Para Dujovne, la tasa que le cobran los bancos es muy alta: sólo renovará la cuarta parte del "repo"

El Gobierno y los bancos sellaron finalmente un acuerdo para mantener una porción del crédito “repo”, que vence en los próximos días, pero se va a cancelar otra parte. El vencimiento total alcanza a los u$s2.800 millones, y serán refinanciados unos u$s1.350 millones.

Los restantes u$s1.450 millones serán abonados al contado, con lo cual eso se traducirá en una caída de las reservas del Banco Central.

La decisión de renovar sólo una parte se debió a que el Gobierno no quiso afrontar un costo mayor al que se pagó hasta ahora. Como la refinanciación se hace a 18 meses, los bancos pretendían cobrar un costo financiero más elevado, por el “riesgo político” que eso significa.

A mediados de 2020 (que es el nuevo vencimiento del “repo”) ya habrán pasado las elecciones, y nadie sabe si Mauricio Macri podrá ser reelecto. Esa incertidumbre es clave para entender que el “riesgo país” de la Argentina haya escalado bien por encima de los 700 puntos.

Y no sólo se mide el “riesgo Cristina”: quien asuma deberá hacerse cargo de vencimientos de la deuda muy abultados, a partir de 2020. Y, sobre todo, desde 2021. ¿Qué camino tomará el próximo Gobierno para pagar esos compromisos? Como nadie lo sabe, entonces los rendimientos de esos papeles superan el 10% anual.

Para tener una idea: el “repo” conseguido hace dos años tenía un costo financiero equivalente a 250 puntos básicos más Libor. En la actualidad, el riesgo país argentino para dentro de un año y medio ronda los 650 puntos básicos. Casi el triple que la vez anterior.

Y, además, como estas líneas llevan adjuntas un “colateral” (emisión de bonos de la deuda que se ponen como garantía), aquel costo financiero se eleva todavía más: cuanto menos valen los títulos públicos, más cantidad hay que entregar.

En el mientras tanto, Nicolás Dujovne y los bancos acordaron saldar unos u$s1.450 millones al contado. Las entidades financieras ya se fueron cobrando en los últimos tiempos: el “repo” original ascendía a los u$s5.000 millones.

El Palacio de Hacienda consideró que no era necesario mantener activa el 100% de esta línea: resulta más cara que la que prestó el Fondo Monetario Internacional. De hecho, en el programa financiero firmado con Washington figura que el Gobierno cancelaría una parte de este crédito con los privados.

Entre los bancos acreedores figuran: Santander, BBVA Francés, HSBC, Citi y el japonés Nomura.