Nicky Caputo se quedó con una de las centrales termoeléctricas que privatizará Macri

Nicolás Caputo se quedó con una de las dos centrales termoeléctricas que quiere privatizar Mauricio Macri.

Por la Central Térmica Brigadier López, ubicada en la provincia de Santa Fe, Central Puerto de Caputo ofertó 326,5 millones de dólares.

La compañía Central Puerto de Caputo había hecho ofertas para quedarse con el control de las centrales termoeléctricas Ensenada Barragán y Brigadier López.

Según confirmaron a La Política Online desde Ieasa -ex Enarsa-, para la licitación de la central de Ensenada de Barragán, se recomendó declarar inadmisibles las ofertas de YPF y Central Puerto, mientras que para la licitación de la central Brigadier López se recomendó como admisible la oferta de Central Puerto.

Hasta el momento, Central Puerto tiene una participación en el Sistema Argentino de Interconexión (SADI) que en este momento alcanza el 11,4%, mientras que específicamente en la generación térmica se eleva al 15%. La compañía se adjudicó numerosos proyectos durante la administración Macri y desembarcó en el sector eólico con siete parques en ejecución.

A raíz de una denuncia del kirchnerismo, la Justicia Federal imputó al primer mandatario argentino por intentar vender "a precio vil" las centrales termoeléctricas. De acuerdo a fuentes allegadas, el fiscal Pollicita inició la instrucción y ya pidió medidas de prueba, poniendo la causa en trámite.

Junto a él, quedaron involucrados en la investigación los ex secretarios de Energía Juan José Aranguren y Javier Iguacel, el presidente de Ieasa -la ex Enarsa-, Mario Dell Aqua; el director ejecutivo y gerente de termoeléctricas de Ieasa, Alberto Raúl Brusco; el gerente de control de proyectos de Ieasa, Adolfo Marcelo Piccinini; el ex presidente de Enarsa, Hugo Balboa; y el empresario Ángelo Calcaterra, dueño de Iecsa, histórica empresa del Grupo Macri.

La causa, que está a cargo del juez Daniel Rafecas -quien ya había rechazado una cautelar de la oposición para suspender el proceso licitatorio de las usinas, motivo por el cual en el Gobierno piensan que no prosperará-, se origina a partir de una tasación de los bienes que según los diputados opositores le ocasionaría una pérdida de 400 millones de dólares al Estado.

Según la denuncia, la construcción de ambas centrales costó alrededor de 1.000 millones de dólares, y su precio de venta fue establecido casi en la mitad de ese valor, sin que se haya explicado de manera consistente las razones para ello. Además, el contrato con Iecsa e Isolux, encargadas de las obras, fue rescindido a fines de 2016, y el gobierno del presidente Mauricio Macri le entregó a Iecsa (empresa que el primo de Macri Angelo Calcaterra le vendió al empresario Marcelo Midlin) 1.600 millones de pesos en carácter de indemnización, es decir el equivalente en ese momento a 100 millones de dólares.

La denuncia agrega que dos gerentes de Iecsa, Alberto Raúl Brusco y Adolfo Marcelo Piccinini, que eran los directores técnicos de las plantas durante su construcción, inmediatamente después de la rescisión en 2016 pasaron a trabajar como integrantes del comité directivo de Enarsa, organismo encargado de llevar adelante el proceso de venta de las centrales, con lo que estuvieron "de los dos lados del mostrador", asegurando que el proceso concluya en las manos adecuadas.