Jubilados: el Gobierno da marcha atrás y mantendrá beneficios en algunos regímenes especiales

El gobierno de Alberto Fernández introdujo cambios de último minuto en sus medidas previsionales con las que quiere interrumpir la actualización automática de los jubilados hasta modificar la fórmula con que se calculan los ajustes salariales del sector pasivo.

Se trata de uno de los puntos centrales de su plan fiscal presentado en el proyecto de ley de Emergencia Económica y Solidaridad Social.

En una jornada cruzada por fuertes debates en el Congreso y el alerta encendido en las propias filas del oficialismo, el Frente de Todos dio marcha atrás en forma parcial y aceptó el miércoles excluir de la suspensión de movilidad jubilatoria a los docentes de todos los niveles (primaria, media y terciarios), docentes universitarios, investigadores y científicos.

Esos regímenes junto a otros habían sido alcanzados por el proyecto de Ley de Solidaridad y Reactivación económica enviado el lunes al Congreso. Pero en las últimas horas hubo modificaciones por la presión ejercida por los gremios docentes AGD UBA, Ademys, Conadu(H) y la principal central de educadores del país CTERA, alineada con la CTA de los Trabajadores encabezada por Hugo Yasky.

En un comunicado, CTERA expresó el miércoles su "profunda preocupación" por los artículos 51 y 52 de la iniciativa que suspenden por seis meses la actualización jubilatoria para los docentes de las 11 cajas previsionales transferidas a ANSES y reemplaza los ajustes por aumentos por decreto. Mientras que la AGD vinculó los cambios con "la contrareforma previsional que impusiera Macri en 2017"."No se suspende la movilidad jubilatoria, se excluyó a los docentes, universitarios, y científicos", reveló anoche a iProfesional Yasky. El argumento del también diputado por el Frente de Todos cercano a Cristina Kirchner y Alberto Fernández fue que, si bien comparte el espíritu general de la ley de asistir a los que menos ganan para recuperar lo perdido durante la gestión de Macri, los maestros también estuvieron entre los más perjudicados por el "ataque" al sistema previsional de la administración anterior. Y sostuvo que la iniciativa afectaba la movilidad fijada por el decreto 137 de Néstor Kirchner en 2005.

Los datos oficiales muestran que hay 150.000 jubilados docentes a nivel nacional, de los cuales la mitad cobra un haber inferior a $44.000 y solo un 2% el haber mínimo, que según la versión original del proyecto debían cobrar el bono de $5.000 en diciembre y enero. Por otra parte, un 74% de los docentes jubilados son mujeres. La quita de la movilidad hubiera tenido un fuerte impacto, ya que los maestros pagan un aporte extra del 2% para tener dos ajustes por año superiores al regimen general y cobrar un haber que representa el 82% del salario en actividad. En cambio, los regímenes de jueces y servicio exterior con sus respectivos fondos compensadores o complementarios seguirán alcanzados por el congelamiento de la movilidad. Lo mismo ocurre con las Fuerzas Armadas y el servicio penitenciario. El texto además abre la puerta a incluir a futuro a otros sectores que hoy no están contemplados por las medidas de emergencia.

En las últimas semanas, Alberto Fernández envió señales a los militares con la aprobación de un refuerzo para su equipamiento y un proyecto para autorizar ejercicios conjuntos con fuerzas extranjeras en territorio argentino. Los jueces, con haberes de hasta $200.000 que son considerados de "privilegio", ya anticiparon en tanto que iban a recurrir a la justicia para impedir los cambios en su regimen.

La interrupción de la movilidad y los aumentos por decreto generaron fuertes cruces ayer con la oposición en Diputados. En el plenario de comisiones, el ministro de Trabajo Claudio Moroni aseguró ayer que "nadie va a congelar jubilaciones" y que se va a priorizar "al 70 por ciento de los jubilados que cobran la mínima para poner esos haberes por encima de la inflación".

Pero dentro del Frente de Todos persisten los cuestionamientos. En un informe, el economista Claudio Lozano, vinculado a la CTA Autónoma, planteó que los anuncios que dejan en stand by la fórmula justo cuando se esperaba una suba de los haberes superior a la inflación "parecen generar una suerte de inequidad hacia los jubilados".

En ese sentido, Lozano advirtió sobre los límites del bono de $5.000 que cobrarán los jubilados que perciben la mínima de $14.068 y que se irá achicando para completar los haberes siguientes hasta llegar a los 19.068 pesos.

"No son universales y luego de febrero habrá que esperar los aumentos por decreto", señaló. Y alertó que los topes a las prestaciones "no solo achatan la pirámide generando una redistribución de recursos al interior del sistema, sino que abren la puerta a nuevos reclamos judiciales". Entre 2002 y 2007, ya hubo conflicto por el congelamiento de los haberes medios y altos. Y luego se sumaron más de 800.000 demandas en los tribunales.