Punto final a nuevo estilo: vuelve el cristinismo puro y Gobierno responde a la crisis con "relato"
El Gobierno volvió a "cristinizarse": ante la primera señal de dificultades, se dejó de lado todo el "nuevo estilo" y la apertura mental para admitir errores y buscar nuevas soluciones que los había caracterizado estas semanas.
Y afloró el instinto kirchnerista en su estado más puro: la teoría conspirativa como única argumentación para explicar las dificultades económicas, la tensión social y los saqueos.
Desde ese punto de vista, las pruebas son contundentes: el hecho de que la oposición política haya "guardado silencio" ante los disturbios, sumado a la convocatoria a saqueos en las redes sociales y a que algunos dirigentes de segunda línea hayan criticado al Gobierno por no haber previsto la crisis policial, alcanza para ver una confabulación desestabilizadora.
Haber escuchado al ministro de justicia Julio Alak y al secretario Julián Álvarez explicando la existencia de una organización destinada a hacer tambalear la institucionalidad trajo reminiscencias de otros momentos de conflicto y las reacciones del Gobierno en cada uno.
Así, en 2008, durante los cortes de ruta de los productores rurales por la resistencia a las retenciones móviles para las exportaciones de soja, el kirchnerismo había personificado en Eduardo Duhalde, la Sociedad Rural y el Grupo Clarín a los responsables de un clima enrarecido cuyo inequívoco objetivo sería el de tumbar a Cristina Kirchner.
En 2010, luego del asesinato de Mariano Ferreyra tras un enfrentamiento entre dos facciones rivales del gremio ferroviario, al más alto nivel del Gobierno se insinuó que detrás del incidente estaba Duhalde, para lo cual se ofreció como "prueba" una nota periodística que tenía más de un año de antigüedad -los cibermilitantes K interpretaron erróneamente que era el diario del día anterior- en la cual se informaba una reunión entre el ex presidente y el líder ferroviario José Pedraza.
Luego, en 2011, también una conspiración, en este caso de banqueros comandados por el ex amigo Jorge Brito había sido el argumento utilizado por los funcionarios del área económica para instaurar el cepo cambiario.
No había dudas, desde el punto de vista oficial, que la fuga de dólares a una velocidad de 3.000 millones por mes tenía que ser fruto de una conspiración; no cabía la posibilidad de que un atraso cambiario agudo y una inflación en alza empujaran a los pequeños ahorristas a dolarizar masivamente sus tenencias.
Luego, en 2012, cuando se produjeron los "cacerolazos" de protesta, la primera reacción fue negar el carácter espontáneo de las manifestaciones
Era obvio para el Ejecutivo que habían sido fogoneadas por grupos organizados, que también tenían el objetivo de desestabilizar al Gobierno para forzarlo a dar marcha atrás en su política económica y en su lucha por la democratización de la Justicia.
A fines del año pasado, tras los saqueos en Bariloche y en Santa Fe, la Presidenta volvió a hablar de intentos de desestabilización.
Como en todos esos casos, la acusación gubernamental parece tener un efecto opuesto al buscado: victimiza a aquel a quien pretender hacer aparecer como responsable del caos.
En este caso, le realizó un involuntario favor a Sergio Massa, quien prácticamente estaba desaparecido del radar mediático y le dio pie para volver al centro de la escena.
Rápido de reflejos, Massa no sólo respondió sino que además sacó a relucir uno de sus mejores pergaminos: la prioridad de la seguridad en su gestión municipal.
"El que saquea es un ladrón que comete un delito, por eso establecimos un régimen para que las 4.000 cámaras repartidas en los once municipios funcionen como elemento de acumulación de pruebas contra aquellos que hagan intento de saqueos, para luego realizar las denuncias penales", señaló Massa.
Abrupto cambio de discurso
El argumento esgrimido ahora por el Gobierno para explicar los saqueos muestra una notable diferencia con el originalmente esgrimido para analizar el caos social en Córdoba, o como el que se había usado para explicar en 2010 la ocupación del Parque Indoamericano.
En esos casos, las declaraciones de funcionarios y de sus medios afines apuntaban a la incapacidad de los gobiernos locales para aportar soluciones a los sectores más desprotegidos o para manejar la cuestión policial.
En menos de una semana, el discurso mutó 180 grados, de forma tal que ahora la seguidilla de estallidos sociales en Neuquén, Catamarca, Entre Ríos y la provincia de Buenos Aires ya no se corresponde con la ineficiencia gubernamental ni con una situación objetivamente miserable de los habitantes que producen los desmanes. Ahora hay saqueo organizado.
Lo dejó en claro Jorge Capitanich, que luego de haber cargado sobre José Manuel de la Sota las responsabilidades de lo ocurrido en Córdoba, cambió el tono y ahora habla de "acciones deliberadas que pretenden generar caos y zozobra" luego de que la crisis se expandiera a provincias gobernadas por el kirchnerismo, incluyendo a su Chaco natal.
Fue llamativo el lenguaje utilizado en los últimos días: los medios afines al oficialismo dejaron de lado las palabras neutras como "reclamo" o "protesta" y prefirieron utilizar durante toda la cobertura periodística el término "extorsión policial".
Más duro aun, el gobernador entrerriano Sergio Urribarri usó la palabra "sediciosos" para referirse a los policías en huelga.
No es una alusión azarosa ni ingenua en boca de un referente kirchnerista: a fin de cuentas, éste es un gobierno que reivindica continuamente la militancia de los años '70, a la que en aquellos días se calificaba, justamente, como "sediciosa".
También el ministro Alak, al esgrimir como argumento irrefutable una baja en la estadística de desempleo, ha dejado en claro el objetivo fundamental que se plantea el Gobierno en estas horas: rechazar con el mayor énfasis posible las comparaciones entre los saqueos de hoy con los de 2001 o 1989.
El mayor esfuerzo político, una vez más, es la defensa a ultranza del "relato": justo cuando se conmemoran los 30 años de la democracia, y tras la "década ganada", la consigna es no permitir que el festejo se empañe con incidentes que cuestionen la pregonada "inclusión social".
Es por eso que los funcionarios K se sumaron al discurso que varios comunicadores habían levantado durante el estallido social cordobés: si los saqueadores llegaban en moto y robaban LCD en vez de arroz y fideos, entonces no se trataba de un verdadero estallido social causado por el hambre.
La batalla por el relato
Si se lleva el argumento oficialista hasta su extremo lógico, casi podría decirse que los actuales saqueos son una prueba más de la mejora socio-económica.
A fin de cuentas, la propia Cristina ha destacado en varias oportunidades, como pruebas de avance social, el hecho de que en la villa 31 se construya en altura y que en los asentamientos de emergencia haya antenas de DirecTV.
Pero queda en claro que la lucha por sostener el "relato" no es fácil. Tanto, que hasta connotados intelectuales K cuestionan los argumentos que exhibe el Gobierno en su defensa.
Como el influyente Horacio Verbitsky, director del CELS y miembro del colectivo Carta Abierta, quien admite que los efectos de la polarización social ocurrida en los años '90, "sólo fueron atenuados por los avances reparadores de la última década".
Y admite que es casi inevitable que las tensiones pueden resurgir ya que "una merma en el crecimiento macroeconómico y la generación de empleo exacerba ánimos y requerimientos, más aún si se acercan el verano y las fiestas de fin de año, y se repiten las inundaciones y los cortes de luz y agua".
Desde la vereda de los analistas más críticos la interpretación no es tan distinta, aunque claro que con una visión mucho menos indulgente respecto de lo que ha hecho el kirchnerismo para aliviar las desigualdades sociales.
"Y un día, todos esos pobres que escondimos debajo de la alfombra del IndeK aparecieron mágicamente...", escribió Diego Dillenberger, experto en comunicación política.
Además, remarca las dificultades que tendrá el Gobierno para moderar las próximas paritarias después del antecedente de la negociación con los gremios policiales.
Pero el cuestionamiento más grave que se hace por estas horas al kirchnerismo es cómo el conflicto dejó al desnudo la marginalidad cultural: después de una década de crecimiento y supuesta redistribución de la riqueza, una porción muy fuerte de la población demuestra haber perdido los valores del trabajo y ahorro como forma de lograr la movilidad social ascendente.
"Los bárbaros ya están aquí. Y para colmo están entre nosotros. O más grave aún: ante la ventaja posible de la impunidad, perfectamente el bárbaro puede ser cualquiera de nosotros", analiza el siempre ácido Jorge Asís. Con planes navideños ya no alcanza
La ola de saqueos obligó a las autoridades a incrementar los salarios de los efectivos y a tomar medidas de índole social. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, comenzaron a distribuir cajas navideñas.
Y en los distritos afectados por el temporal, que dejó a miles de vecinos sin luz desde hace una semana, entregaron subsidios a los empresarios agrarios.
Las acciones implementadas buscan apaciguar el clima antes de las fiestas. Sin embargo, no pudieron evitar que crezca un temor entre quienes conocen de cerca la realidad de los barrios: la sensación de que las medidas no sólo llegan tarde, sino que son una gota para apagar un incendio, en un escenario en el que los punteros políticos cada vez tendrían un menor control sobre la situación en las zonas más carenciadas.
"Están empezando a repartir la caja navideña, que es poco, y la asistencia social tiene un límite, porque el pan dulce y una lata de durazno no te resuelve el problema de la luz o el acceso a la garrafa. Hay un cuadro de tensión", destaca a iProfesional, el dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni.
La mayor preocupación de las organizaciones territoriales se concentra en la juventud, un sector para el que no existen prácticamente programas sociales, pese a ser uno de los más castigados por la falta de empleo y las dificultades para continuar sus estudios.
Por ello, los dirigentes barriales sostienen que los "Ni Ni" son los más amenazados por el delito.
Y argumentan la dificultad para contener, mediante el esquema de "punteros" gubernamentales que gestionan planes de asistencia, los eventuales desmanes que se produzcan una vez encendida la chispa de los saqueos.
"Es un sector explosivo. No se conforman con el pan dulce, quieren trabajo, una vida, y no la tienen", concluyen en uno de los comedores populares.