Moyano desafía al Gobierno y organiza bloqueos para exigir a las empresas el "libre deuda sindical"
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La avanzada del Gobierno contra el poder de Hugo Moyano se encontró con un obstáculo inesperado.
La contraofensiva emprendida por Camioneros en los últimos días contra la resolución del Ministerio de Trabajo que prohíbe los controles del sindicato a las empresas por presuntas deudas de aportes e ítems convencionales, abrió una grieta en el ámbito empresarial, en donde importantes contratistas siguen exigiendo a las dadoras de carga el certificado "libre de deuda" extendido por el gremio, por temor a ser blanco de los bloqueos iniciados por la organización.
En una muestra del poder de disuasión del sindicato, una cementera líder le pidió la semana pasada a las empresas de transporte que presentaran el "libre de deuda" expedido por el gremio para evitar eventuales medidas de fuerza.
"Estamos autorizando el ingreso de los camiones, pero los mismos tienen algún faltante; por ejemplo el libre de deuda sindical", indicó la firma en un mail al que pudo acceder iProfesional, que no figura en la planilla formal de requisitos para el ingreso de camiones a sus plantas. Otras compañías siguieron el mismo camino.
La solicitud de las contratistas choca con la resolución dictada el 14 de junio pasado por la cartera laboral, encabezada por Jorge Triaca, según la cual las leyes "no prevén ningún tipo de certificado emitido por entidad sindical alguna de libre de deuda de aportes, contribuciones, obra social ni cuota sindical, siendo ello una facultad que se arroga el gremio, impidiendo a las empresas solicitantes de sus derecho de ejercer toda industria lícita, lo cual viola garantías".
El documento ministerial especifica que "no es legal" tampoco que las empresas exijan la verificación a las subcontratistas.
De ese modo, Triaca apunta a desbaratar la estructura de poder que supo montar Moyano durante la gestión del exministro Carlos Tomada, que en diversas resoluciones autorizó al sindicato a certificar el cumplimiento de condiciones laborales y de la seguridad social de los contratistas, como fue el caso de Café La Virginia en 2006. Apoyándose en una cláusula del convenio colectivo y en el artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, el gremio logró doblegar a grupos de la talla de Techint, haciéndolos "solidarios" de las obligaciones contraídas por las transportistas, representadas por la Federación del Transporte de Carga (Fadeeac).
Por ello, en su última junta directiva, la cúpula de la Unión Industrial Argentina (UIA) celebró la medida del Ministerio de Trabajo por considerar que la exigencia del certificado expedido por el gremio "generaba conflictividad y encarecía la cadena logística, impactando negativamente en la competitividad argentina".
"Nos parece correcto y ya lo hemos divulgado a todas las cámaras", dijo a iProfesional el vicepresidente de la central fabril y titular de la Cámara de la Industria Alimenticia (Copal), Daniel Funes de Rioja.
Por lo bajo, los empresarios siguen con preocupación los movimientos de Moyano, cuyo gremio inició a fines de junio una ola de verificaciones itinerantes en plantas industriales del interior del país y que amenaza con extenderse a distintos rubros de la actividad privada.
Ese es el caso de las plantas frigoríficas del grupo Motta, en la localidad de Racedo, en Entre Ríos, donde Camioneros mantuvo controles durante seis días hasta el jueves pasado y detectó presuntas irregularidades en las condiciones laborales de los choferes.
El acampe sindical frente a los accesos desató un conflicto con el sindicato de la carne que denunció el bloqueo de las plantas ante la secretaría de Trabajo de Entre Ríos, pero las autoridades locales terminaron reconociendo que el sindicato estaba autorizado para expedir certificados de "libre de deuda" por las resoluciones de Tomada.
El desafío de Moyano a los planes de Triaca seguirá ahora en el departamento de Uruguay, en la misma provincia, con la mira puesta en los camiones que trabajan en las canteras de empresas extractivas.
Cerca del ministro ratificaron que "ningún gremio tiene poder de policía".