¿Habrá expropiación de Vicentin?: reunión cumbre para definir el futuro de la cerealera
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Después de las fuertes críticas que generó en casi todo el sector empresario del país, de los cuestionamientos políticos lanzados por la oposición y del rechazo demostrado por la sociedad santafesina, y también a partir de los cacerolazos escuchados en la noche de este miércoles en la Capital Federal, ahora el Gobierno podría dar marcha atrás con la expropiación de Vicentin.
La decisión sería tomada después de un encuentro que mantendrá el presidente Alberto Fernández con cuatro de los principales ejecutivos de la compañía y en el que se analizarán diferentes variantes para mantener el rescate de la empresa pero sin llegar al objetivo inicial de estatizar su capital accionario.
La cita está pactada para este jueves 11 de junio en la Casa de Gobierno, adonde llegará Sergio Nardelli, CEO de Vicentin, y otros tres integrantes del directorio de la oleaginosa para reunirse con el Presidente aunque también podrían ser de la partida el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.
Según supo iProfesional, en el encuentro se intentará acordar el blindaje accionario de Vicentin para evitar el ingreso de capitales extranjeros. Es que la empresa, con sede en la localidad santafesina de Avellaneda es la única de origen nacional en este sector.
Vicentin: qué papel quedaría para YPF Agro
También se estudiarán fórmulas posibles para el ingreso de YPF Agro en el capital de la firma, así como las cooperativas agropecuarias locales proveedoras de los granos que Vicentin compra y luego procesa.
En este caso, la fórmula elegida sería que la familia dueña de la cerealera le vendería la mayoría de sus accones a YPF Agro que a su vez se independizaría de la petrolera estatal, y a la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), el principal acreedor privado que reclama u$s350 millones y que podría capitalizar esa deuda.
Pero esta posibilidad solamente queda enmarcada en Vicentin SAIC, la cerealera, y no por el resto de las empresas que conforman el holding familiar que también incluye activos en otros sectores productivos.
Se trata de una propuesta que ya se venía conversando antes de la abrupta e inesperada irrupción del proyecto impulsado por la agrupación política La Cámpora para que el Estado nacional se haga cargo de la totalidad de las actividades de la compañía.
Propuesta que fue anunciada durante la conferencia de prensa que encabezó el lunes pasado Alberto Fernández, el ministro Kulfas, la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti y el interventor designado, Gabriel Delgado.
Ahora, se daría marcha atrás con todo lo avanzado, pese al costo político que el propio Alberto Fernández deberá pagar por el cambio de rumbo y por modificar un proyecto nacido en el seno del kirchnerismo puro.
Por qué cambió la postura de Fernández
El revuelo interno que la iniciativa generó entre los socios políticos del Frente de Todos, y ciertos errores en la búsqueda de las leyes con las que se intentó respaldar la expropiación, terminaron por convencer al Jefe de Estado para buscar otra salida.
Más que nada si se tiene en cuenta que, en el DNU preparado para enviar al Congreso, la estatización invoca los artículos 57, 59 y 60 de la Ley 21499, que fue votada durante la dictadura militar de Jorge Rafael Videla.
De todos modos, de las negociaciones surge que también se mantendría la intervención oficial designada y en manos de Gabriel Delgado, ex secretario de Agricultura durante la última etapa del anterior gobierno de Cristina Kirchner.
Fuentes oficiales aseguran que el interventor sería respaldado por el juez que tiene a cargo el concurso preventivo de acreedores de Vicentin, quien lo nombraría por un lapso de 60 días.
En ese período, Delgado debería iniciar una investigación y elaborar un informe sobre el estado financiero y comercial de Vicentin que sería determinante para definir el futuro de la cerealera.
De esta forma, se podría descomprimir el escenario crítico que disparó la expropiación de Vicentin, incluso en sectores del propio gobierno nacional y más allá de las críticas impulsadas desde la oposición de Cambiemos.
La nueva propuesta habilita una línea de diálogo con la empresa que no existía hasta este momento al punto que los dueños de Vicentin se enteraron de la iniciativa oficial por los medios.
Se trata de una fórmula elegida por las autoridades para frenar el creciente rechazo social, político y empresario que la supuesta estatización de la compañía generó, incluso en Santa Fe y en el propio seno del gobierno que en esa provincia comanda Omar Perotti.
Si bien en un primer momento, el dirigente peronista respaldó el proyecto, con el correr de las horas se fue alineando con quienes se oponen a la medida, incluso en parte de su propio gabinete, además de la oposición provincial, los productores agropecuarios y los trabajadores de la empresa agroexportadora.
La voz oficial que desde un principio rechazó esta propuesta fue la de Daniel Costamagna, ministro de Producción provincial, para quien "es necesario encontrar una salida de consenso y no de confrontación".
De hecho, el funcionario venía encabezando las negociaciones que el gobierno de Perotti encaró para encontrar una solución a la crisis de Vicentin. El objetivo era el de preservar los empleos y pagarle a los productores, cooperativas y acopiadores que proveían a la cerealera actualmente en default y con la necesidad de renegociar una deuda por u$s1.300 millones, de la cual la mayor parte está en manos del Banco Nación.