Empresarios piden al Gobierno un "paraguas" legal para poder aplicar recortes de sueldos

El Gobierno quedó envuelto en un fuego cruzado por el freno de las negociaciones para acordar rebajas salariales de hasta el 50%. 

Con la puesta en marcha del programa oficial para financiar la mitad de los salarios privados (ATP) previsto en el DNU 376, la CGT empezó a exigir el pago de la totalidad de las remuneraciones y los empresarios ahora reclaman un "paraguas" legal para eludir a los sindicatos. 

La idea es que, mediante un decreto o una resolución con fuerza de ley, se defina un régimen general de "compensaciones" inferiores a los salarios para los trabajadores inactivos, sin necesidad de contar con un aval gremial previo. De lo contrario, los CEOs advierten por lo bajo que se viene una tormenta laboral.

La Unión Industrial Argentina (UIA) lo planteó en la última reunión del comité de crisis, conformado por representantes del Ejecutivo, de la cúpula de la central obrera y de la entidad fabril. Y ayer por la tarde sus directivos afinaron los detalles de su propuesta en un encuentro virtual, en medio del malestar por la exclusión de casi la mitad de las 426.000 empresas inscriptas para recibir la asistencia estatal.

"Se está discutiendo poner un paraguas tratando de diferenciar entre la gente que trabaja y la que no trabaja, porque después que salgamos de cuarentena el mercado se va a caer terriblemente y hay que ver cómo mantener los puestos", explicó a iProfesional un miembro del comité ejecutivo.

Vuelven las tensiones

En los hechos, el planteo de los industriales implica una reformulación del esquema de emergencia laboral dispuesto por el Gobierno. A través del DNU 329, las autoridades prohibieron a principios de abril los despidos y suspensiones unilaterales y autorizaron negociaciones con los sindicatos para acordar licenciamientos con reducciones salariales, una modalidad contemplada por el artículo 223 bis.

Así se buscó contener la ola de cesantías y licenciamientos que desde marzo afectó a más de 300.000 trabajadores. Pero las tensiones volvieron a aflorar esta semana con la caída en cascada de los acuerdos que estaban por firmarse en la industria metalúrgica, en el sector del comercio y en el rubro automotor.

La discusión quedó totalmente paralizada en los concesionarios, un sector que emplea a 50.000 de personas en forma directa. Allí, la cámara de la actividad, Acara, ofreció el pago de un monto no remunerativo con una rebaja de entre el 40% y el 50% del salario y la suspensión de los aportes al sindicato. Todo esto a la espera de eventuales fondos estatales para pagar el resto de las remuneraciones.

Pero la propuesta chocó de frente con las expectativas del gremio metalmecánico Smata, cuyo líder Ricardo Pignanelli ahora pide como mínimo un 70% del salario y una suba ajustada por la inflación del primer trimestre. Desde entonces, el sindicalista dejó de responder llamados. "No tenemos acordado nada, pero trabajamos en una quita salarial importante", reconoció una fuente del sector.

Dentro del frente empresario hay diferencias entre los concesionarios del interior y los de Buenos Aires, que se muestran más duros y esperaban una postura similar de las terminales. La mayoría de los fabricantes de vehículos renovó con Smata los licenciamientos del personal con el pago del 70% del salario neto en promedio.

Ese es el caso de Ford, Volkswagen, Mercedes Benz, Toyota y Honda. La excepción fue Renault, que había pactado un salario del 60%. En todos los casos utilizaron el 223 Bis para reducir cargas patronales y pagar sumas no remunerativas.

Mientras tanto, en el sector autopartista la negociación también se empantanó. Si bien la cámara AFAC se había acercado a garantizar un 65% del salario neto, no hubo acuerdo sobre la actualización trimestral y el formato de suspensiones en los próximos meses. El DNU 376, por último, terminó de complicar las tratativas.

La CGT "corre la línea"

La ayuda estatal a las empresas de hasta dos salarios mínimos ($33.750) envalentonó a la mayoría de los sindicatos y en las últimas horas elevaron sus pretensiones. En esa línea, el titular del gremio mercantil, Armando Cavalieri, acordó este jueves suspensiones por tres meses con el pago del 90% del salario neto en los call centers de todo el país, sin contar Córdoba donde rige el convenio del sindicato Attac. Y convino el licenciamiento de 2.922 empleados de Falabella, que percibirán una suma no remunerativa por el 80% del sueldo neto por abril y mayo.

Ahora, el sindicalista buscaría replicar un esquema similar en el grueso de la actividad, en donde la Cámara de Comercio (CAC) y la Cámara de la Mediana Empresa (CAME) pidieron una rebaja salarial del 50%, la misma que puso en marcha la plataforma Despegar con aval del gremio mercantil.

Los crecientes tironeos forzaron la intervención de la CGT, cuya cúpula salió a plantear en las últimas horas el pago del 100% de los salarios a partir de los fondos millonarios dispuestos por el Gobierno al sector privado.

"Dado que el Estado aporta el 50% de los salarios, nosotros decimos que el otro 50% lo paguen los empresarios y esto debería achicar muchísimo el universo de empresas que tratan de suspender o achicar el personal", aseguró a este medio el secretario de prensa, Jorge Solá.

Los reclamos incluyen, además, el pedido al Gobierno de que suspenda los acuerdos individuales de licenciamiento o cese contemplados en el 223 Bis. A eso se suman la liberación de fondos a las obras sociales por $45.000 millones en un escenario en el que los sindicatos enfrentan fuertes dificultades para sostener los salarios de su personal por la interrupción del pago de aportes de los empleadores.

En ese marco, el Gobierno salió a defender el dispositivo oficial vigente para mantener los empleos durante el aislamiento obligatorio. Las autoridades están preocupadas por el estancamiento de los acuerdos de crisis, pero también por las crecientes denuncias de despidos, suspensiones y rebajas salariales definidas en forma unilateral.

"Hay actividades donde el daño es mayor y es probable que estén negociando suspensiones con una reducción salarial. Esto ocurre en un tiempo de crisis, pero no se va a poder hacer sin la participación de los sindicatos y del Estado", dijo ayer el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, en El Destape Radio.

Y aseguró que su cartera no homologará rebajas salariales del personal en actividad, mientras que en los sectores sin tareas autorizó el pago de una "compensación no remuneratoria que sea levemente inferior".

De esa forma, el funcionario intentó llevar calma a los empresarios que por estas horas exigen una urgente flexibilización de la cuarentena, mientras por lo bajo algunos sectores evalúan hacer fuertes ajustes a fines de mayo, una vez concluido el decreto que prohibió suspensiones y despidos por fuerza mayor.

En la UIA aseguran que "los muchachos de la CGT corrieron la línea" al bloquear el único canal que tenían habilitado los empleadores para reducir costos laborales. Pero creen que las rebajas unilaterales autorizadas por DNU serían útiles incluso para los sindicatos, ya que les evitaría tener que firmarlas.

"Hay gente que, técnicamente, no trabaja frente a la emergencia y en función de este se han prohibido suspensiones y se permitió el camino del 223 Bis. Pero hoy la industria no está produciendo mayoritariamente, por eso buscamos un consenso", dijo a iProfesional el vicepresidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja.