Bienvenida al FMI: Macri escenifica un "Pacto Social" para despejar dudas sobre el apoyo político al plan de ajuste
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Bajo la apariencia de un acuerdo fiscal, el Gobierno puso en marcha una suerte de Pacto Social con los caciques del peronismo.
Ese es el objetivo del raid de reuniones que mantuvieron los funcionarios en las últimas horas con cerca de 16 provincias, a las que se les ofreció una nueva fórmula -más amigable- para compartir los costos del ajuste y blindar así el Presupuesto 2019, el terreno donde se dirimirá una de las principales batallas para implementar el acuerdo con el FMI.
Será un desafío que deberá sortear las crecientes señales de rechazo dentro y fuera del Congreso que amenazan con complicar el plan oficial.
El avance en las negociaciones en marcha -o, al menos, la muestra de diálogo político- es la señal de confianza que aguardan en la Casa Rosada, donde este viernes por la noche el presidente Mauricio Macri, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el jefe de Gabinete, Marcos Peña recibirán a la directora del FMI, Christine Lagarde, tras su arribo al país.
Tal como figura en el último staff report del organismo, el "consenso social" es una pieza clave del programa económico acordado en Washington. De ahí la preocupación del macrismo por escenificar un clima de acuerdo con sus socios de hecho en la administración cotidiana del poder.
"Los que votan el Presupuesto son los gobernadores a través de diputados y legisladores", indicaron cerca de Dujovne.
El titular de Hacienda y su par de Interior Rogelio Frigerio, uno de los principales interlocutores de Cambiemos con el PJ, fueron los encargados de trasmitirle a los ministros de Economía provinciales la nueva propuesta para reducir este año el déficit fiscal al 2,7% y el próximo, a 1,3%.
En lugar de hacerse cargo de un 50% del recorte, las gobernaciones afrontarán una carga del 33% y la Nación, el 66% restante.Esto significa que las primeras deberán achicar el gasto en $100.000 millones y el segundo en $200.000 millones.
Pero el panorama no está claro todavía, sobre todo por la reticencia en algunos distritos a tocar los subsidios energéticos y las jubilaciones, dos capítulos clave para el FMI.
Luego de recibir el miércoles a las provincias aliadas -Corrientes, Mendoza, Jujuy, Ciudad y Buenos Aires-, los funcionarios continuaron las gestiones ayer con el peronismo federal, durante una reunión al mediodía con Misiones, Río Negro y Neuquén, y por la tarde fue el turno de Córdoba, Tierra del Fuego, Entre Ríos, Salta, San Juan y Chaco.
Los intercambios continuarán la semana próxima con Santiago del Estero, Santa Fe, La Pampa, La Rioja, San Luis, Santa Cruz, Catamarca, Tucumán y Formosa.
El Ejecutivo flexibilizó su estrategia y extendió rápidamente los contactos a lo largo y ancho del país ante las dificultades para cumplir las metas económicas previstas, pero también frente a los movimientos contestarios que aceleró la llegada de Lagarde en sectores peronistas, la CGT y miembros de la propia alianza gobernante.
Para contrarrestarlos, fuentes de Cambiemos confirmaron a iProfesional que no descartan sumar a las tratativas a otros dos articuladores inevitables del peronismo: el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, y el titular del bloque del PJ en el Senado, Miguel Pichetto. Frigerio sería el encargado de acercarlos.
Congreso rebelde
Por estas horas, el massismo analiza cómo llevar el acuerdo standy by por u$s50.000 millones al Congreso, una jugada que ya fracasó el 19 de junio pasado cuando el Frente para la Victoria y el Frente de Izquierda no lograron quórum para sesionar, al no obtener el apoyo del Frente Renovador.
"Recién ayer y por publicación del FMI tuvimos acceso a lo que se negoció. Yo estoy evaluando jurídicamente lo que debemos hacer, porque el kirchnerismo pagó parte de la deuda pero siguió y seguimos pagando membresía. Y es su decreto el que posibilita que el gobierno tenga una herramienta para decir que no es necesario pasarlo por el Congreso", dijo a este medio Graciela Caamaño, diputada del espacio encabezado por Massa.
En rigor, el artículo 60 de Ley de Administración Financiera establece que es facultad exclusiva del Poder Ejecutivo la celebración de acuerdos, como el Stand By. El bloque del PJ en Diputados, cuyos referentes son Diego Bossio y Pablo Kosiner, reconocen esa prerrogativa, por lo que no consideran necesario que el Congreso discuta el acuerdo.
No obstante, exigen conocer los detalles mediante una exposición de los funcionarios de Hacienda y Seguridad Social en el recinto. La postura de Bossio y Kosiner lleva tranquilidad al oficialismo.
"Ni se habla de ese tema, sería ponerse a tiro de la 125 y no creo que se vuelvan a tropezar con la misma piedra", señalan en el bloque de Diputados de la UCR.
Pichetto es la otra figura clave de la que depende el acuerdo, por su relación con los gobernadores, el sindicalismo y el peronismo federal.
El senador se quejó el miércoles de la estrategia económica. En una entrevista en el programa 50 muntos de LN+, aseguró que el Gobierno "fragilizó" los ingresos con la reducción progresiva de retenciones al campo. En su espacio piden gravar a la minería, cerealeras y bancos.
Pero también el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, apuntó contra los derechos de exportación esta semana, reabriendo las heridas en Cambiemos, que Macri intentó cerrar el miércoles al rechazar cualquier cambio en esa materia durante su conferencia de prensa en Olivos.
El fuego amigo aceleró el giro del oficialismo, que hasta la semana pasada insistía en compartir por el igual el costo del ajuste.
Ahora en la Rosada están convencidos que el tendido de puentes con gobernadores, Pichetto y Massa, incluido el sindicalismo dialoguista, será suficiente para avanzar en la discusión del Presupuesto.
"Es un acuerdo político", señalan cerca de Frigerio. Pero también reconocen que alcanzar el equilibrio no será fácil. Por empezar, los sectores opositores que difundieron una carta en rechazo al acuerdo con el FMI realizarán una manifestación este viernes, mientras que más de un centenar de organizaciones y movimientos lo hará el sábado. "La carta no ayuda", admiten en el Ministerio de Interior.
Entre los firmantes de la misiva, figuran los triunviros Juan Carlos Schmid y Héctor Daer, quienes ayer brindaron una conferencia de prensa en la que renovaron su pedido de un cambio de rumbo y su negativa a respaldar el plan de ajuste. "Si el Fondo viene a buscar el consenso social que ha pedido la directora Christine Lagarde, tiene que saber que no va a contar con el aval de esta CGT, por más que tengamos reuniones de carácter institucional", disparó Schmid, y pronosticó la apertura de un "frente de conflicto infinito".
A su turno, Daer ratificó la necesidad de que el FMI "tenga una radiografía de la crisis social". Fue el exponente del ala dialoguista en Azopardo, más proclive a proseguir los contactos con técnicos de Lagarde para acordar una salvaguarda del empleo que a una confrontación callejera.El dilema del recorte
En el plano económico, Dujovne podrá mostrarle hoy a Lagarde el avance en la reducción del déficit fiscal, en lo que el Ejecutivo concentra todas sus energías por considerarlo el objetivo más determinante de todo el esquema diseñado con el FMI.
El ministro anunció ayer en conferencia un rojo de 0,9 puntos del PBI en el resultado primario y el sobrecumplimiento de la meta del semestre de 1,1%.
El ahorro de $25.364 millones fue a costa de una mayor recaudación en relación a los gastos, alimentada por IVA y débitos-créditos, y por el fuerte recorte en gasto de capital, sobre todo vivienda, transporte, obra pública y agua y alcantarillado, y en menor medida educación.
Los recortes se sintieron también en las transferencias a las provincias y los subsidios, principalmente a la energía. Así, los tres capítulos del gasto permitieron que el semestre mejore el resultado de las cuentas fiscales. El problema serán los próximos meses
"Los subsidios revirtieron la caída de los primeros cuatro meses del año y ahora están subiendo fuerte, uno de los componentes claves del control del gasto, por el impacto de la devaluación ya que somos importadores de combustibles", explicó a este medio Ariel Barraud, economista del Iaraf.
Uno de los aspectos por resolverse es el contenido del ajuste compartido. En las provincias patagónicas temen que el próximo tijeretazo afecte al "Fondo Fiduciario" que subsidia el consumo de gas en zonas frías y se incrementó fuerte en el último año, con una suba superior al 2.000%.
Respaldados por Pichetto, los gobernadores del sur impulsan un proyecto para prorrogarlo por 10 años, a la vez que se oponen a modificar los regímenes de jubilación por zona, en momentos que el Gobierno busca "armonizarlos", junto con los especiales y diferenciales.
"Cualquier intento de de reducir déficit que solo contemple ajuste es inviable. El ajuste no debe ir sobre los más débiles", señalaron a este medio desde el bloque del PJ en el Senado.
En el frente inflacionario, el Gobierno enfrenta mayores dificultades. Aunque Macri prometió el miércoles bajarla en 10 puntos para 2019, el índice de precios del consumidor trepó en junio 3,7% y marcó una fuerte aceleración respecto de mayo, por lo que acumuló un alza de 16% en lo que va del año y un 29,5% en los últimos 12 meses, el mayor registro desde marzo 2017.
De ese modo, la variación superó el límite superior de la banda intermedia, del 29%, fijado en el memorándum, lo que implica según Ecolatina que "el staff del FMI ya está habilitado a discutir la respuesta política del Banco Central".
En rigor, el memo conocido el 12 de junio pasado advierte que "las perspectivas de inflación serán una parte crítica de cada revisión dentro del acuerdo", por lo que "el BCRA discutirá con el staff del Fondo la respuesta de política apropiada si la tasa de inflación de 12 meses del IPC excede el límite superior de la banda interior".
Pero Dujovne minimizó la cuestión al señalar ayer que habrá "simplemente la misma comunicación que tenemos con el personal y que venimos teniendo habitualmente desde que iniciamos nuestra relación con el Fondo".
El repunte del dólar -ayer subió 4 centavos y cerró a $28,36- tampoco es una buena señal. Desde que llegó el primer tramo de u$s15.000 millones del organismo, el Gobierno ya gastó u$s2.200 millones, según un cálculo de Jorge Neyro, economista de ACM. De esa suma, u$s1.900 millones corresponden a las subastas de Hacienda y u$s300 millones al BCRA, a cargo de Luis Caputo.
La cartera de Dujovne viene subastando un promedio de u$s100 millones por día, aunque el miércoles tuvo que desembolsar u$s250 millones por la mayor demanda en el mercado mayorista.
De mantenerse la presión sobre el dólar, Hacienda terminaría de consumir los u$s7.500 millones de las subastas a mediados de octubre, justo cuando se discutirá el Presupuesto. Los otros u$s7.500 millones integran las reservas del Central. Si bien el memorándum limita su uso, los hombres de Caputo aseguran que tienen margen de maniobra.
"Con esa otra mitad de los u$s15.0000 millones, el BCRA puede hacer lo que quiere, puede venderlos sin límites ahora si quisiera", señalaron fuentes de la autoridad monetaria.