Este es el decreto que desactivó el paro: bono de $5.000 a los privados, seguro antidespido y blindaje social

Por medio de un único decreto, que se publicará en las próximas horas, el Gobierno dipuso finalmente un bono de $5.000 en dos tramos y un sistema de preaviso ante las autoridades para los despidos sin causa.

Esas medidas que integran un paquete más amplio de beneficios destinados también a jubilados y beneficiarios de planes sociales fue el precio que tuvo que pagar ayer el macrismo para desactivar la quinta huelga general programada por la CGT, una medida que amenazaba con empañar la cumbre del G20 y enturbiar el clima social en vísperas de diciembre.

La tregua alcanzada fue fruto de las negociaciones que mantuvieron ayer hasta altas horas de la noche funcionarios del Ministerio de Producción y Trabajo, a cargo de Dante Sica, con los representantes legales de la CGT ante el malestar del sector empresario. Las gestiones se dieron en paralelo a la reunión del consejo directivo de la central obrera, que tras un extendido debate decidió en forma mayoritaria izar la bandera blanca. Una imagen que contrastó con el enojo de las cámaras privadas, en donde consideraron “excesivas” las concesiones en un contexto de recesión.

“La UIA no lo aceptó, se retiró de la mesa cuando vio que era inevitable”, dijo a iProfesional un abogado de la central obrera.

El decreto de necesidad y urgencia (DNU) contempla en su primer capítulo el pago de una asignación no remunerativa en dos cuotas de $2.500, una a pagar en diciembre y otra en enero, para 6 millones de trabajadores del sector privado, con el objetivo de compensar la pérdida de poder adquisitivo de los salarios que según datos oficiales ya supera el 6% en el año.

La disposición establece además un proporcional para los asalariados de jornada reducida y la adecuación de los plazos y montos en aquellas actividades en “crisis” o “declinación productiva”.

En cambio, quedaron excluidos unos 320.000 trabajadores agrarios y 500.000 empleadas de casas particulares que deberán discutirlo en el marco de sus regímenes laborales específicos.

Tampoco fueron alcanzados 3 millones de empleados públicos. Si bien habrá negociaciones en el ámbito de la administración nacional para replicar el beneficio, será más complicado en las provincias y municipios, donde algunos gobernadores e intendentes ya hicieron saber que no hay presupuesto para un esfuerzo adicional.

Uno de los puntos más discutidos del DNU es aquel que permite enganchar el bono a las paritarias. Los empresarios reclamaban que la suma pueda ser compensada por los incrementos pactados en la revisión de los acuerdos o fuese a cuenta de futuros incrementos. Pero el texto firmado prevé que deberá acordarse en el marco de las paritarias, una condición que fue celebrada por los hombres de la CGT, ya que en la práctica significa que las empresas deberán tener el consentimiento del sindicato para que el monto de fin de año sea absorbido por la negociación salarial.

En las últimas horas, como adelantó ayer iProfesional, la discusión sobre el decreto trabó las paritarias de la alimentación y la industria metalúrgica, en donde los empresarios se resistían a incorporar una suma adicional a las negociaciones.

“Ayer firmé un convenio por 37%, le di mucho más de lo que podía dar y ahora quieren que les de cinco lucas, que son 3 o 4 puntos porcentuales más”, se mostró indignado un miembro de la UIA. Mientras que en el rubro comercio, las cámaras se vieron sorprendidas por el pedido de revisión que elevó el gremio en plena puja por el decreto.

El otro apartado que irritó al sector privado es el capítulo tercero, en donde se fijó un procedimiento para dilatar los despidos sin causa que estará vigente hasta el próximo 31 de marzo y que excluye a la industria de la construcción. En concreto, los empleadores deberán comunicar las cesantías con 10 días hábiles de anticipación, un período que incluyendo los plazos de notificación podría extenderse a tres semanas. Su incumplimiento será castigado con sanciones y el Ministerio de Producción y Trabajo, a su vez, podrá convocar a las partes a audiencias si lo desea.

Pese a que Macri negó en los últimos días que hubiera despidos masivos, Sica explicó ayer a la prensa que se busca “un mecanismo de flexibilidad para preservar el empleo por unos meses”.

La idea es que durante la activación del preaviso empresas y sindicatos negocien alternativas al despido, que podrían incluir la reducción de salarios o la jornada. En ese sentido, el funcionario citó el ejemplo de la industria automotriz, donde las terminales iniciaron un cronograma de suspensiones y retiros voluntarios por la caída de la producción, y volvió a sugerir la necesidad de modificar los convenios laborales.

“En las suspensiones los trabajadores cobran en función de las horas que trabajan, esa flexibilidad no está en muchos convenios, a lo mejor dialogando podemos encontrar variantes, más en estos meses ante el impacto de la desaceleración de la actividad”, dijo el ministro.

En su entorno anoche negaban que hubiera un distanciamiento del sector empresario y, por el contrario, aseguraron que el decreto fue consensuado con ambas partes. Eso sí, en medio de una de las jornadas más calientes que vivió el Gobierno en los últimos meses por las protestas simultáneas de taxistas y empleados de Aerolíneas. Los gremios aeronáuticos paralizaron ayer más de 200 vuelos en Aeroparque en reclamo de la aplicación del último tramo del aumento -un 6,5%- correspondiente a agosto que llevaría el incremento del 2018 al 40%.

Las organizaciones territoriales, por otra parte, se movilizaron el miércoles para solicitar una reunión con la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, con el objetivo de obtener un alivio para 4 millones de beneficiarios de planes sociales.

En la misma línea, la CGT junto al defensor de la tercera edad, Eugenio Semino, avanzará en los próximos días en el pedido de un refuerzo para 4,5 millones de jubilados. Buscan adelantar a enero el aumento previsto para marzo por la Ley de Movilidad y un bono extraordinario en diciembre de caracter alimentario, de entre $3.000 y $5.000, que esté a cargo de los supermercados y sea deducible de impuestos. Así, explican, no se comprometerían las metas de gasto público acordadas con el FMI.