Revisiones, en la mira: Moyano desafía el plan de "desindexación" y pide una suba salarial de 33% por seis meses

Hugo Moyano volverá al centro de la escena a partir de hoy con la negociación del bono de fin de año y la revisión la semana próxima de la segunda parte de su paritaria de 2019, una instancia que promete nuevos tironeos y está en la mira del Ejecutivo. Allí preferirían desactivar estos mecanismos de actualización periódica de los salarios ideados para reducir el impacto de la escalada inflacionaria.

El Ministerio de Trabajo convocó a las partes este viernes para finiquitar la disputa abierta con la Federación de Entidades de Autotransporte de Carga (Fadeeac), la principal cámara de la actividad encabezada por Mario Eliceche, que se opone a pagar un premio de fin de año de $20.000. Hasta ahora solo lo abonó Federación Argentina de Empresas de Transporte y Logística (Faetyl), la cámara creada hace dos meses por las empresas más grandes y la vieja conducción de Fadeeac.

La negociación más dura, con todo, será el próximo miércoles en la cartera encabezada por Claudio Moroni. Después de una primera audiencia y una movilización en diciembre, el camionero ratificará su pedido de un aumento salarial del 33% por seis meses, una cifra que además de ser rechazada por los empresarios es vista como un obstáculo para lograr el objetivo de "desindexar" la economía fijado por el ministro de Economía, Martín Guzmán. Alberto Fernández marcó la cancha la semana pasada al solicitar a los gremios que no hicieran "pedidos desmedidos", un día después del anuncio de la reincorporación del IVA a los productos de la canasta alimentaria.

Aparte de estos ingredientes, la paritaria camionera tendrá otro condimento: será la primera vez que intervendrá Faetyl (hasta ahora solo lo hacía Fadeeac) y el primer experimento luego del aumento por decreto de $4.000 para los trabajadores del sector privado, que ahora se extenderá al sector público con un tope hasta los salarios de $49.000 netos. Dicho de otro modo, el Gobierno testeará cómo se acopla su nuevo esquema salarial por decreto con el regimen vigente, que incluye revisiones y cláusulas gatillo.

Si bien la suba de emergencia fue apoyada por la CGT y las dos CTA, Moyano fue uno de los pocos sindicalistas que planteó reparos previo a su oficialización. Lo hizo de hecho en una reunión con Moroni en la que pidió preservar las paritarias "libres", temoroso de que el decreto desemboque en condicionamientos a la negociación colectiva con "techos" salariales o el diferimiento de las tratativas, a la vez que rechazó una eventual reforma laboral.

Para despejar esos miedos, el ministro ratificó ayer que se intentó "poner un piso a las paritarias de 2020" con el aumento de salarios a los trabajadores privados para "recuperar la pérdida" de ingresos. La expectativa gremial en el cambio de gobierno y la demora en adoptar esa medida, sin embargo, frenó las negociaciones de metalúrgicos, estatales y empleados de comercio, mientras que aceiteros y bancarios aguardan ser convocados tras vencer sus acuerdos el 31 de diciembre. El gremio del sector financiero espera a conocer el índice de precios de diciembre, que este miércoles marcaría un 4% mensual y una inflación en 2019 del 54%.

Con esa referencia en la cabeza, Moyano ahora busca completar el incremento de los salarios de sus 200.000 afiliados. El camionero viene de obtener un 23% en el segundo semestre del año pasado y tiene pendiente la revisión de los primeros seis meses del 2020, luego de lograr un bono de $20.000 en diciembre para los trabajadores de logística, correo, aguas y gaseosas, saneamiento ambiental y caudales, todas actividades nucleadas en Faetyl. 

El problema es que el reclamo salarial genera resistencia en las pymes agrupadas en Fadeeac, una entidad que viene solicitándo la declaración de emergencia de la actividad. "La situación del sector es muy difícil, ya que seguimos con altos costos y siguieron bajando los volúmenes transportados, además de que no tuvimos muchos despidos y estamos tratando de sostener los planteles de trabajo", advirtieron a iProfesional desde la cámara.

Señales de paz desde la Rosada

En la Rosada saben que las pretensiones del camionero funcionan como una suerte de "faro" para otras actividades y que el gremio representa a los sectores duros del sindicalismo, enfrentados al ala dialoguista al frente de la CGT. Cerca de Cristina Kirchner todavía recuerdan su rol protagónico en la protesta callejera tras romper con la expresidenta en 2010, una situación que luego se repitió con la gestión de Macri.

La diferencia ahora es que los cuestionamientos surgieron en forma precipitada con el tironeo por áreas clave del Ministerio de Transporte, en las que el extitular de la CGT esperaba ubicar al abogado Guillermo López del Punta. Molesto por su exclusión en la repartija, el sindicalista acusó al titular de la cartera, Mario Meoni, de desconocer la actividad. Pero la pelea se cerró este jueves con la designación del cordobés Walter Saieg en la estratégica secretaria de Gestión, el asesor de la UTA Abel de Manuele en jefatura de Gabinete, y el exfuncionario randazzista Juan Felipe Rodriguez Laguens en la secretaría de Articulación Interjurisdiccional.

El Gobierno envió en simultáneo dos señales de acercamiento. Meoni recibió el lunes pasado al diputado Facundo Moyano, quien le presentó sus proyectos legislativos para regular el consumo de alcohol al volante y avanzar en una plataforma de transporte público, junto con un sistema de seguridad para evitar accidentes y un plan nacional de educación vial. Mientras que Moroni le otorgó el jueves la inscripción gremial a un nuevo sindicato paralelo de camioneros en Santa Fe aliado a Moyano para apuntalar su poder en una provincia donde el gremio local está en manos de Sergio Aladio, un dirigente distanciado del camionero, tal como adelantó iProfesional.

Los gestos fueron bien recibidos por Pablo Moyano, quien hizo público casi de inmediato su respaldo a las primeras medidas adoptadas por Alberto Fernández. "La forma de reactivar la economía es a través del aumento salarial", dijo ayer el secretario adjunto de Camioneros y aseguró que su organización "está totalmente acompañando" al Gobierno.

El tiempo dirá si los guiños oficiales son suficientes para encolumnar al gremio detrás del plan de emergencia, incluido el demorado "pacto social". Por lo pronto, es un primer paso para sellar una tregua en momentos que resurgen los conflictos.

Esta semana se registró el despido de 200 trabajadores en la planta de Campana de Techint, una nueva protesta por el desalojo de los obreros de la fábrica Kimberly Clark en Bernal y el pedido de reincorporación de los estatales despedidos durante la gestión de Macri.