Con la industria en terapia intensiva, el Gobierno negocia medidas para evitar despidos masivos

El dólar, las tasas y la inflación no son las únicas variables que titilan en el tablero del Gobierno. Por estas horas, el Ministerio de Producción y Trabajo, encabezado por Dante Sica, estudia nuevas medidas económicas para contener los múltiples frentes abiertos en la industria, donde piden a coro un giro en la política oficial para salir de la recesión.

El objetivo es evitar que el deterioro del escenario laboral desencadene una ola descontrolada de suspensiones, despidos y cierre de empresas en un año electoral. La incógnita que subyace es hasta donde permitirá nuevos cambios el Fondo Monetario Internacional.

La negociación abierta con el sector del neumático y automotor está enfocada en los decretos firmados el año pasado por el Ejecutivo para reducir el déficit fiscal en línea con el programa del Fondo, que implicó retenciones a las exportaciones industriales ($3 por dólar o una alícuota de entre 8% y 12%) y la reducción en hasta un 80% de los pagos de en reintegros por esas ventas. El impacto se reflejó en la recaudación de febrero, en la que los derechos de exportación se dispararon 212% interanual, a $17.592 millones, y fue el segundo rubro de mayor crecimiento.

El otro punto bajo análisis es la apertura de importaciones. El regimen se vio modificado con la eliminación de las Licencias No Automáticas (LNA) en ciertas posiciones arancelarias y la facilitación de trámites, lo que permitió el ingreso de bienes procedentes de los países asiáticos por debajo de los valores vigentes. Una situación que, a la vez, contrasta con las medidas para arancelarias restrictivas que, según los industriales, enfrentan los productos locales en Brasil, el principal destino de las exportaciones argentinas.

El equipo de Sica reveló la intención de revisar en forma "acelerada" estos puntos en una reunión encabezada por el secretario de Industria, Fernando Grasso, y el titular de la secretaría de Trabajo, Lucas Fernandez Aparicio, el 1° de marzo pasado en la sede de Alem al 650. Allí, frente a los representantes de Fate y del sindicato del neumático (Sutna), surgió el compromiso de rever la política de importaciones, agilizar la devolución de reintegros demorados en AFIP y estudiar el impacto de las retenciones.

"El gobierno está haciendo un gran esfuerzo para aportar a una solución, pero las partes también tienen que aportar", dijo Aparicio durante el encuentro a puertas cerradas según pudo reconstruir iProfesional.

Las negociaciones, que se extiendieron este miércoles por más de siete horas en la sede laboral, se enmarcan en el Procedimiento Preventivo de Crisis (PPCE) iniciado por la principal fabricante de neumáticos del país, del grupo Madanes, dueño de la fabricante de acero Aluar y la hidroeléctrica Futaleifú. FATE busca despedir a 437 empleados, reducir la jornada, cambiar turnos y tareas, por considerar que sus operaciones son inviables.

El plan de reconversión, sin embargo, enfrenta la dura resistencia del Sutna, el único sindicato de la industria liderado por la izquierda. El titular de la organización, Alejandro Crespo, encabezó el martes una asamblea masiva en los portones de la fábrica en donde negó que la empresa esté en crisis y aseguró que los despidos forman parte de una presunta maniobra de la firma para obtener beneficios económicos del Gobierno, por lo que no firmará ningún acuerdo que sea perjudicial para los trabajadores.

FATE envió el 8 de enero pasado un extenso documento de 12 páginas a Sica en el que reclamó la "urgente revisión de medidas" para revertir la pérdida mensual de 1 millón de dólares que le ocasionan los derechos de exportación, en un contexto agravado por la caída de demanda interna y el elevado costo financiero. La solicitud forma parte del expediente del PPCE al que tuvo acceso exclusivo este medio, en el que figuran los últimos tres balances de la empresa, dos de los cuales muestran resultados negativos.

"Este gobierno es el más insensible con la industria nacional", dijeron fuentes de Fate a este medio.

El otro sector en tratativas con funcionarios de Sica es el automotor, un rubro con un uso de la capacidad instalada del 15,7%. Fue el más bajo de la industria en enero, que registró una parálisis del 56% y tocó el peor nivel desde el 2002.

El parate responde al retroceso del 40% en las ventas de autos y a las más de 7.000 suspensiones en seis terminales, a las que esta semana se sumó la fabricante de camiones Iveco, en Córdoba. Pero también se debe a las retenciones y la reducción de reintegros a las exportaciones que, según los empresarios, les quitan incentivos para exportar.

"La verdad es que nos estamos sentando con el Gobierno para conversar y encontrarle la vuelta para poder salir adelante pronto", señaló a este medio un hombre de una terminal, con suspensiones. En ese sentido precisó que se está trabajando en el acceso a mercados de exportación, aunque se mostró escéptico del margen oficial para tocar los impuestos al comercio exterior.

Con un patentamiento de 470.000 vehículos en el 2018, la industria automotriz proyecta para este año una caída del 10%, un total de 420.000 unidades. Una cifra aún más alejada del publicitado acuerdo automotor cuya meta era alcanzar un millón de autos.

En tanto, la segunda fase de la crisis empezó a golpear a los fabricantes de piezas, con el cierre de empresas emblemáticas como Metalpar y una mayor importación de autopartes. "El primer semestre se viene achique de dotaciones", advirtieron desde el sector.

Las críticas apuntan al esquema tributario que tiene como base de cálculo el valor FOB de las exportaciones de vehículos, de las que se deducen las autopartes importadas. Esto significa que cuánto más alto es el contenido importado, más se reduce el porcentaje efectivo de retenciones y más les conviene a las terminales utilizar piezas producidas afuera.

Las autopartistas también se ven afectadas por la rebaja de la devolución de impuestos, que pasó del 6,5% al 2% y que junto con el impacto de las retenciones se traduce en la pérdida de competitividad de 12,5 puntos, según un informe de AFAC. Críticas similares plantean los productores de aluminio, que proveen a las terminales de autos.

Frentes abiertos

El clima de malestar sobrevoló en la reunión de este miércoles de la junta directiva de la UIA. Allí se analizó la caída del 10,8% de la actividad en enero y el descenso del 24,3% de las exportaciones de origen industrial, "afectadas por la baja de los reintegros y la suba de las retenciones", según indicó la entidad en el comunicado. 

La fuerte suba de tasas que ayer llegó al 63% para contener el dólar reforzó el escepticismo dentro de la central fabril, en donde creen que las concesiones otorgadas por el Gobierno en las últimas semanas, junto con las medidas en carpeta, son "aspirinas" si no se aplica un fuerte cambio de rumbo. 

Uno de los cambios que aguarda la cúpula industrial es la reducción de los intereses por deudas que la AFIP incrementó en un 50% por orden del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. La presión de los industriales logró que María Eugenia Vidal suspendiera los embargos por 90 días. Ahora esperan que el fisco nacional haga lo mismo. De lo contrario, la UIA espera una "ola de quiebras", como le anticipó a Sergio Massa a fines de febrero, luego de mantener encuentros similares con Ricardo Lavagna.

La puja con el Gobierno se extendió al campo, en donde también salieron en las últimas horas a pedir la eliminación de las retenciones a las exportaciones del agro. Por la crisis cambiaria, el Gobierno, que en diciembre del 2015 había bajado a 0% ese impuesto al trigo, el maíz, la carne y productos de economías regionales, volvió a gravar en septiembre pasado con $4 por dólar el trigo y el maíz, $3 por dólar la carne, y una tasa fija del 18% más $4 pesos por dólar en el caso de la soja.

Macri reconoció que se trata de un tributo de "emergencia" en su visita a Expoagro en San Nicolás, en donde ayer anunció créditos al sector. En las últimas semanas, el Ejecutivo aceleró medidas para calmar el descontento empresario, que incluyen la rebaja de aportes patronales a las economías regionales y créditos a una tasa del 29% para las pyme. El intento de reanimar el consumo previo a las elecciones incluyó también el anuncio de un descuento del 20% en las tarifas de invierno de los hogares, junto con el adelanto a marzo del aumento del salario mínimo previsto para junio y una suba del 45% la Asignación Universal por Hijo. Estos paliativos, junto con un posible refuerzo de fondos a las obras sociales, apuntan a desactivar la marcha a Plaza de Mayo que prepara la CGT para el 4 de abril. 

Pero tanto los industriales como los sindicatos desconfían de la capacidad de maniobra -y las intenciones- de Macri. Sobre todo porque los gestos enviados desde Producción chocan casi siempre con la misión prioritaria del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne: bajar el déficit fiscal. El funcionario viajó ayer a Washington para negociar con la titular del FMI, Christine Lagarde, un nuevo desembolso de u$s10.700 millones.

Dujovne sabe que el Fondo no ve con buenos ojos tocar las retenciones. También, que la recaudación viene en caída en los últimos meses y que si mete mano en ese rubro complicaría aún más las metas acordadas.

Con esas limitaciones, el Gobierno sigue de cerca la evolución del mercado laboral, que el año pasado recortó 191.000 empleos formales. En las últimas horas, la empresa láctea Verónica se sumó a la lista de los pedidos de apertura de preventivo de crisis, afectada por la crisis de la industria lechera, y el Banco Macro pidió la quiebra a Molino Cañuelas, la principal fabricante de harina del país.

Los pedidos de intervención del Estado por parte de las empresas en dificultades ascendieron a 108 el año pasado, el doble que en 2016. El mecanismo previsto en la ley fue utilizado en la gestión anterior por empresas y gremios como un medio para financiar parte de los salarios (Repro) en los establecimientos en problemas. Por el recorte de fondos, ese programa ya no cuenta con los mismos recursos que antes.