y empleos:
1) Extender los plazos de las medidas de apoyo a liquidez y al acceso al crédito.
2) Cofinanciamiento de nóminas salariales.
3) Transferencias en efectivo a trabajadores autónomos.
4) Apoyo a empresas de todo tamaño.
En particular, la CEPAL promueve la posibilidad de que el Estado participe en la recapitalización de grandes empresas de sectores estratégicos.
También reclama la postergación o cancelación de los pagos de impuestos; imposiciones previsionales y contribuciones o adelanto de las devoluciones de impuestos por lo menos hasta finales de año, así como la suspensión del pago de los servicios de luz, internet y gas.
Añade la flexibilización de las condiciones de crédito aumentando los períodos de gracia a por lo menos un año y los plazos a cinco años o más, junto con reforzar las operaciones de crédito mediante la banca de desarrollo
El ente regional agrega la necesidad de evitar despidos; entregar subsidios de salarios y aportes patronales; reducción de las jornadas de trabajo y flexibilización laboral.
Otras propuestas son el fomento a la producción interna de bienes y servicios esenciales en la emergencia e incrementar la actividad exportadora, entre otras.
Asimismo, la Comisión resalta que es necesario tener en cuenta el rol que juegan las grandes empresas, ya que proveen el 39% del empleo formal y más del 90% de las exportaciones.
En este ámbito, también es relevante aumentar la eficiencia, transparencia y regulación de los mercados de capitales.
Estas propuestas complementan a las ya anunciadas por la CEPAL como la entrega de un ingreso básico de emergencia (BEI) equivalente al valor de una línea regional de pobreza por seis meses a toda la población de América Latina y el Caribe en situación de pobreza, y la provisión de un bono contra el hambre equivalente al 70% de la línea de pobreza extrema regional.