El "convenio modelo" de Macri para atraer inversiones peligra por accidentes en Vaca Muerta

El Gobierno busca, por estas horas, desactivar una fuerte puja en Vaca Muerta. Se trata de la presión sindical para modificar el convenio de la actividad petrolera en la cuenca neuquina, con el foco puesto en el segundo mayor yacimiento no convencional de gas del mundo. El conflicto surgió luego de la seguidilla de accidentes registrados la semana pasada que ocasionaron una muerte fatal en Neuquén y derivaron en un paro de 24 horas.

Cuando todavía sigue a flor de piel el malestar en los pozos petroleros, los gremios exigen aumentar la dotación mínima en fracking de 13 a 16 operarios, junto con una sustitución en toda la actividad del actual esquema de 14 días de trabajo y 7 de descanso (14x7) por uno de 6 de trabajo y 3 de descanso (6x3), además de la reducción de la jornada laboral de 12 a 8 horas.

Las demandas apuntan a alivianar la carga de trabajo y reforzar los planes de prevención, pero las operadoras aseguran que los cambios tendrán un impacto directo sobre las inversiones y podrían derivar en despidos, justo cuando el sector estrella de la economía busca incrementar las exportaciones de gas a Chile y volver a vender petróleo liviano al mundo.

La contracara de ese desarrollo exponencial con más de 1.000 pozos en marcha serían los accidentes por el presunto relajamiento de las medidas de seguridad y las mayores exigencias de rendimiento que implica la reducción de personal de seguridad y medio ambiente en operaciones complejas, el trabajo nocturno o las tareas a mayor velocidad de viento en altura.

Estos son algunos de los puntos que incorporó el acuerdo de Vaca Muerta firmado por Macri en enero de 2017. El pacto contempló la resignación de beneficios laborales por parte de los gremios, a cambio del compromiso de inversiones por u$s5.000 millones y obras de infraestructura. El impacto se reflejó en los 7.000 empleos privados creados el año pasado en Neuquén. Pero sus costos sociales generan dudas.

En vistas de los renovados tironeos, el secretario de Trabajo, Lucas Fernández Aparicio, convocó este jueves a las 10.30 en la sede de Alem al 650 a la comisión de seguimiento de Vaca Muerta integrada por funcionarios, empresarios y sindicalistas, según confirmaron fuentes oficiales y privadas a iProfesional.

Esta será la primera reunión del organismo creado para resolver eventuales controversias en el marco del acuerdo de productividad, algo que nunca había ocurrido desde la suscripción de dicho convenio.

Por la parte empresaria asistirán directivos de YPF, Pan American Energy y Total, mientras que por la representación gremial lo harán el titular del sindicato de gas y petrolero privado de La Pampa, Río Negro y Neuquén, Guillermo Pereyra; y su par de jerárquicos, Manuel Arévalo. También fue invitado un representante a definir de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) encabezada por Gustavo Morón.

"Si Pereyra modifica el convenio laboral, van a querer hacer lo mismo en otras provincias", se mostró preocupado el titular de la cámara de empresas de hidrocarburos (CEPH), Carlos Seijo.

Polémica por la letra chica

Desde febrero, los gremios venían reclamando cambios en las condiciones de trabajo en la industria petrolera. La discusión ya había aflorado en una de las mesas previas de Vaca Muerta, sin pasar a mayores.

El escenario cambió por completo la semana pasada a partir de la muerte de Marcelino Samaja, de 45 años, por la explosión de una bomba de agua que manipulaba mientras realizaba sus tareas para la contratista Clear Petroleum, en el área Aguada del Chivato operada por Medanito, a 20 kilómetros de Rincón de los Sauces.

Entre otras irregularidades, el yacimiento no contaba con una ambulancia y la que finalmente trasladó al operario accidentado debió ser manejada por otro trabajador petrolero para que el médico que estaba inicialmente al volante atendiera a la víctima, según relató a este medio Ricardo Astrada, adjunto del sindicato liderado por Pereyra.

El accidente fatal fue el primero del 2019 y el sexto en los últimos 12 meses en Neuquén. A lo que hay sumar los recientes casos de otros tres operarios heridos en un área operada por Exxon Mobil, en Vaca Muerta, donde uno de ellos perdió un dedo.

Ese cóctel terminó de encender la mecha del paro y motivó una inusual declaración de la CGT a la que accedió este medio. Mientras se definía la protesta convocada para el 4 de abril, la cúpula reclamó el jueves pasado medidas de seguridad a los empresarios y a la SRT, "obligada en la emergencia a revisar sus métodos y extremar sus actividades para controlar" a las ART.

De todos modos, el clima de mayor tensión se vivió el martes pasado en una reunión realizada a las 14 en la sede de la CEPH, de la que participaron además representantes de la cámara de empresas de operaciones petroleras especiales (CEOPE) y los dos titulares de los sindicatos, previo a audiencia que mantuvieron a las 15 con el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui.

En ese primer encuentro sin funcionarios, Pereyra les exigió medidas urgentes para frenar los accidentes fatales en Neuquén y les dio un plazo de 10 días para elevar a 16 operarios la dotación del equipo de fractura en Vaca Muerta.

"Me cagaron, el acuerdo original decía una cosa y alguien cambió el número antes de que lo firmara", sorprendió Pereyra a los empresarios, quienes apreciaron que compartiera sus exabruptos a puertas cerradas.

La crítica apuntó al equipo del exministro de Energía Juan José Aranguren y a los técnicos de YPF que definieron la redacción final del entendimiento, en la que a último minuto habrían fijado sin el visto bueno del sindicalista un mínimo de 13 petroleros privados por turno para las operaciones de fracking, dos supervisores y un ingeniero "a los efectos de evitar una acumulación innecesaria (de equipos y personal) y permitir una operación más eficiente", según reza el acuerdo de 35 páginas.

El senador nacional por Neuquén apuntó además contra el cronograma de trabajo vigente en La Pampa, Río Negro y Neuquén por considerar que el sistema de 14 días consecutivos de trabajo en jornadas de 12 horas, expone a los petroleros a mayores riesgos de accidentes después del día 8. Su intención ahora es interponer tres jornadas de descanso cada seis de trabajo.

Turnos y jornada

Durante el intercambio, los empresarios escucharon mayormente en silencio y se limitaron a reconocer el incremento de las tasas de accidentes laborales en la región, así como la ineficacia de la breve comisión de seguridad e higiene mixta lanzada el año pasado, que nunca llegó a elaborar el protocolo de recomendaciones.

Pero se mostraron reticentes a implementar un esquema de 6x3 que, según sus cálculos, forzaría a los trabajadores provenientes de otras provincias a viajar más seguido a Neuquén y encarecería los costos.

Más difícil de digerir les resultó el pedido del líder de los jerárquicos de reducir la jornada de 12 a 8 horas, sin afectar el salario. Una diferencia de cuatro horas que representa el 50% de la remuneración de un petrolero, en promedio de $144.000, por contener las horas extras y adicionales, mientras que la creación de un tercer turno implicaría un aumento del 30% de las dotaciones. 

"Es inviable, si baja el precio del crudo, tengo que despedir", reconoció a este medio el gerente de una importante petrolera.

La discusión sobre el régimen de trabajo volvió a sobrevolar durante la quinta reunión de la mesa de Vaca Muerta, en la que Lopetegui intentó bajar los decibeles en el arranque al manifestar su solidaridad con la familia del trabajador fallecido. "Ningún valor u objetivo puede anteponerse a la seguridad de las personas en el trabajo", aseguró.

Pereyra le advirtió sobre la necesidad de tener un programa "serio" de prevención y denunció además maltratos de los supervisores de Exxon, por lo que el secretario de Energía acordó la incorporación de la SRT a dicho espacio para trabajar en planes de trabajo en materia de seguridad e higiene laboral. 

En este escenario delicado, Aparicio intentará este jueves calmar los ánimos, aunque tampoco se descarta la aplicación de multas a las aseguradoras de riesgos –entre ellas Prevención ART- y a las empresas involucradas. "Vamos a esperar el informe de la ART para ver las causas del accidente", se limitaron a responder fuentes del Gobierno.

El sistema de riesgos del trabajo establece que la SRT, bajo la órbita del Ministerio de Producción y Trabajo, controla a las aseguradoras y garantiza el cumplimiento de las normas en salud y seguridad laboral, hoy a través de las Secretarías de Trabajo provinciales que en la práctica son las que realizan inspecciones y multan a los empleadores.

Al menos así ocurre desde la reestructuración del organismo iniciada en 2017 que incluyó despidos masivos, disolución de áreas y el corrimiento de su poder de policía que le permitía sancionar empresas en jurisdicción nacional, entre ellas las que explotan transporte público, servicios públicos y bienes comunes, como la industria minera y petrolera.