Empleo: expectativas cayeron a niveles de 2009 y el Gobierno ya agiliza subsidios "antidespido"
El mercado laboral volvió a mostrar nuevas señales de deterioro. Se trata de las perspectivas de creación de empleo en las empresas y la evolución de la ocupación formal privada en los principales centros urbanos durante septiembre, así como el salario real de los trabajadores en agosto. Los tres indicadores se vieron afectados por la caída de la actividad, la crisis cambiaria y la fuerte suba de precios, por lo que el Gobierno anunció que ya comenzó a tomar medidas para evitar despidos.
Las expectativas empresariales de creación de puestos de trabajo cayeron el mes pasado 0,4%, el peor registro desde 2009, según se desprende de la última Encuesta de Indicadores Laborales de la secretaría de Trabajo. Se trata del relevamiento más completo de demanda laboral, ya que mide la evolución de la contratación en los próximos tres meses sobre una muestra de 3.000 empresas de todas las ramas de la actividad en 12 aglomerados.
El informe señala que el 86,7% de las compañías encuestadas tiene previsto mantener estable su dotación el próximo trimestre, mientras que un 6,5% podría aumentarla y un 6,9% anticipa que la disminuirá. La diferencia entre las últimas dos variables significa un descenso de la expectativa neta de contratación en el sector privado, en gran medida producto de los cambios en la política monetaria del BCRA y el traslado de la devaluación a los precios de los bienes y servicios. En este sentido, la Unión Industrial Argentina volvió a advertir el martes que la actividad fabril en 2018 caerá 2,3% interanual, y alertó sobre un "impacto en el nivel de empleo" en las Pymes, afectadas por la caída en ventas y las altas tasas fijadas por el Banco Central que afectan su financiamiento.
"El nuevo esquema monetario coincide con la caída de las expectativas de empleo. Es el cuarto mes que se ubica por abajo (del nivel promedio de los últimos años) y estamos en un escenario de fuertes cambios en los precios relativos, por lo que las empresas reaccionan de forma diferente", afirmó el subsecretario de estadísticas de la secretaría de Trabajo, José Anchorena.
La otra alarma que se encendió en tablero es el empleo privado formal: retrocedió un 0,3% mensual y 0,9% interanual. En relación al mismo mes del año pasado, la disminución fue impulsada a nivel sectorial por la construcción, industria manufacturera, transporte y comercio, mientras que desde el punto de vista geográfico tuvo lugar en la mayoría de los aglomerados, siendo los más afectados Gran Resistencia, Gran Mar del Plata, Gran La Plata y Gran Tucumán.
En tanto, la evolución del trabajo registrado en agosto se estancó en términos mensuales e interanuales, por lo que se contabilizó un total de 12,2 millones de ocupados formales, unos 150.000 menos que en noviembre, cuando alcanzó su máximo nivel.
De ese total, un 51% integra el sector privado, 26% el público y 13% son monotributistas sociales, según datos elaborados a partir de los aportes y contribuciones declarados al sistema de Seguridad Social.
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Para las autoridades, las cifras de agosto muestran un "piso" en la caída que se venía registrando en el segundo trimestre, producto del impacto de la sequía y las “turbulencias cambiarias”.
En la medición desestacionalizada, el sector privado registró la pérdida mensual de 4.500 trabajadores, encabezada por monotributistas y autónomos, mientras que las empleadas de casas particulares crecieron en 2.800 y se mantuvieron sin cambios los asalariados, la principal modalidad de ocupación privada con 6,2 millones de empleados.
En el último caso, la fuerte disminución de personal concentrada en la industria, actividades inmobiliarias y construcción -donde se redujo en más de 7.000 empleados- se vio compensada en forma parcial por el agro y la enseñanza, que crecieron en una cantidad similar de trabajadores.
Por otra parte, el sector público se incrementó en 6.300 trabajadores y los monotributistas sociales en otros 3.000, lo que equilibró el desempeño negativo de todo el rubro privado.
En comparación con los registros semestrales de 2016 y 2017, el promedio de los ocho primeros meses del año arrojó un cambio neto mensual negativo de 13.200 puestos en total, explicado principalmente por los monotributistas sociales y, en menor medida, por asalariados privados y autónomos.
Esto se debe a la decisión del Gobierno de reempadronar a los monotributistas agrarios, con una reducción de sus beneficios, y los efectos de la recesión sobre la economía producto de las medidas de ajuste.
En cuanto a los salarios, los números reflejan el impacto de la suba de precios. El Índice de Salarios del INDEC creció un 21,9% interanual frente a una inflación en igual período del 34,4%, una diferencia de 12 puntos.
En la misma línea, la secretaría de Trabajo informó que los ingresos promedio de los asalariados privados se redujeron un 6,1% interanual en términos reales, mientras que su variación acumulada en los últimos 12 meses fue negativa por primera vez, al caer 0,8%.
Tal como adelantó iProfesional a principio de mes, el Gobierno habilitó la reapertura de paritarias para moderar la pérdida de poder adquisitivo. En ese contexto, Camioneros logró este miércoles reabrirla y pactar un adicional del 17%, que lleva el aumento total al 40%, luego de encabezar varias protestas y amenazar con un paro en su actividad.
El acuerdo se suma a los más recientes de los trabajadores de Aerolíneas Argentinas (35,7%), pasteleros y obreros de la industria de la carne (35%), y sanidad (37%).
Medidas antidespidos
El Gobierno confirmó que ya comenzó a tomar medidas para contener los signos de deterioro del mercado de trabajo. El Ministerio de Producción y Trabajo, encabezado por Dante Sica, agilizó los tiempos de tramitación del subsidio REPRO (Plan de Recuperación Productiva), a la vez que incrementó los montos y extendió su plazo, con la finalidad de evitar despidos en el sector privado ante el aumento registrado en los pedidos de asistencia por parte de las empresas en crisis.
Sica y Triaca ya están en contacto con representantes para evaluar cada caso. "Las solicitudes de REPRO aumentaron parcialmente, pero no tanto como marca la actividad y no sirve para medir el nivel de actividad", explicaron desde la secretaría de Trabajo. Según datos del área laboral, en 2018 hubo cerca de 40.000 trabajadores cubiertos por subsidios antidespidos (25.395 con REPRO y 14.819 con el Programa de Sostenimiento de Empleo), una cifra pequeña en relación a los 6,2 millones de asalariados privados formales. Los principales pedidos provienen de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, CABA, Río Negro y Córdoba. En su mayoría, se trata de Pymes de la industria alimenticia, la metalúrgica, automotriz, textil, y la agroindustria, donde se registra la mayor cantidad de solicitudes a raíz de la sequía que afectó a los fabricantes de maquinaria para el campo.
Entre los cambios recientes, se destacan:
- La ampliación de los plazos y los montos mínimos del programa utilizado para potenciar su impacto en el funcionamiento de las empresas
Moyano anunció que Camioneros consiguió 40% de aumento salarial
- En las firmas con menos de 100 dependientes, se amplió la asistencia por empleado de $3.000 a $4.000 por 6 meses, con posibilidad de una prórroga justificada
- En las de más de 100, se extendió la asistencia de $ 2.500 a $3.500 por seis meses por cada trabajador, con posibilidad de una prórroga justificada (en ambos casos durante el 2017 y hasta el dictado de la nueva resolución el plazo era por 90 días)
- Celeridad en los tiempos administrativos a los fines de otorgar el beneficio en un período máximo desde que ingresa con la documentación completa.
- Especial tratamiento a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) como "corazón" del modelo productivo y principales creadoras de empleo.
Desde su inicio, la gestión de Macri redujo el uso del REPRO y lo restringió a las empresas con situaciones de crisis "coyunturales".
En cambio, si una firma ya participó del programa sin superar sus dificultades en el plazo previsto o presenta "problemas estructurales", el Gobierno le ofrece un subsidio temporal destinado a los trabajadores despedidos (Programa de Transformación Productiva), una modalidad que es rechazada por los gremios.