Presionada por grietas del modelo, Cristina presentó el "techo Caló" para los salarios
Fue una de las marcas de época durante la "era kirchnerista": todos sabían que el mercado laboral esperaba con ansias el momento del año en el que se anunciaba el "techo Moyano".
Se trataba del acuerdo salarial del gremio camionero, cuya importancia trascendía largamente al sector transportista, porque era interpretado por todas las empresas y sindicatos como un mensaje que el Ejecutivo enviaba respecto de cuál sería el nivel de mejora en los sueldos considerado aceptable.
Así, la foto de Moyano firmando la paritaria de los camioneros era, cada año, un evento político de suma importancia, ya que daba una pauta sobre cuál era el nivel de expansión de la demanda interna que el Gobierno preveía para la economía.
En los años de "tasas chinas", el techo Moyano podía ubicarse varios puntos por encima de la inflación, favoreciendo una fuerte recuperación del ingreso real. Y, por el contrario, en el recesivo 2009, Cristina Kirchner convenció al líder de la CGT de que no era momento para poner el énfasis en el salario sino en la estabilidad del empleo.
Pero, desde el año pasado, tras el "divorcio" político entre la Presidenta y el camionero, aquella guía que era tomada como referencia de todas las negociaciones salariales dejó de existir.
No sólo eso, sino que los ex aliados empezaron a tirar en direcciones opuestas: Cristina pidiendo "moderación" -para evitar que las empresas se vieran obligadas a despedir personal- y Moyano castigando con el argumento de la inflación galopante.
Así se llegó hasta este 2013 en el que Cristina quiere experimentar con el "techo Caló", intentando que el acuerdo de la Unión Obrera Metalúrgica -el sindicato al que pertenece el líder de la CGT "oficialista"- pueda cumplir el rol que en su momento ocupó el sindicato camionero.
Para darle más fuerza al mensaje político, la firma del acuerdo fue en la Casa Rosada -algo que podría "dar pasto" a quienes se mofan de Antonio Caló llamando a su facción "CGT Balcarce"- y contó con la presencia de la propia Presidenta.
Pero finalmente el 24% de mejora en dos tandas (la primera retroactiva a abril, la segunda a otorgar en junio), fue considerado aceptable por Caló, que debió hacer un difícil equilibrio para seguir el consejo gubernamental de cuidar el empleo y, por otra parte, no parecer "blando" a los ojos de su base sindical.
Para el Gobierno, la importancia de este acuerdo es muy grande: en un momento en el que ya no puede utilizar al dólar como ancla de la inflación, se fijó el objetivo de evitar un "desborde salarial" que pueda llevar a una espiral de precios.
El "timing" es el adecuado, además, porque éste es el momento en el que el congelamiento en los súper diseñado por Guillermo Moreno alcanza su efecto máximo. La medición de inflación de las consultoras privadas -ahora "desproscriptas" por la Justicia-, sintetizadas en el índice del Congreso, marcan una relativa estabilización.
En enero, cuando habían comenzado a negociarse los primeros convenios, incluyendo el del siempre conflictivo sector docente, la inflación medida por el Congreso era del 26% y con tendencia ascendente. Ahora, con el "plan freezer oficial", el índice cayó a 23 por ciento.
Es decir, para todos aquellos sectores que se encuentran negociando ajustes similares al acordado por la UOM -aun tomando como referencia el índice inflacionario de consultoras privadas- la cifra del 24% resulta potable.
En buen romance, se puede argumentar que no implica una pérdida de poder adquisitivo en términos reales respecto del año pasado.
El propio Caló esgrimió este miércoles ese argumento: "Creemos que el porcentaje que sacamos es la inflación del changuito", afirmó.
Pero el Ejecutivo sabe que no cuenta con mucho más tiempo, porque su discurso de "suba de precios controlada" puede tener pronta fecha de vencimiento.
De hecho, los economistas creen que el nivel actual de inflación anualizada (23%) es el "piso" que podrá lograr el Gobierno este año, y que ya durante mayo empezará a notarse un repunte más acelerado de los precios.
Hay, además, otro motivo de apuro para el Ejecutivo: en contra de lo esperado, el consumo está mostrando cifras preocupantes, con caídas reales en las ventas de supermercados y una agudización de 6,4% de descenso en todo el canal de retail en abril, de acuerdo con la encuesta de la Cámara de la Mediana Empresa.
Las cifras de recaudación impositiva refrendan este momento flojo, con un magro 13% de variación interanual para el IVA-DGI (es decir, el que está vinculado a los puntos de consumo y que no toma en cuenta la recaudación aduanera).
En ese contexto, los acuerdos por salarios con los gremios se han transformado en el "gran gatillo" que puede impulsar la demanda del mercado interno, una de las últimas "locomotoras" que le van quedando al modelo económico.
En un año electoral, esto adquiere una importancia superlativa desde el punto de vista político, porque, como han reconocido analistas afines al kirchnerismo, como Artemio López, el éxito oficialista en las urnas suele guardar una relación directa con la intensidad del consumo.Con ayuda de los amigos
Así, en un complicado equilibrio entre la "moderación", para no provocar desempleo, pero también urgido para que los aumentos salariales lubriquen la maquinaria consumista, el Gobierno apuesta a la "solución Caló".
Para darle mayor fuerza, al anuncio en Casa Rosada del acuerdo con la UOM se sumaron otros "pesos pesados".
Luego de largas y trabajosas negociaciones, los bancarios, mercantiles, trabajadores de Aguas, porteros del Suterh y empleados estatales nucleados en UPCN llegaron a la firma de convenios con porcentajes similares de mejora.
En el caso del sindicato de comercio, también el ajuste fue de 24%, dividido en una cuota desde mayo y otra a partir noviembre.
También la UPCN estampó su firma, de manera que los empleados de la administración central cobrarán sus haberes con un 23% de incremento a partir de este mes.
En tanto, los bancarios acordaron un alza del 24% retroactiva a marzo, más una compensación (retroactiva) a enero. Hay, además, componentes extrasalariales que, en los hechos, mejoran ese porcentual, como una suma fija del $3.500 por el día del bancario que se celebra en noviembre.
El conjunto de estos grandes gremios implica que la masa de asalariados que ha llegado a un acuerdo orilla los dos millones de trabajadores.El desafío de los "rebeldes"
Más allá de la euforia exhibida ayer por el Gobierno, el principal interrogante por estas horas es cuán efectivo puede ser el mensaje para aquellos sectores sindicales que no están alineados con el kirchnerismo y que están reclamando ajustes muy por encima del "techo Caló".
Ese es el caso de los camioneros, cuyo líder cuestionó el porcentaje acordado por los sindicatos oficialistas, al insinuar que no alcanzaban a superar la suba de precios prevista para este año.
"Me imagino que tendrán algo que agradecer porque si no, no creo que vayan a otra cosa. ¿Veintiocho, treinta por ciento habrán sacado?¿Habrán superado la inflación?", planteó Moyano, luego de mantener una reunión con la dirigencia de la CGT disidente para discutir la situación económica.Ese rango de suba es, justamente, el que exigiría el sindicato del líder camionero cuando arranque su paritaria en junio, y también el que actualmente reclama el gremio de la alimentación, conducido por Rodolfo Daer, para llevar el piso salarial a $6.400, pese a estar alineado con la CGT de Caló.
En sintonía con la iniciativa oficial, Daer se mostró favorable al acuerdo que firmaron este miércoles los sindicalistas de la central obrera oficialista.
Sin embargo, reconoció que la paritaria de su actividad se encuentra "estancada", porque las empresas "ofrecen un 19%" de alza. Por ello, explicó, los trabajadores realizaron el lunes paros sorpresivos de dos horas por turno.
"Lo que buscamos es mantener el poder adquisitivo", dijo a iProfesional.
En tanto, el presidente de la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), Daniel Funes de Rioja, reconoció la lentitud en la que habían entrado las paritarias y se mostró confiado en que la nueva tanda de incrementos le imprima un mayor dinamismo y moderación a los próximos acuerdos.
"Espero que con este cierre se acelere la discusión. No deberían generarse expectativas más allá de este número del 24%, en dos o tres tramos", señaló Funes de Rioja, en referencia a su sector.
Hay, además, otro efecto que preocupa a los funcionarios K: cierta presión para que se revisen los acuerdos, en la medida en que la inflación se acelere, que dispararía las llamadas "cláusulas gatillo".
Como antecedente, en mayo del año pasado, la Bancaria, los metalúrgicos, la construcción y Comercio ya habían pactado un 24% en promedio. Pero, en los meses siguientes, alimentación obtuvo un 27,5%, camioneros un 25,5% (más sumas no remunerativas), sanidad un 25%, petroquímicos un 26,5% y telefónicos un 27%, producto del alza de precios.
El efecto inflacionario sigue siendo una de las principales preocupaciones, incluso dentro de las propias filas del sindicalismo oficialista. Esto se vio reflejado en el malestar mostrado por algunas seccionales, ya que varios delegados pedían que la mejora fuera en una única tanda, tal como ocurrió el año pasado.
Pero las mayores críticas al acuerdo provinieron de la CTA de Pablo Micheli, que pospuso para fines de mayo el paro nacional con cortes de ruta que pretendía realizar esta semana junto con la central de Moyano.
El también líder de la Asociación de Trabajadores Estatales (ATE) consideró que el Gobierno "impone una pauta" y para ello "acordó con gremios amigos".
No obstante, señaló que ATE mantiene su pedido de una suba del 30% y que no le será fácil a la Casa Rosada lograr su cometido.
"Quieren condicionar al resto mostrando paritarias testigo con un porcentaje, pero van perdiendo porque hablaban a principios de año de ajustes del 20% y ahora los aumentos ya son del 24%", concluyó el líder gremial.