Alberto quiere suba salarial de 20% por decreto en diciembre, antes del acuerdo de precios

El misterioso pacto social empezó a tomar forma en las últimas horas a través de la negociación de un refuerzo salarial con la CGT. Esa es una de las medidas que Alberto Fernández conversó con un núcleo reducido de la central obrera en el acto en Tucumán esta semana, como parte del paquete de anuncios previstos para el 10 de diciembre, apenas asuma el poder y ponga en funciones a su gabinete.

El plan está destinado a reactivar el consumo, pero también busca reordenar la discusión salarial en el marco de un nuevo esquema de tasas de interés, dólar y tarifas. Diciembre, se sabe, es un mes caliente. 

El acuerdo de precios y salarios, a cargo de Matías Kulfas y Cecilia Todesca, se piensa en varias etapas. La primera consistiría en un incremento salarial del 20% para los trabajadores registrados, a cuenta de futuros aumentos y que podría ser no remunerativo, acompañado por una suba similar en los haberes jubilatorios y un retoque superior en los planes sociales.

Se evalúa la posibilidad de que el incremento sea anunciado mediante un decreto presidencial, indicaron fuentes cercanas al equipo de gobierno. De ese modo se quiere evitar una reapertura inmediata de las paritarias y moderar las expectativas salariales para avanzar luego en un congelamiento de precios.

Santiago Cafiero, la principal figura del equipo de transición, fue el encargado de anticiparle a los sindicalistas presentes en Tucumán la preparación de una "batería de medidas" por parte de Fernández para el día posterior a la asunción para calmar los ánimos. 

En ese contexto fue que se habló también de una "actualización" de los sueldos para los trabajadores privados y el sector público, con el objetivo de equiparar la inflación que este año terminará por encima del 55%, una cifra superior a lo que pactó la mayoría de los gremios en paritarias, en torno al 40%.

La medida va en línea con el diagnóstico trazado por Fernández durante la campaña y con la promesa de "poner plata en los bolsillos de los trabajadores" como forma de poner en marcha la economía mediante un estímulo al consumo. 

Pero la iniciativa requiere de un acuerdo tripartito, de forma tal de evitar una nueva carrera con los precios. Es por eso que en el equipo del gobierno entrante evalúan un esquema en función de los sectores empresariales más complicados por la recesión. La intención es que las tarifas congeladas y el dólar aplacado por el cepo sirvan como anclas de la inflación.

Costo salarial, en la mira

El costo salarial será la otra variable clave del plan de Alberto. Al ser a cuenta de las paritarias, el refuerzo permitiría descomprimir en principio el calendario de las paritarias entre diciembre y marzo, un período que coincide con los primeros 100 días de gobierno y en el que deben renegociar sus acuerdos el sector bancario, aceiteros y docentes, junto con los trabajadores de entidades deportivas y civiles.

La idea es que los sindicatos recuperen al menos parte de lo perdido en los últimos cuatro años. Los técnicos de Fernández calculan que los asalariados acumularon en la era Macri un retraso de 20 puntos en promedio en su poder adquisitivo desde diciembre de 2015, un promedio similar al de los jubilados, mientras que el deterioro fue mayor en el caso de los beneficiarios sociales.

En un informe publicado ayer, la diputada kirchnerista Fernanda Vallejos advirtió que los trabajadores informales perdieron en ese período un 24,5%; los empleados públicos registrados, 19,9% y los privados registrados, 16,3%.

Con esos números en la cabeza, el presidente electo se reunirá el viernes 8 de noviembre con la dirigencia de Azopardo para trasmitirles su diagnóstico de la situación. Todesca ya les anticipó el domingo pasado en el búnker electoral de Chacarita que "la crisis es mucho más profunda" de lo que imaginaban, por lo que el nuevo gobierno espera a partir de diciembre el apoyo irrestricto de la CGT y los gobernadores.

En esa senda, Fernández volverá a insistir en la unidad del movimiento obrero y buscará acelerar la negociación del pacto social, con la intención de que la central obrera convoque de inmediato a un plenario de secretarios generales. Ese fue el mensaje que bajó la cúpula este jueves en la reunión convocada en la sede de UPCN por el dueño de casa Andrés Rodríguez, de la que participaron los cotitulares de la CGT, Héctor Daer y Carlos Acuña.

Entre los 30 sindicalistas invitados, el cónclave de acceso limitado contó con la participación de Roberto Fernández (UTA), Antonio Caló (UOM) y José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), así como Sergio Palazzo (Bancarios), Pablo Biró (Pilotos), la diputada Vanesa Silley (Judiciales), el diputado Walter Correa (Curtidores) y Carlos Minucci (Personal superior de energía) por la Corriente Federal de Trabajadores, cercana a Cristina Kirchner.  

"Hay una idea de poner plata en el bolsillo de los trabajadores y de los jubilados, pero está todo discutiéndose. Por eso el viernes vamos a escuchar las ideas de Fernández", reveló uno de los participantes de la reunión, en la que se volvió a notar la ausencia del moyanismo. 

Por estas horas, Hugo Moyano se resiste a la reunificación de una CGT. Sus aspiraciones de recuperar un rol protagónico chocan con las conversaciones entre el ala dialoguista integrada por "gordos" e "independientes"; el Movimiento de Acción Sindical (MASA), encabezado por el taxista Omar Viviani y los gremios liderados por Palazzo, quien se vio fortalecido por la obtención de dos bancas de diputados en las elecciones. Las tensiones quedaron expuestas con la ausencia en el acto en Tucumán del Frente Sindical por un Movimiento Nacional (Fresimona), liderado por el camionero.

Además de esas dificultades, el Presidente electo deberá superar las reticencias expresadas por parte de algunos sectores sindicales y empresarios frente a un eventual congelamiento de precios y salarios. Aunque esa idea sería respaldada por el titular de la CTA de los Argentinos, Hugo Yasky, como lo expresó hace tres semanas, las dudas en el ámbito gremial se acrecentaron este jueves por el descongelamiento de las naftas que implicó una suba del 5%, el aumento del 12% en las prepagas y la autorización de un ajuste del 25% en las tarifas de luz por parte de María Eugenia Vidal.

"De qué me sirve el 20% de aumento si hasta que se vaya Macri solo la nafta va a aumentar ese porcentaje y los insumos", reconocieron a este medio desde el entorno del metalúrgico Antonio Caló.

En ese contexto, no todos estarían dispuestos a firmar un acuerdo económico y social. Ese es el caso de los sindicatos cristinistas, cuyos dirigentes perciben que los empresarios empezaron a generar un colchón en forma preventiva, con aval oficial. "Parece que el planteo de Alberto Fernández de desdolarizar las tarifas llevó a las energéticas a acomodarse para cuando anuncien el congelamiento", advirtió un sindicalista de la Corriente Federal, que participó ayer de la reunión en UPCN.

En el ámbito laboral, por otra parte, la delicada situación ya complicada por las suspensiones y despidos sumó tensión en las últimas horas con la decisión del Ministerio de Transporte de autorizar a partir del 11 de diciembre la reducción de ramales de 19 a 11 y el recorte de servicios en la línea de colectivos 60. La reestructuración tocó a una de las principales empresas de transporte de pasajeros y sacudió a uno de los cuerpos de delegados combativos, que decretó de inmediato un paro total de sus trabajadores. 

En el campo empresario, en tanto, genera ruido el eventual impulso de una Ley de Góndolas y la intención de regular a los intermediarios entre la industria y el comercio para "abaratar los costos", una política que reduciría la rentabilidad de los distribuidores. También se espera que "pongan el hombro" los bancos, las energéticas y los exportadores de materias primas, juntos con las plataformas digitales. Sectores que en el Frente de Todos son considerados los "ganadores" del macrismo.