El Gobierno lleva a la Corte la reforma para que todos los jueces paguen Ganancias

El Gobierno volvió a la carga y dio nuevos pasos para avanzar en su plan para que los jueces paguen el Impuesto a las Ganancias. Fue el último viernes, a través de la presentación de un recurso de queja ante la Corte Suprema para intentar destrabar la reforma a la ley aprobada por el Congreso en 2016 y cuyo impacto la Justicia limitó a los magistrados, funcionarios y empleados que ingresaron a carrera desde el 1 de enero de 2017, dejando fuera de su alcance a la gran mayoría de los 20.300 integrantes del personal judicial.

La queja del Ministerio de Justicia fue girada a la Corte luego de que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal rechazó el lunes de la semana pasada un recurso extraordinario presentado por las autoridades, según el expediente de la causa al que accedió iProfesional.

Con este revés, el máximo Tribunal sería la última carta del titular de la cartera judicial, Germán Garavano, para frenar el conflicto abierto en noviembre del año pasado, cuando un fallo de primera instancia interpretó que solo los nuevos funcionarios designados en sus cargos desde 2017 deben pagar Ganancias, “excepto que hubieran ingresado a ellos con anterioridad”.

El juez en lo Contencioso Esteban Furnari le dio la razón así a la Asociación de Magistrados, Funcionarios y Jueces (AMJFN), que resiste la aplicación de la ley.

La Justicia interpretó que solo los nuevos funcionarios designados en sus cargos desde 2017 deben pagar Ganancias, “excepto que hubieran ingresado a ellos con anterioridad”.

La reforma del gravamen impulsada por el oficialismo incorporó a la cuarta categoría a los “nombramientos” a partir del año pasado de los agentes del Poder Judicial y los Ministerios Públicos de la Nación, de las provincias y la Ciudad. Pero en marzo pasado, la Cámara ratificó el criterio sostenido por Furnari a favor del gremio de jueces encabezado por María Gómez Alonso de Díaz de Cordero.

Esto significa que un secretario con antecedentes en la función pública que ahora fuera nombrado juez no debe pagar el tributo, pero sí un abogado proveniente del sector privado que accede a ese cargo, por carecer de carrera pública.

En la primera situación se encuentra más de un 70% de las personas que integran listas y ternas para ser jueces y que actualmente son secretarios del Poder Judicial. Para Furnari, de aceptarse la interpretación oficial, ocurriría el contrasentido de que el acceso a un cargo superior por parte de un funcionario judicial supondría una merma en la remuneración, atentando contra la carrera judicial.

Por la discusión sobre el gravamen, la titular de la AMFJN se cruzó con Garavano en la cena de fin de año en diciembre pasado celebrada por la entidad en Puerto Madero. Frente al ministro de Justicia, la jueza de la Cámara Comercial, Gómez Alonso de Díaz Cordero defendió la acción legal iniciada para que “no se afectaran los derechos de quienes transitaban la carrera judicial cuando se concretaron los primeros descuentos sin que la ley hubiera sido reglamentada”. Pero el funcionario ratificó su postura sobre la ley.

En la cartera de Garavano sostienen que todos los jueces deberían pagar el tributo, sin importar si forman parte o no de la administración judicial. Y que no deberían tener un régimen diferenciado del de sus pares del Poder Ejecutivo y Legislativo, que son alcanzados por el tributo.

Para el juez, de aceptarse la interpretación oficial, ocurriría el contrasentido de que el acceso a un cargo superior por parte de un funcionario judicial supondría una merma en la remuneración

La batalla tiene lugar en medio de las medidas del Gobierno para aumentar la recaudación de Ganancias sobre la cuarta categoría, mediante la reducción de las deducciones, y disminuir las asignaciones familiares.

Ahora, la Corte podría tardar meses y hasta un año en tratar el expediente, que mantiene congelada la reglamentación de la reforma a la ley desde mayo del año pasado. Por el conflicto, Macri se abstuvo de publicar el decreto.

El órgano supremo, sin embargo, ya se pronunció a favor de los jueces al señalar en un informe publicado por el Centro de Información Judicial que “queda claro que todos los empleados, funcionarios, fiscales, defensores y magistrados que están en funciones no pagarán el impuesto”, y que, en cambio, “quienes ingresen a partir de 2017 estarán obligados a pagarlo”.

Avances limitados

El Gobierno ahora busca avanzar con la aplicación de Ganancias. Los datos del Consejo de la Magistratura a los que accedió iProfesional muestran que desde el 1 de enero del 2017 hasta el 31 de julio pasado 400 agentes ingresaron a la planta judicial y, de ese total, 385 pagaron el tributo. Entre ellos figuran 4 jueces de primera instancia, 2 de cámara y 6 directores (cargo del escalafón administrativo equivalente en términos salariales al de los jueces). No obstante, si el cálculo se hace sobre un total estimado de 1.000 jueces que revisten en la Justicia, hoy solo el 0,6% paga el impuesto.

Con todo, cerca de Garavano no se desaniman y se muestran optimistas. Creen que la batalla para gravar a ese sector es de largo plazo, teniendo en cuenta que la renovación de los cargos y el ritmo de ascensos en la carrera judicial es lento. “En un momento tenés que empezar con los cambios. Si arrancás ahora, los jueces se van jubilando y con la renovación de cargos, en 40 años van a pagar todos Ganancias”, estimaron en el Ministerio de Justicia. Ese es el caso de un empleado que ingresó ahora con 20 años de edad y llegara a ser designado juez en el futuro. Por no tener carrera previa al 2017, recién entonces sería alcanzado por Ganancias.

Según datos del Consejo de la Magistratura a los que accedió iProfesional, sobre un total estimado de 1.000 jueces que revisten en la Justicia, hoy solo el 0,6% paga el impuesto a las Ganancias

Así las cosas, los magistrados se mantienen al margen de un impuesto que en diciembre de 2017 alcanzó al récord de 2,2 millones de trabajadores, según reconoció el jefe de Gabinete, Marcos Peña, en su última presentación ante el Congreso. Macri había prometido durante su campaña que iba a reducir el impacto del impuesto sobre los asalariados. Pero desde 2012 la base de contribuyentes se expandió impulsada por el aumento de los salarios y la suba del mínimo no imponible por detrás de la inflación.

De esa forma, hoy es alcanzado el trabajador soltero y sin hijos es alcanzado a partir de un salario neto de $29.855, y el casado con dos hijos de hasta 18 años, desde los $39.495. La paradoja es que mientras los asalariados tributan, la mayoría de los jueces -con sueldos que pueden llegar a rozar los $200.000- están exentos.

Desde el Gobierno aseguran que el perjuicio fiscal por no aplicar Ganancias a los jueces es “simbólico”. Según un cálculo de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la AFIP dejará de recaudar este año $6.991 millones por la exención a los magistrados. En 2016 y 2017, el Estado había dejado de recaudar $4.607 y $5.759 millones, en cada caso. Pero en el equipo de Garavano minimizan el bache de ingresos y estiman que sería la mitad del número proyectado por ACIJ.

La paradoja es que mientras los asalariados tributan, los jueces -con sueldos que pueden llegar a rozar los $200.000- están exentos

Los funcionarios, no obstante, afirman en que el régimen de excepción del que goza la Justicia desde 1936 ya no tiene razón de ser. Y se apoyan en los recientes dichos de la candidata de Macri para ocupar la Procuración General, Inés Weimberg de Roca, quien intervino en el debate hace dos semanas al defender su propia postulación a dicho cargo en el Senado. La jueza recordó que cuando en el 2000 fue elegida para integrar la Justicia porteña, una de las condiciones era pagar el impuesto en cuestión.

“Así que todos los que integramos la Justicia de la Ciudad siempre estuvimos dispuestos a pagar”, respondió Weimberg, ante una consulta en el Congreso.

Tironeos con la Corte

La pelea con el Poder Judicial llegó hasta el máximo Tribunal en un momento de tironeos con las autoridades políticas. Uno de los principales es por el futuro de los fondos millonarios de los que dispone la Corte, cuyo titular es Ricardo Lorenzetti.

En julio, sus cinco miembros resolvieron con una acordada crear un “fondo anticiclíco” y blindar así los cerca de $15.000 millones que el órgano atesora desde 2008, justo cuando Mauricio Macri busca aplicar un ajuste en el Estado de $300.000 millones.

En las últimas horas, el máximo Tribunal envió otra señal al Gobierno: dictó un incremento salarial del 10% a partir del 1 de agosto pasado, remunerativo y bonificable para todas las categorías del escalafón del Poder Judicial de la Nación.

Los cortesanos vienen de reclamar dinero al Ejecutivo luego de que le negaran la reasignación de partidas presupuestarias solicitadas. En una carta dirigida al jefe de Gabinete, Marcos Peña, los cinco integrantes de la Corte advirtieron en junio que si no recibían fondos había “un riesgo de inmediata paralización de las actividades del alto tribunal”.

En las últimas horas, la Corte Suprema envió otra señal al Gobierno: dictó un incremento salarial del 10% a partir del 1 de agosto pasado

En el Gobierno, en cambio, dijeron que el órgano había subejecutado partidas y que ya se habían otorgado aumentos salariales, por lo que no precisaban más recursos. De fondo, el oficialismo busca que la Corte acompañe el recorte del gasto público y el congelamiento salarial de la administración acordado con el FMI.

También hay una disputa creciente por dos elecciones clave previstas para fin de año que podrían modificar las relaciones de fuerzas en el Poder Judicial. Una es la renovación de 6 de los 13 miembros del Consejo de la Magistratura. El Ejecutivo ansía lograr una mayor influencia a través de los consejeros de los abogados en el organismo encargado de seleccionar jueces.

El otro “comicio” caliente es el de los supremos, quienes en diciembre definirán el próximo presidente de la Corte. A Macri le gustaría colocar allí una figura más afín que Lorenzetti. Pero no le será fácil reemplazarlo: el jefe de la Justicia todavía es visto como una barrera a las presiones oficiales denunciadas sobre algunos jueces y fiscales.