Por el salvataje a Carrefour: el Gobierno enfrenta crisis con supermercados y litigio con delegados

Cuando el Gobierno había logrado encaminar el Procedimiento de crisis iniciado por Carrefour, un nuevo conflicto comenzó a amenazar el plan de salvataje avalado por el Ministerio de Trabajo.

Se trata de la reacción combinada de las cámaras supermercadistas, que denuncian un trato desigual, y de la rebelión de los delegados de la empresa, quienes buscan bloquear la homologación del convenio y dar batalla incluso en la Justicia.

Toda esta situación volvió a colocar al titular de la cartera laboral, Jorge Triaca, en el ojo de la tormenta. Él es quien deberá resolver si homologa el acuerdo que encabezó el viernes pasado en la quinta presidencial, junto al CEO local, Rami Baithie, y el líder del sindicato de Comercio, Armando Cavalieri.

El trato incluye una rebaja del 50% en los impuestos, la reducción de los salarios y un plan de hasta 1.000 retiros voluntarios al 150% de la indemnización por ley.

"Está pendiente la homologación, no tenemos plazo", señaló a iProfesional una fuente de la cartera laboral.

En una guerra de solicitadas, los mayoristas, supermercados regionales y chinos salieron a cuestionar las ventajas otorgadas a la cadena francesa por considerarlas una "distorsión" competitiva que favorecería nuevo "proceso de concentración".

En las últimas horas, además, pidieron una entrevista con Triaca para alertar las consecuencias que tendría en el resto del sector, incluido el cierre de locales y la pérdida de empleo.

Según los números de la Cámara de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam), la reducción de cargas le significará a Carrefour un ahorro de $2.000 mensuales por empleado y un total de más de u$s1,5 millones por mes, con un dólar a $20,50.

"Es el 10% de la estructura de costos, eso volcado a la competitividad, va a generar un caos y una escalada incontenible", dijo a iProfesional Alberto Guida, titular de Cadam.

En tanto, la Cámara de Asociaciones de Supermercados (CAS) y su federación (FAS) también reclamaron "igualdad de trato" y advirtieron que los beneficios concedidos a la firma "exceden lo previsto en un Procedimiento de Crisis normal". Las entidades aseguran que muchos de sus socios estarían en condiciones de presentar un PPC para obtener las mismas concesiones.

Pero consideran que lo que hizo Carrefour fue "un ajuste de sus negocios" en perjuicio de sus competidores, los salarios de sus empleados y los ingresos fiscales.

"Carrefour entró en un resquicio para autofinanciarse", disparó un supermercadista.

La disyuntiva

Con todo, en el Gobierno defienden el uso del PPC. El argumento oficial es que se le dio una "ayuda" a una empresa en problemas, tal como lo contempla la normativa. Y que, por ello, desconfían de que haya una catarata de procedimientos de crisis.

"Es excepcional y temporal, puede usarlo cualquiera. Todo régimen de ayuda estatal al privado tiene una transferencia, como la ley de Pymes", explicó Daniel Lipovetzky, diputado del PRO.

Lo cierto es que este riesgo de que las demás cadenas supermercadistas llegaran con pedidos de alivio impositivo fue algo que el ministro Triaca tuvo en cuenta desde el principio como una posibilidad.

De hecho, la primera reacción oficial fue negarse a una disminución en los aportes patronales de Carrefour.

El argumento era que de avanzar por ese camino, el Estado perdería una fuente de recaudación en aportes y contribuciones correspondientes. Sin embargo, a medida que avanzaron las negociaciones primó la postura de aceptar el alivio para la empresa.

Hubo una evaluación política en la reunión de gabinete de ministros, y se determinó que el caso Carrefour era lo suficientemente específico como para descartar la posibilidad de un "efecto dominó".

Eso es lo que ahora está en duda, y podría llevar al Gobierno a una situación en la que deba elegir entre pagar un costo político o un costo fiscal.Frente sindical

El otro frente que se le abrió al Gobierno surgió dentro de propia cadena, donde los delegados disidentes buscan modificar el acuerdo cerrado por Cavalieri, acaudillados por el secretario de organización Ramón Muerza.

El sindicalista disidente, que busca enfrentar al "gitano" en las próximas elecciones de Capital, fue recibido el sábado por un directivo de la compañía, luego de paralizar los locales porteños. La medida motivó el dictado de la conciliación obligatoria.

Uno de los puntos que rechazan es el tope a los adicionales para calcular el aumento salarial del 2018 y la reducción de la base de cálculo del 2019, que implicaría una quita del 20% sobre el ingreso de los 19.000 empleados de la empresa.

En su lugar, los delegados plantean mantener el esquema vigente al día de hoy, por el que el personal de la compañía percibe adicionales superiores al salario de convenio.

Cerca de Cavalieri, en cambio, sostienen que los salarios no se verán afectados. "El tope en los adicionales solo alcanza a unos pocos, no va a haber cambios. Y la rebaja de cargas sociales va a compensar esa limitación", dijo a este medio el secretario gremial del sindicato, Oscar Tedesco.

Asimismo, la conducción gremial sostiene que se preservará el empleo. "Superamos la crisis más grande después de la de Hogar obrero, con toda la furia va a haber 1.000 bajas", agregó.

El sector de Muerza también pide precisar el número de locales que se verían afectados por eventuales cierres. El sábado el gerente de la compañía les reconoció que "el 80% de las tiendas no son sustentables".

De igual modo, pretenden definir sin ambigüedades que las indemnizaciones serán del 150% para quienes acepten los retiros voluntarios, ya que el acuerdo establece un resarcimiento "de hasta el 150%".

Por otra parte, reclaman una revisión semestral en lugar de anual y limitar el Procedimiento Preventivo de Crisis a 18 meses, en lugar de los 36 que figuran en el acuerdo.

La expectativa de los delegados es que Triaca no homologue el acuerdo, bajo el argumento de que el sindicato no puede negociar un convenio por empresa sin la participación de los propios trabajadores. En las próximas horas se presentarán a la Justicia para impugnar el entendimiento.

"Este acuerdo no tiene consenso de trabajadores, ni de las cámaras, ni dentro del Gobierno", alertó el delegado de la sucursal Warnes, Mario Amado, dejando en claro que la negociación no es tan simple como la presenta el macrismo.