Jubilaciones: el Gobierno evalúa un plan de reforma con la consigna de "homogeneizar" diversos regímenes

En paralelo a la negociación de la deuda, la reforma del sistema jubilatorio se convirtió en un asunto prioritario para el Gobierno. Su preocupación por ese tema se hizo patente en diciembre con la suspensión de la fórmula de movilidad y la decisión de revisar los regímenes especiales, decisiones contenidas en la Ley de Solidaridad. Así, en las últimas semanas, las autoridades avanzaron con un aumento en marzo que implicó un ahorro respecto del cálculo suspendido y la media sanción para modificar en forma parcial las jubilaciones de los jueces y el servicio diplomático. Todos cambios que no están exentos de desafíos.

El Presidente aseguró en la apertura de sesiones del Congreso que el objetivo es dotar de mayor "equidad" al sistema previsional y fortalecer el carácter "redistributivo y solidario" de los haberes. El nuevo esquema significó que las jubilaciones de hasta $16.200 obtuvieron en marzo una suba de entre 13% y 11,56% (el valor que hubiera correspondido por la fórmula previa), mientras que los haberes superiores a ese umbral -incluso aquellos por debajo de la canasta de pobreza del adulto mayor, estimada en $42.000- terminaron financiando a los ingresos más bajos.

El Gobierno niega que el nuevo esquema discrecional implique un ajuste. El planteo es que el resultado fiscal de las medidas, incluyendo el pago del bono de enero y computando todas las prestaciones, tiene un impacto fiscal "neutro".

Pero un informe de CEPA reveló que el incremento de marzo ($1.500 más un 2,3% para todas las escalas) representa una reducción del monto de las jubilaciones de unos $5.500 millones, en comparación con los fondos que hubiera demandado utilizar la movilidad suspendida en diciembre pasado.

El ahorro se alinea con el objetivo de lograr la "sustentabilidad" y reducir el déficit del sistema, hoy en dos puntos porcentuales del PBI, según datos oficiales. Por ello, el Ejecutivo impulsa medidas para corregir los "desequilibrios" y evitar "privilegios".

En el caso de la Justicia y el servicio exterior, el plan es un aumento escalonado de la edad mínima jubilatoria hasta alcanzar los 65 años, un incremento de los aportes del 12 al 18% y más años de servicio para acceder al beneficio jubilatorio, manteniendo el 82% móvil pero sobre la remuneración de los últimos 10 años en lugar del último sueldo.

En el Gobierno afirman que por ahora no hay otros cambios previstos, pero la oposición olfatea un avance sobre el conjunto de los regímenes especiales, en especial aquellos vinculados a los trabajadores.

La sospecha surge del texto que modifica el régimen de magistrados y diplomáticos, en cuyos fundamentos se sostiene que "es parte de un conjunto de iniciativas propiciadas por el Poder Ejecutivo Nacional con el fin de reducir las inequidades existentes en el sistema previsional, en buena parte originadas por regímenes especiales cuyas reglas de acceso y determinación de los beneficios han consolidado verdaderos sectores de privilegio dentro del régimen de reparto público".

La diputada del Frente de Izquierda (Partido Obrero) Romina Del Pla, se cruzó a fines de febrero por este tema en comisiones de Diputados con el titular de la ANSES, Alejandro Vanoli, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y el secretario de la Seguridad Social, Luis Bulit Goñi.

"Se habla de atacar los privilegios de los jueces, los magistrados y el personal de servicio exterior, pero leyendo el proyecto notamos que la limitación es mínima. Detrás de ella está el ataque integral a los regímenes especiales", sostuvo del Pla, quien a su vez denunció el "achatamiento" de las jubilaciones del sistema general.

La legisladora se refirió a los maestros, profesores universitarios, investigadores científicos y a los trabajadores de Luz y Fuerza y de la construcción, quienes realizan aportes adicionales y se jubilan a una edad más temprana. Los regímenes especiales contemplan además al personal de las fuerzas armadas y de seguridad. Y, desde los 90, al presidente, vicepresidente, los miembros de la Corte Suprema, legisladores, ministros, secretarios y subsecretarios del Poder Ejecutivo, asesores presidenciales, secretarios y prosecretarios del Congreso, intendentes, concejales y secretarios y subsecretarios de los Consejos Deliberantes y de la Ciudad.

El oficialismo insistió el último jueves en la necesidad de rediscutir dichos subsistemas -sin precisar cuáles- durante la sesión de las comisiones de Trabajo y Previsión social en el Senado, en donde hubo un dictamen favorable a la reforma de las jubilaciones de magistrados y servicio exterior.

"Cuesta justificar estos enormes diferenciales que se han producido a lo largo de muchos años entre prestaciones del régimen general y las de los regímenes especiales. Es saludable que, luego de varias décadas sin discutirse, estos temas hoy estén en la agenda", dijo Vanoli, luego de reiterar que el sistema previsional "está desfinanciado".

La consigna del momento es "homogeneizar". Así, dentro de la agenda oficial también se le presta especial atención a la situación de las 13 cajas provinciales que no fueron transferidas a la Nación en los años 90. Estos esquemas previsionales en manos de los gobernadores son claves para la seguridad social, ya que cubren cerca del 50% de los empleados públicos del país y desde 1999 son objeto de tironeos con el poder central.

Ocurre que las provincias financian sus déficits mediante transferencias, por lo que más de una vez se intentó modificar las edades de retiro. Vanoli reiteró este jueves su interés en "armonizar" las cajas jubilatorias.

La otra idea que circula es la de reflotar los fondos compensadores que desreguló el gobierno de Eduardo Duhalde. Moroni lo propuso la semana pasada en su paso por Diputados para atender a los trabajadores de menor rango en el ámbito judicial y diplomático.

Los bancarios, telefónicos, trabajadores del PAMI y empleados legislativos llegaron a utilizar este sistema por el que el sindicato, un organismo o un banco manejaba una caja alimentada por aportes adicionales para compensar la diferencia con el haber pagado por el Estado. El ministro de Trabajo también sugirió la posibilidad de que las mujeres se jubilen a los 65 años.

Potenciales conflictos en la agenda

En su batalla contra las jubilaciones de privilegio, el Gobierno se concentró en los magistrados y los diplomáticos, dos de los más de 50 regímenes especiales, y excluyó a los funcionarios del Ejecutivo, el Congreso y los municipios. Por ese motivo, en los tribunales creen que la iniciativa acelerará la renuncia de jueces que aún no se jubilaron.

En las últimas horas, el Gobierno aceptó el retiro de seis camaristas. Los cambios coinciden, además, con el impulso de la reforma judicial, que serviría para licuar el poder de Comodoro Py y contemplaría el traspaso del fuero laboral a la Ciudad, algo que generó el rechazo público de la Asociación de Abogados Laboralistas.

De acuerdo con el diagnóstico oficial, hay 17.600 funcionarios y magistrados en actividad que aportan en promedio $32.600 por mes al régimen previsional, y 7.000 beneficiarios que perciben un haber promedio jubilatorio de $289.000, sin contar pensiones.

La jubilación ordinaria de mayor monto es de $770.100, lo que representa 55 veces el haber mínimo del régimen general, que es de $14.068 y más de siete veces la jubilación máxima, de $103.064. Estas disparidades en los haberes explicarían, según el proyecto, el "progresivo desfinanciamiento" de los regímenes especiales. Así, se calcula que el déficit, incluyendo el servicio diplomático, totalizará este año $11.000 millones.

Con todo, las propias autoridades reconocen que los cambios previstos no alcanzan para resolver el rojo previsional. El motivo es que los regímenes especiales representan solo el 3% de los jubilados y el 9% de los fondos de la seguridad social, mientras que el grueso de los recursos son absorbidos por el sistema general integrado por más de seis millones de jubilados.

Este último se vio afectado por la caída de la recaudación y las reformas de la gestión macrista, que le quitaron fuentes de financiamiento a la ANSES, al reducirse la coparticipación y las cargas patronales. Pero también inciden otros condicionantes.

"La discusión de los regímenes especiales tiene un efecto publicitario, el problema es que el sistema ordinario está desfinanciado porque tenés más de 34% de trabajo en negro y nadie quiere grabar la renta financiera y minera", advirtió el defensor de la Tercera Edad Eugenio Semino.

El abogado previsionalista presentó una demanda colectiva contra la suspensión de la fórmula de movilidad a principios de febrero. Si bien la Justicia rechazó el amparo, otro tribunal otorgó la semana pasada la primera acción contra los cambios de la movilidad a una jubilada, según anticipó iProfesional.

Los primeros fallos despertaron preocupación en la ANSES. Allí, saben que si bien las demandas tardan hasta cuatro años en prosperar, la insatisfacción de los adultos mayores podría convertirse en un boomerang político de cara a las elecciones.

El encargado de lidiar con los juicios es el titular del departamento jurídico de la secretaría legal, Enrique Buscio. Dentro del organismo, además, hay recelos por el aumento de marzo. Dicen que la medida los sorprendió y que la misma quedó en manos del equipo del ministro de Economía, Martín Guzmán, de quien esperaban una suba mayor a la anunciada.

La calle podría convertirse en otro dolor de cabeza. Un sector de la oposición, junto a abogados previsionalistas y sindicatos, convocó a una movilización el próximo 12 de marzo en defensa de los jubilados.

La medida fue resuelta durante una audiencia en el Congreso hace dos semanas de la que participaron los legisladores del Frente de Izquierda, Semino, los abogados previsionalistas Andrea Falcone y Luciano González, y Leonardo Fabre, el titular de la Asociación del Personal de los Organismos de Previsión (Apops), enrolada en la CGT. El objetivo es "defender la movilidad jubilatoria como un derecho inalienable, su concepto como salario diferido de los trabajadores y la defensa de los regímenes especiales".

Expectativa del FMI

La discusión sobre el sistema jubilatorio cobró impulso en medio de la llegada de la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), que estuvo entre el lunes y el viernes pasado en Buenos Aires para revisar las cuentas públicas y los avances en la renegociación de la deuda. Aunque desde el organismo negaron que la cuestión previsional se abordara en esta visita, desde el Ministerio de Economía no descartaron que se trate en algún momento.

"Es probable que las jubilaciones y el déficit fiscal sean temas de estudio en el marco de la misión técnica", aseguraron a iProfesional desde la cartera encabezada por Martín Guzmán.

El Fondo ya dijo que la deuda "no es sostenible", por lo que ahora apunta a conocer el plan económico del Gobierno para pagar u$s157.000 millones, incluyendo el acuerdo con el organismo y los bonos bajo ley extranjera. Guzmán dijo que el superávit fiscal recién se iba a alcanzar en 2023, pero en Washington quieren saber cómo va a generar ingresos y financiar el gasto en adelante.

"Las reuniones son de carácter técnico y están orientadas a profundizar la comprensión del programa económico de las autoridades, incluso su estrategia de deuda", confirmaron a este medio fuentes del FMI, que calificaron de "productivo" el raid de reuniones concertadas la semana pasada.

Desde hace tiempo, la lupa de los técnicos está puesta en aumentar retenciones, eliminar impuestos "distorsivos" y reducir el gasto en salarios públicos, transferencias sociales y jubilaciones. En 2016, previo a la firma del acuerdo Stand By, propusieron una serie de reformas para corregir los "desbalances" previsionales: el cambio de la fórmula de movilidad para evitar beneficios superiores a la inflación; la reducción de la tasa de sustitución (la relación entre el sueldo que percibía un trabajador y su haber inicial) y un aumento gradual de la edad jubilatoria de las mujeres, de 60 a 65 años. La idea era compensar el déficit proyectado en 50 años de 30 puntos porcentuales del PBI.

Ahora, sin señales de reactivación en el corto plazo y con vencimientos a la vuelta de la esquina, el Gobierno retomó la agenda previsional a su modo.

"El proceso de revisión previsional lo lleva a cabo el propio gobierno argentino en el marco de la Ley de Solidaridad, no es el que Fondo pida nada al respecto", dicen en Economía. Ese no es el único organismo interesado. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) le entregó sus recomendaciones a Moroni en diciembre pasado, como anticipó iProfesional.

El documento de 57 páginas sobre "los dilemas del sistema previsional argentino" propone atar las jubilaciones a toda la historia laboral del beneficiario y no solo a los últimos años, discutir la edad de retiro y evaluar un eventual achique del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), junto con una revisión de los regímenes especiales y las cajas provinciales para evitar esquemas "insostenibles". Medidas que guardan parecido con las ideas que insinúan desde el Ejecutivo.