Tensión por los precios congelados, ¿pueden faltar productos?: esto advierten empresarios
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Después de enterarse, por los medios, de que el programa de Precios Máximos se prorroga por otros dos meses, las empresas productoras de alimentos y las grandes cadenas de retail saben que les será difícil seguir sosteniendo los actuales niveles de abastecimiento al público.
En el sector de la alimentación ya se descuenta que habrá góndolas todavía con más espacio que en la actualidad como consecuencia de la menor "dedicación" en abastecer a los consumidores de los casi 2.300 productos de almacén, higiene y salud que tienen sus precios congelados desde el 6 de marzo pasado y que ahora mantendrán los mismos valores por lo menos hasta principios de septiembre próximo.
Las grandes productoras amenazan con orientar la mayor parte de sus esfuerzos hacia los productos con mayor rentabilidad y que no están alcanzados en ese listado impuesto por el Gobierno para regular los incrementos mientras duren las medidas de aislamiento social para combatir la pandemia del Covid-19.
Alimentos: alertan por costos atrasados
Aseguran que el retraso en los costos ya supera ampliamente el 30% ya que tienen en cuenta que, además de este congelamiento que ahora regirá por otros 60 días, la industria acumulaba desde el año pasado un retraso producto de la recesión que venía atravesando la economía y que impedía trasladar las subas de costos al precio de los alimentos.
Y agregan que la pandemia trajo aparejados gastos adicionales que en la actualidad no se ven reflejados en los valores finales. Se refieren a costos vinculados a la puesta en marcha de protocolos especiales; reposición de personal exceptuado para trabajar durante la cuarentena; bonos y cuotas de paritarias y la devaluación del tipo de cambio oficial, entre otros.
De hecho, durante estos días las principales compañías del sector les acercaron a las autoridades del Ministerio de Desarrollo Productivo trabajos donde se detallan las estructuras de sus costos y la evolución en los valores de los insumos que deben utilizar para producir.
Lo hicieron a pedido del propio ministerio que comanda Matías Kulfas y de la Secretaría de Comercio Interior que dirige Paula Español.
El objetivo de estos trabajos era convencer a los funcionarios de la necesidad de aplicar retoques en los precios como forma de compensar en parte el desfasaje que se viene dando entre los cada vez más elevados costos de producción y el valor de los alimentos en las góndolas.
No tuvieron suerte. Ni siquiera sirvieron los pedidos de reuniones virtuales y físicas que hizo Daniel Funes de Rioja, titular de la Copal, la cámara empresaria que agrupa a las alimenticias argentinas.
El dirigente empresarial no logró conversar con las autoridades para expresar su opinión con respecto a la continuidad del programa de Precios Máximos como tampoco del de Precios Cuidados que también seguirá sin cambios por otros dos meses.
Precios congelados: en qué se basa la decisión oficial
La decisión oficial fue sostener por otro período el congelamiento de precios por entenderse que no están dadas las condiciones para permitir aumentos en medio de una economía en plena destrucción, con datos de caídas de producción que asustan, con miles de trabajadores en riesgo y con el poder adquisitivo de los consumidores cada vez más limitado.
El mensaje se alinea con la premisa presidencial de privilegiar la salud por sobre lo demás. "No hay margen para subas mientras dure la cuarentena y se deban adoptar medidas sanitarias que generen consecuencias negativas en la economía", es la frase que deslizan desde la Casa de Gobierno para bloquear cualquier pedido de aumento no sólo en alimentos, sino también en las tarifas de los servicios públicos y de otros rubros como la telefonía, Internet y televisión por cable, que también mantienen sus tarifas bajo un estricto cepo de precios.
En el caso de los alimentos, la medida también genera rispideces entre los productores y las principales cadenas de retail y de supermercados, que se suman a las ya generadas por la fragilidad de la cadena de pagos de un sector que, si bien nunca paró sus actividades, también evidencia síntomas de recesión y de fuerte caída en sus volúmenes de venta.
Ocurre que los fabricantes reducen o directamente eliminan las bonificaciones que habitualmente discuten con sus clientes para forzar aumentos encubiertos en los precios que finalmente no podrán ser avalados en las góndolas por falta de autorización oficial.
Así vino ocurriendo en las últimas semanas, cuando circularon hasta 60 listas de precios diferentes entre proveedores y supermercados, con aumentos que rondaban el 15% para algunos alimentos como yerbas, harinas, fideos, azúcar y aceites.
Una situación que no es nueva y que en el sector anticipan que terminará como de costumbre. Es decir, con desabastecimiento o faltante de productos, a pesar de que desde la Secretaría de Comercio Interior se prometen sanciones a empresas y cadenas que lleven a cabo estas políticas sin justificaciones que validen esos menores niveles de producción.
No hubo forma que los equipos técnicos de este ente oficial aceptaran los reclamos empresarios que hasta ofrecieron poner en marcha un esquema gradual de traslado de esos gastos a los precios para evitar un fuerte impacto entre los consumidores.
En este sentido, fuentes oficiales dejaron una puerta abierta a futuros retoques si las empresas pueden justificar los pedidos, aunque en el sector se asegura que por los próximos 30 días no habrá chances de convertir esta promesa en realidad.
Para el futuro, todo dependerá de las medidas que se sigan aplicando contra el coronavirus y de las decisiones que el Gobierno tome para reactivar la economía en el marco de la llamada "nueva realidad" que se pondrá en marcha en el país una vez que el virus permita liberar el cepo sanitario.