Crisis de Fate: la pelea oculta por beneficios fiscales y quién paga el costo del ajuste
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Las autoridades siguen con suma atención la andanada de empresas líderes en problemas. Muchas de ellas buscan negociar con el guiño oficial una reducción de sus costos laborales y fiscales para afrontar el deterioro de la economía.
En ese marco, el Gobierno rechazó el jueves la apertura del Procedimiento Preventivo de Crisis (PPCE) solicitado por Coca Cola Femsa, por lo que la empresa acordó con el gremio 35 despidos en su planta de Nueva Pompeya, menos de la mitad de lo previsto.
La embotelladora, sin embargo, no es la única que se declaró en situación crítica. En efecto, los recursos de crisis se duplicaron durante el macrismo y, en las últimas semanas, se conocieron los casos de Avianca, Editorial Atlántida y el de la fabricante de neumáticos Fate. En este último caso se avizora un fuerte conflicto por la falta de acuerdo con el gremio, liderado por la izquierda, para afrontar la disminución de los ingresos de la compañía por la caída de sus ventas, pero también por el impacto de las medidas oficiales.
La secretaría de Trabajo celebró una nueva audiencia este jueves a las 11 en Callao al 100 en la que el sindicato del neumático (Sutna), encabezado por Alejandro Crespo, rechazó la apertura del PPCE solicitado el 1 de febrero por la compañía de Javier Madanes Quintanilla –tal como reveló en exclusiva iProfesional. El objetivo es aplicar una fuerte reestructuración laboral y reducir hasta 400 puestos en su planta de San Fernando, en la que trabajan 2.000 empleados.
En su respuesta oficial, plasmada en un documento de 12 hojas, el gremio argumentó que la firma pretende alegar una situación de crisis para resolver una disputa con el Gobierno con la finalidad de obtener beneficios fiscales. En tanto, voceros de Fate consultados por este medio se mostraron pesimistas al asegurar que "el conflicto no tiene solución".
Por lo pronto, los documentos a los que accedió iProfesional presentados en el procedimiento de crisis revelan que los problemas de la fabricante exceden el ámbito laboral y dan cuenta de fuertes tironeos con las autoridades por el rumbo del plan económico que, según la visión de su dueño, perjudicó en el último tiempo los resultados del establecimiento por motivos ajenos a sus negocios.
En el anexo XI del expediente, la compañía presentó una nota enviada el 8 de enero pasado al ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, (ver documento) en la que le informaba casi un mes antes de iniciar el PPCE la situación crítica de su planta en San Fernando. El problema se originaba -según la misiva- en la aplicación de retenciones a las exportaciones industriales (una alícuota del 8% que representa unos us$500.000 dólares al tipo de cambio vigente) y la disminución del reintegro a dichas ventas (del 7 al 5,5% en su caso).
La empresa advertía que de no haber cambios iba a tener que hacer una reestructuración, reducción de escalas y el eventual cierre parcial de la fuente de producción. Por ese motivo, en el segundo párrafo del escrito que la cartera de Sica recibió el 9 de enero solicita que "con la máxima urgencia se exima a Fate de la aplicación de los referidos derechos de exportación y se restablezcan los reintegros a la exportación que se han visto reducidos".
Un gigante descontento
De capitales en su mayoría nacionales y con 2.000 empleados, Fate es la mayor fabricante de cubiertas del país, el mayor exportador del sector y el único productor de neumáticos para camión y ómnibus. Forma parte del grupo económico Madanes, encabezado por la única productora local de aluminio Aluar, junto con INFA, Hidroeléctrica Futaleifu, Genpat, Transpat y el parque eólico de Puerto Madryn, en Chubut.
Con operaciones desde hace 80 años, la fabricante de neumáticos es proveedora de las terminales automotrices, así como del mercado masivo de reposición y exporta cerca del 60% de su producción, con destino principal a Brasil. Pero desde julio de 2016 registró pérdidas crecientes en sus balances que, según un estimativo de la empresa, acumulan un rojo de $500 millones en seis meses del actual ejercicio comprendido entre julio de 2018 y el mismo mes del 2019.
Entre los factores "erosivos y distorsivos" que habrían llevado a esa deterioro de su flujo operativo, se mencionan el contexto recesivo, el aumento de costos por la devaluación e inflación (de los que un 75% son dolarizados por los insumos), las "exorbitantes" tasas de interés, la suba de impuestos "desandando el pacto fiscal" y la caída de precios debido a la baja de la demanda interna, junto con la devaluación en Brasil.
Las causales detalladas por la empresa también incluyen las "asimetrías" en el comercio exterior por la apertura de importaciones y el "desmantelamiento" de la política aduanera. Los nuevos derechos de exportación y la disminución de los reintegros son destacados en un apartado como los principales elementos que volvieron "inviable" sus operaciones.
La firma ya había hecho reclamos similares el 9 de septiembre del año pasado y el 22 de noviembre a través de otras notas que finalmente derivaron en audiencias en la que los funcionarios de Sica escucharon con atención a los representantes legales, quienes les entregaron datos e informes y solicitaron paliativos para hacer frente a lo que describieron como una situación "grave".
Pero las autoridades ya no tienen tan claro si conviene repetir el esquema de salvataje instrumentado con Carrefour en abril del año pasado, cuando la firma obtuvo una reducción de sus contribuciones patronales y acordó una rebaja salarial a partir de haber presentado un preventivo de crisis.
Sin respuestas a sus reclamos, FATE decidió entonces avanzar el 1 de febrero en la presentación de un plan de reconversión que contempla:
- La reducción de operaciones en los sectores que fabrican cubiertas de camión, auto y materiales.
- La "flexibilidad de roles".
- Cambios en los premios por productividad.
- La reducción de la dotación y pago de indemnizaciones.
- La aplicación de suspensiones.
- La reducción de la jornada.
- El "descuelgue" de sus empleados del convenio colectivo vigente en la industria del neumático.
Las medidas coinciden con las iniciativas impulsadas por el Gobierno en las mesas sectoriales y en sus proyectos de reforma laboral, en ambos casos bloqueados por la negativa gremial.
La firma, de hecho, venía intentando desde 2016 implementar algunos de estos cambios, pero se encontró con la obstrucción del sindicato del neumático, que desde ese año pasó a ser liderado por la izquierda al desplazar de su conducción a Pedro Wasiejk, de la CTA liderada por Hugo Yasky.
En su contestación a la empresa, el gremio negó el jueves que existiera una crisis, minimizó las pérdidas de la compañía y anunció que adoptará medidas de fuerza en caso de que se avance en un ajuste dentro de la planta. La entidad sindical, además, advirtió sobre los riesgos sobre la salud en caso de un incremento en los ritmos de trabajo y la pérdida de beneficios laborales, y alertó sobre los índices de siniestralidad laboral en la planta.
El fallecimiento de un operario el jueves sumó tensión en la fábrica, en la que sus compañeros realizaron un minuto de silencio en cada turno. El hecho ocurrió por la tarde después de la audiencia, cuando un ayudante contratado de 37 años por la tercerizada IMANT se descompuso mientras realizaba tareas de mantenimiento en una parada técnica y debió ser trasladado a un hospital, donde murió por un paro cardiorespiratorio, según informó la empresa.
Números finos
El argumento esgrimido por el sindicato para rechazar la reestructuración es que los costos laborales no son la causa de la crisis alegada por la empresa, por lo que una reducción de los mismos no resolvería el aparente problema.
"La respuesta no admite dudas: no hay crisis a discutir con los trabajadores o sus representantes sindicales. De lo que se trata es de presionar determinados cambios o medidas económicas del Gobierno y aprovechar la coyuntura para abaratar y precarizar mano de obra, modificando condiciones de trabajo y eliminando conquistas de los trabajadores", señaló el gremio en su presentación ante Producción y Trabajo.
De acuerdo con un informe adjuntado al pedido del procedimiento de crisis, que incluye balances desde 2016 a 2018 y un cuadro de ingresos y costos de 2017-2018, Fate debió reducir el precio promedio de venta por tonelada del neumático desde u$s4.500 en diciembre de 2017 a u$s3.600 en el mismo mes de 2018. Se trata de una caída del 21% que la empresa atribuye a la baja de la demanda interna, la devaluación en Brasil y la imposibilidad de trasladar sus efectos sobre los costos.
Pero las políticas económicas también impactaron en la ecuación. El cuadro muestra que la incidencia de los derechos de exportación pasó de ser cero en diciembre de 2017 a u$s116 por tonelada en ese mes de 2018, luego de que el Ejecutivo los incrementara. La empresa explicó en el informe que el nuevo impuesto equivale a una alícuota del 8% sobre el valor FOB de sus ventas, lo que representa "una pérdida adicional de más de u$s500.000 mensuales".
Por otra parte, señaló que el actual nivel de reintegros no alcanza a cubrir el 40% de los impuestos contenidos en la exportación, por lo que su no restitución representa un bache adicional de u$s450.000 mensuales.
La presión a la baja de esos dos renglones, relacionados a un impuesto en un caso y a un beneficio fiscal en otro, resultaron claves para los negocios de la compañía, ya que el principal sostén del nivel de actividad y empleo son las exportaciones, al absorver el 60% de su volumen de producción.
En la columna de egresos, en tanto, el rubro que registró el mayor incremento fue el costo del financiamiento bancario, que se triplicó en el caso Fate al aumentar de u$s63 a u$s259 en el período analizado. En contraste, el costo de las remuneraciones de los operarios, con ingresos jornalizados, se redujo en el mismo lapso de u$s916 a u$s665 por tonelada, es decir un 27%, por lo que ese capítulo representó menos del 20% del total de costos erogables.
Con esos ingresos y costos, la operación que en diciembre de 2017 generaba un flujo de caja positivo de casi u$s1 millón por mes y un resultado neto cercano a al equilibrio, en diciembre del año pasado generó un flujo negativo de u$s1,5 millones mensuales y un resultado económico de igual signo, de u$s3 millones por mes, según el informe anexado al expediente de crisis.