Tarifas de Alberto: sin subsidios, las empresas resistirían sólo un trimestre con precios congelados

La posibilidad de aplicar un congelamiento prolongado en las tarifas correspondientes a servicios como la luz y el gas se presenta como una opción cargada de riesgos para la nueva gestión presidencial.

Al menos, eso es lo que advierten expertos de ámbitos como la misma Secretaría de Energía. Y es lo que, con relativo disimulo, comentan puertas hacia adentro los ejecutivos de las compañías del sector.

En el segmento energético hay coincidencias en que el macrismo dejará como herencia muy pocos recursos para aplicar en materia de subsidios, mientras que las firmas del rubro llegarán al inicio de mandato de Alberto Fernández con números complicados, dado el freno a los incrementos que rige desde mediados de año.

La revisión de los valores de las tarifas que los equipos que acompañarán al nuevo Presidente llevarán a cabo, generará un período sin subas que a lo sumo podría extenderse hasta marzo.

A partir de ahí, alertan desde carteras como Energía, será necesario avanzar con nuevas subas para darle oxígeno a empresas como Edesur, Edenor o Metrogas.

"El Estado no tiene caja para volver a subsidiar la mayor parte de las boletas. Y no es que con Fernández llegarán recursos extraordinarios. El tema es el costo social que tendrá una medida así en el contexto económico actual", advirtió a iProfesional un analista vinculado a esa Secretaría.

En el entorno de Energía definen como "encrucijada" el escenario que heredará Alberto Fernández a partir de la situación de las compañías, el poco margen para incrementar subsidios y el momento económico que golpea a la mayoría de los hogares.

"El Estado no cuenta con los recursos para sostener un esquema de subsidios fuertes y tarifas planchadas más allá de un trimestre. Pero el punto es que la sociedad ha dado probadas muestras de no convalidar nuevos aumentos. Seguramente Fernández buscará un acuerdo con las empresas pero éstas tampoco tienen espalda financiera para dar demasiadas concesiones", comentó la fuente. 

Las distribuidoras de electricidad y gas ya operan en un contexto de virtual congelamiento a partir de las distintas postergaciones a los incrementos fijadas por el macrismo. Desde consultoras como Montamat y Asociados exponen que el valor de las tarifas no ha tenido prácticamente cambios desde mayo de este año.

"La postergación del incremento previsto en octubre para enero del 2020 implicaría una pesificación que, desde la última actualización semestral de tarifas, tomó como referencia un tipo de cambio de 41 pesos", señala uno de los análisis más recientes de, justamente, Montamat y Asociados.

El problema para las energéticas es que enfrentan costos y obligaciones con un dólar a 65 pesos.

Atraso profundo

"Arrancamos el año con una atraso residual de 2018, del orden del 20 por ciento. Hoy debemos estar en el orden del 40% con todos los movimientos del tipo de cambio y la inflación que ocurrieron en lo que va del año. El escenario inflacionario está muy lejos de detenerse y el dólar volvió a moverse. No aplicar aumentos será meter a las empresas otra vez en situación de agonía", dijo a iProfesional uno de los exsecretarios de Energía que asesora a Cambiemos.

"El nuevo Gobierno recibe un sector de servicios públicos regulado y con subsidios importantes. No tiene recursos para cubrir un porcentaje mayor de la boleta, a no ser que empiece a emitir más, con lo que eso implica para la inflación. Si no convalida aumentos, ese costo lo enfrentarán las empresas, que llegan golpeadas a este momento. Edenor o Edesur no están para aguantar un semestre con recursos propios", añadió.

En torno a Metrogas, fuentes cercanas reconocieron a iProfesional que la compañía comenzó a perder capacidad financiera por efecto de los incrementos que no se llevaron a cabo este año.

"La actualización que surgió de la Revisión Tarifaria Integral a partir del 1° de abril de 2017 para los servicios de transporte y distribución resultó razonable bajo el contexto que se vivía en ese momento y las perspectivas de largo plazo. Pero dicho contexto comenzó a cambiar con la primera devaluación del 2018 y terminó de modificarse drásticamente a lo largo del 2019", comentó una fuente.

"Por otra parte, se decidió que entre julio y octubre de 2019 se aplicara un diferimiento del pago de las facturas del 22%, el que comenzará a recuperarse a partir de diciembre de 2019 y hasta abril de 2020. Esto está afectando notoriamente también nuestra generación de fondos y, en consecuencia, el capital de trabajo y su financiamiento, al igual que otros cambios más", agregó.

En el caso de las distribuidoras de electricidad, muy cerca de Edenor y Edesur predomina la inquietud respecto de las decisiones que tomará Fernández en el corto plazo. En los pasillos de ambas compañías reconocen que los números no son los más holgados y que un congelamiento superior a los tres meses sin ayuda estatal las dejaría en situación de "nocaut" financiero.

"Es muy fácil salir a decir que las empresas ganaron mucho plata. La realidad es que jamás se revirtió el retraso y este año enfrentaron buena parte del ejercicio utilizando recursos propios. Hay mucho mito en torno a la situación de las distribuidoras, cubrieron buena parte de sus inversiones y afrontaron el gasto en capital de trabajo con un retraso tarifario que duplica al del año pasado", comentó ante iProfesional, bajo off the record, otro ex secretario de Energía.

¿Qué podría ocurrir de implementarse un congelamiento extendido en las tarifas? Muy cerca de la cartera de Energía y en las mismas compañías del sector señalan que habrá empresas en situación de quebranto y un deterioro acelerado en la calidad de los servicios.

"Tarifas congeladas sin subsidios redundará en inversiones paralizadas por completo y servicios que nuevamente empezarán a fallar. Si se aplica una medida así, ya en el segundo semestre de 2020 empezaremos a notar las consecuencias negativas. Volverán los cortes, los problemas. El Gobierno que llega deberá elegir entre eso o avanzar con el aumento necesario. Y esto último no le saldrá gratuito a nivel social", concluyó uno de los ex funcionarios consultados.

Subsidios, todavía presentes

Hoy por hoy, los usuarios afrontan algo más del 70% del costo de generación de prestaciones como la electricidad. El resto continúa siendo subsidiado por el Estado nacional. En diciembre de 2015, la parte que cubrían los usuarios era de apenas 15 por ciento.

El menor aporte estatal tuvo un impacto inmediato en los hogares. Así, hace cuatro años el pago del gas y la electricidad significaban, en promedio, el 0,5 por ciento de los ingresos, según informes de consultoras como Econométrica. Hoy, la porción supera el 5 por ciento promedio por efecto, justamente, de la fuerte reducción de los subsidios.

Durante el macrismo, el Gobierno impuso el esquema de "tarifa social federal" que hoy alcanza a casi el 30 por ciento de los hogares, siendo que en la gestión anterior el grueso de los hogares gozaba de beneficios similares.

"A pesar de los esfuerzos del Estado nacional para seguir reduciéndolos, con la devaluación de agosto y la situación económica del país, el objetivo quedó muy lejos de cumplirse. Se esperaba achicar un 10 por ciento más de subsidios, lo cual ya no será posible en lo que resta de la actual administración", señala al respecto un informe de Montamat y Asociados al que accedió iProfesional.

Pese a esto, las tarifas eléctricas quedaron congeladas a partir de mayo. "Eso provocó un cambio en la ecuación de ingresos en las principales distribuidoras del país que alteró el eje del negocio", agrega el trabajo.

En cuanto al gas, Montamat y Asociados expuso que, si bien "es entendible que una actualización de tarifas en este momento no resulta socialmente viable, la falta de perspectivas sobre su sinceramiento genera interrogantes en cuanto a la continuidad de los compromisos de inversión".

En concreto, lo dicho anteriormente: sin un esquema de subsidios reforzados o sin aumentos de tarifas, las empresas carecen de respaldo para sostener nuevas inversiones.

La pregunta es qué privilegiará el nuevo Gobierno, si la paz social a costa del rendimiento de las compañías y los servicios o lo contrario. Analistas, funcionarios y empresarios coinciden en que hoy no hay caja oficial para alcanzar una eventual solución intermedia.