Desplome de la inversión privada, el temido efecto colateral de la causa por los "cuadernos de la corrupción"

Hasta ahora, el Gobierno ha celebrado las consecuencias políticas del escándalo de los "cuadernos de la corrupción". Sin embargo, es posible que todavía no haya tomado plena dimensión de que puede conllevar una parte negativa en la faz económica: son muchos los empresarios y economistas que prevén que pueda agudizar la recesión, bajo la forma de una caída en la inversión privada.

El motivo es que lo que aparece bajo cuestionamiento no es apenas el accionar aislado de algunas empresas o ejecutivos, sino todo el sistema de la obra pública. Ahora, bajo sospecha generalizada de corrupción, es candidata a sufrir un intenso escrutinio que, para algunos, podría implicar demoras en la ejecución de obras y hasta el retiro de algunos grupos.

Quienes apuntan a esa posibilidad miran los antecedentes de desplome en los niveles de la obra pública, como ocurrió por ejemplo en Brasil.

Algo de esto advirtió Miguel Acevedo, nada menos que el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA). "Estoy muy preocupado y convencido de que puede impactar; ya pasó en el Lava Jato”, confesó el líder de los industriales. 

Acevedo también puso en duda la suerte del mecanismo de las PPP, que acaba de lanzarse y que el Gobierno promocionó como las inversiones de compañías privadas, que llegaban para potenciar la maquinaria de la obra pública.

"Quién va a poner planta en la Participación Pública Privada (PPP); quién va a dar las garantías. Todo el sector está sospechado y eso significa que todo lo que se mueve alrededor sufrirá", analizó.

Un análisis completo y, a la vez, inquietante. Sobre todo si se tiene en cuenta que las empresas que figuran en los famosos cuadernos engloban obras por unos u$s22.000 millones.

La cifra abarca los contratos pagados por el Estado nacional y vinculados con la energía, incluyendo proyectos de Enarsa, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) o Nucleoenergática Argentina S.A. Hay también obras adjudicadas por el Ministerio de Energía, que comanda Javier Iguacel, y las mismas sociedades estatales a las siete empresas cuyos directivos están detenidos o bajo investigación por la causa de los cuadernos K.

Dentro de esos proyectos figuran la realización de obras en gasoductos y plantas compresoras de gas; la construcción de terminales de ciclo combinado y trabajos en Atucha III, la central térmica de Río Turbio. También, dos mega represas en Santa Cruz y la central hidroeléctrica Piedra del Águila, entre otros millonarios emprendimientos.

Sin embargo, a una semana de la explosión política tras la difusión de los cuadernos de Centeno, hay dos cosas ciertas:

● Nunca antes empresarios pertenecientes a grupos de primer nivel habían quedado involucrados en un caso por el pago de coimas.

● La experiencia brasileña enciende luces amarillas sobre el futuro. Las estimaciones en el país vecino indican que el Lava Jato le costó a Brasil el equivalente a por lo menos 2,5 puntos del PIB a lo largo de los cuatro años que duró la investigación.

Se trata de un cálculo conservador. Cerca de lo que estimaron investigadores independientes del caso, como el Instituto Internacional de Finanzas (IIF), que congrega a los bancos y fondos de inversión globales más importantes.

Si fuera así, podría determinarse que el Lava Jato implicó un costo por la friolera de u$s50.000 millones. Ese el impacto negativo teniendo en cuenta que el PIB brasileño ronda los 2 billones de dólares.

A ese quebranto debe añadirse la pérdida de puestos de trabajo. Por citar a Obedrecht -una de las principales compañías implicadas junto a Petrobras-, la cantidad de empleos directos cayó de 180.000 a 60.000 personas.

Brasil tiene otros guarismos que la Argentina, pero está claro que cuando el mundo de los negocios se estremece -sea con el Lava Jato o ahora con los cuadernos de Centeno-, la economía sufre.

Bajo esa previsión, en los últimos días se notaron caídas en las cotizaciones de las acciones y bonos de empresas argentinas. Sucedió en Wall Street con el papel de Ternium -luego de que se supiera que Héctor Zabaleta -un ex directivo del grupo Techint- pasaría por el despacho del juez Bonadío.

Pero también pasó con otros papeles listados en la Bolsa de empresas que no están vinculadas con el caso que se ventila en Comodoro Py.

Los inversores -sobre todo los extranjeros, pero también los locales- tienen en la mira el caso y todos los detalles que van emanando desde Tribunales, así como también los pasos que va dando el Gobierno.

Ni en Wall Street ni en el microcentro porteño pasaron desapercibidas las últimas declaraciones de Mariano Federici, titular de la Unidad de Información Financiera (UIF). Federici prometió que, en paralelo con lo que vaya a investigar la dupla Bonadío-Stornelli, se abrirán sumarios por otras irregularidades que pudieron cometer los empresarios.

Federici apunta especialmente al posible “lavado” de dinero en aquellas operaciones que algunos empresarios admitieron ante Bonadio. La estrategia de victimizarse argumentando extorsión para financiar la campaña electoral de Cristina Kirchner podría salvarlos por coimeros pero no por el manejo de dinero en “negro”, si la advertencia del responsable de la UIF se concreta y avanza.

También la AFIP puso una mirada atenta en lo que sucede en la Justicia. Si esos fondos fueron producto de la evasión de impuestos, los empresarios también deberían dar explicaciones al respecto.

Los banqueros ya avisaron que, por las dudas de ser requeridos, ya están trabajando en “peinar” las cuentas y operaciones con las empresas convocadas por Bonadio.

En esta dirección, Claudio Cesáreo, titular de ABA, la cámara que agrupa a las entidades extranjeras, mencionó en público que ya están adelantando trabajo por si el juez llama a alguno de los bancos.

Brasil, el antecedente que quita el sueño

El caso de los cuadernos resulta intenso en lo que pueda suceder con las empresas investigadas, pero sobre todo con la actividad económica. Por eso es tan relevante lo que sucedió en Brasil. Algunos datos adicionales del golpe que el Lava Jato significó para la economía del socio en el Mercosur resultan elocuentes.

El nivel de inversiones, por ejemplo. Entre 2010 y 2013, las inversiones equivalían a 21,8% del PIB (promedio de esos años). En 2015, un año después del estallido del caso de corrupción, cayeron a 17,6% del PIB. Y al año siguiente, al 15,4% del PIB.

Ese retroceso impactó en el nivel de actividad: el PIB brasileño se contrajo 3,8% en 2015 y un 3,6% en 2016. Recién registró un muy leve rebote el año pasado, de 1%.

El desempleo también fue en alza. La tasa de desocupación, que en 2014 había alcanzado al 7,1% de la población económicamente activa, saltó al 13% a fin del año pasado.

Eso significa, de acuerdo con los datos de IBGE, que la cantidad de desocupados pasó de 7 millones de personas a 13,5 millones en ese lapso. Es decir que la crisis dejó a 6,5 millones en la calle. En especial, de los sectores de la industria y la construcción.

Informes preparados por medios especializados, como Carta Capital, indican que el Lava Jato fue directamente "culpable" de tres millones de desempleados, tomando en cuenta a las empresas acusadas.

Efectivamente, gran parte de lo sucedido se vincula con el sector de la construcción (afectado por el Lava Jato), que se contrajo 6,5% en 2015 y otro 5,2% en 2016.

Otro dato contundente: las inversiones de Petrobras, que habían sido estipuladas en unos u$s44.000 millones anuales antes del escándalo, después se desplomaron a u$s19.600 millones anuales. Es decir, a menos de la mitad.

¿Está condenada la inversión argentina a correr la misma suerte que la brasileña en caso de que el escándalo de los cuadernos continúe escalando? No necesariamente, porque la coyuntura de cada país es diferente y, como se esperanzan algunos en el Gobierno, esta situación puede ser percibida como un blindaje contra el regreso de las políticas populistas.

Pero para que eso ocurra, el panorama político debe estar mucho más despejado. Y, de momento, todo es incertidumbre, tanto a nivel de los funcionarios como de los empresarios contratistas de la obra pública.

Como todos los empresarios saben, la volatilidad y un horizonte de corto plazo conforman el peor escenario para tomar decisiones de inversión.