Ante la crisis, las pymes proponen no pagar alquileres ni servicios al menos hasta octubre
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En el medio de la crisis provocada por la pandemia del coronavirus y la consecuente cuarentena obligatoria impuesta por el Gobierno para evitar propagar la enfermedad, el Movimiento de Pequeñas y Medianas Empresas (Mopyme) pidió suspender el cobro de alquileres y de servicios para "garantizar la supervivencia" de los comercios.
Lo hizo a través de cartas dirigidas al presidente Alberto Fernández, a la vicepresidenta Cristina Kirchner y al titular de la cámara de Diputados, Sergio Massa.
Además, reclamaron que se suspendan los pedidos de quiebra y que por un año, queden frenados los juicios laborales, como parte del paquete para considerar la situación crítica de la actividad comercial.
En el caso de los alquileres, indicaron que se excluirá de la suspensión de pago a "aquellos propietarios que acrediten debidamente que dependen de esa renta para cubrir sus necesidades básicas o las de su grupo familiar".
"Los alquileres son, junto con los salarios, el costo más significativo que debe afrontar cualquier emprendimiento y hoy son impagables", indicó el titular del Mopyme, Cristian Caram.
El titular de Mopyme destacó que "el Estado no puede reemplazar al sector privado durante un período prolongado como el que se va a necesitar".
Según planteó Caram, "muchas empresas o actividades comerciales ya hayan cerrado o estén en vías de hacerlo. Se calcula que son 100.000 las empresas que están en esa situación" a partir del relevamiento del Movimiento que nuclea a micro, pequeñas, medianas empresas, profesionales, comerciantes y trabajadores independientes y autónomos, lo que se denomina el "ecosistema PyME".
Cuáles son las medidas propuestas para salvar a las pymes
El Movimiento planteó cuatro puntos centrales para sostener a los sectores que tienen dificultades, excluyendo a las actividades exceptuadas
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- La suspensión total del pago de alquileres de los inmuebles destinados a uso comercial hasta el 30 de septiembre.
- La eximición total de pago del pago de servicios públicos (electricidad, gas y agua) hasta el 30 de septiembre. Aseguran que ni siquiera puedan afrontar los cargos fijos
- Un paraguas a los pedidos de quiebras por parte de cualquier tipo de acreedor, durante un año
- La suspensión por un año de la ejecución de cualquier sentencia por juicios laborales.
De esta forma, debido a la caída de ingresos por el cierre de comercios e industrias como consecuencia de la pandemia de coronavirus llevó a entidades que agrupan a las pequeñas y medianas empresas a enviarle propuestas al Gobierno que incluyen la suspensión de los pedidos de quiebra por un año, así como las ejecuciones de juicios laborales y un pedido también para suspender el cobro de alquileres y servicios por seis meses.
Las propuestas del Movimiento de Pequeñas y Medianas Empresas (MoPyME), que dirige Cristian Caram, pretenden que las firmas puedan "sobrellevar este periodo y tratar de garantizar su supervivencia, en un contexto de crisis ocasionado por el COVID-19 y agravado por las restricciones extremas de la cuarentena, sobretodo en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA)", indicó el diario Perfil.
En ese sentido, Caram dijo que "suponer que todo puede resolverse con más aportes del Estado durante los meses que falten es demencial. No hay manera de que sea suficiente. La emisión monetaria debería ser enorme para compensarlo. Por eso apostamos a que se puedan hacer acuerdos entre privados. Ahí lo que se necesita legislación"
Para la entidad, si bien la cuarentena "ha demostrado resultados satisfactorios para combatir el virus", casi 75 días después, la suspensión de las actividades económicas y productivas "genera que los recursos para la vida diaria se vayan agotando y que muchas empresas o actividades comerciales ya hayan cerrado o estén en vías de hacerlo". Los datos del Observatorio Pyme calculan que son 100.000 las empresas que están en esa situación.
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Puntos de la propuesta
La propuesta contempla la suspensión total del pago de alquileres de los inmuebles destinados a uso comercial hasta el 30 de septiembre, agrega el matutino.
"Excluyendo a aquellos propietarios que acrediten debidamente que dependen de esa renta para cubrir sus necesidades básicas o las de su grupo familiar", aclara Mopyme.
"Los alquileres son, junto con los salarios, el costo más significativo que debe afrontar cualquier emprendimiento y hoy son impagables", agregan. Para Caram, "no todos los propietarios de los locales entienden que es mejor un mal acuerdo, que sólo le paguen los gastos del mes. ¿A quién le van a alquilar el local, sino?".
El segundo eje es "eximir de forma total el pago de servicios públicos (electricidad, gas y agua)" también por seis meses. "Más allá de los abusos de las empresas proveedoras, que los sigue habiendo, aún sin ellos los cargos fijos no pueden afrontarse", remarcaron.
También apunta a la suspensión de los pedidos de quiebras por parte de cualquier tipo de acreedor, durante un año. "Apenas reabra la Justicia, habrá un aluvión de quiebras sino se instrumenta esta medida porque la cesación de pagos es generalizada", remarcó Caram.
El último punto es la suspensión, también por un año, de la ejecución de cualquier sentencia por juicios laborales. "Si en medio de esta tragedia recae sobre cualquier emprendimiento comercial la sentencia de un juicio laboral, todos los otros esfuerzos que se hacen para evitar los cierres habrán sido en vano", argumenta la entidad.
Proyectos en el Congreso
Con la firma de los diputados Luis Di Giacomo, Pablo Ansaloni, José Luis Ramón, Antonio Carambia, Flavia Morales, Ricardo Wellbach y Diego Sartori, del interbloque provincial Unidad Federal para el Desarrollo, tomó estado parlamentario un proyecto de ley sobre la emergencia para los deudores en insolvencia y que también propone cambios fundamentales para la ley de concursos y quiebras actualmente vigente.
Es un objetivo central de la iniciativa "preservar el giro económico de los individuos y empresas, su nivel de actividad y el valor de sus activos, a la vez que se mantienen las fuentes de trabajo y de tributación y se atenúa el impacto de la crisis en la cadena de pagos".
El proyecto corre por varios ejes: por un lado, propicia medidas de poder de policía de emergencia, transitorias y por medio de las cuales el Estado nacional busca aliviar y apoyar la situación de los deudores en insolvencia.
Entre otras, alargue de los plazos de sus concursos en trámite o por tramitarse, y permitiendo "re-concursar" el pasivo post-concursal, dado que era imprevisto que quienes están transitando su concurso o cumpliendo un acuerdo se tuvieran que enfrentar el panorama del coronavirus.
También se suspende la indelegabilidad de funciones de aquellos funcionarios (síndicos, martilleros) que se ven imposibilitados de cumplir personalmente su labor, atento a las medidas sanitarias que restringen la libre circulación de las personas.
El proyecto del diputado Calos Selva trata la cuestión de la emergencia, pero no el régimen especial para "pequeños deudores" y otros cambios a la normativa de fondo
Un previo proyecto del diputado mendocino José Ramón se refiere al caso de los consumidores insolventes, mientras que el actual proyecto abarca a muchos otros casos de "pequeños deudores", lo cual podría dar lugar a que se lo absorba o se lo deje como un estatuto especial para consumidores.
La iniciativa de la senadora Carmen Crexell se refiere al Acuerdo Preventivo Extrajudicial.
El proyecto de la bancada de Juntos por el Cambio plantea un Procedimiento de Reestructuración Empresarial Simplificada, pero no se refiere al caso de los pequeños deudores. Trata la cuestión del acceso al crédito por parte de los concursados y un fondo de garantías.