Cepo a las importaciones: proponen quitarle la potestad al Ejecutivo y que se determine por ley del Congreso
La política de comercio exterior es uno de los tantos temas en los que oficialismo y oposición tienen visiones distintas y cada vez que el Poder Ejecutivo ha tomado decisiones en este sentido, las críticas no tardaron en llegar. Es así que, en contra de futuras medidas discrecionales, sea quien sea el que gobierne, un grupo de diputados de Juntos por el Cambio presentó un proyecto que propone que los cepos a las importaciones o exportaciones se determinen por una ley del Congreso.
La iniciativa, encabezada por María Eugenia Vidal, pero que lleva la firma de una docena de legisladores, incluidos los tres principales jefes de la bancada -Cristian Ritondo (PRO), Mario Negri (UCR) y Juan Manuel López (CC-ARI)-, contiene una serie de modificaciones al Código Aduanero bajo el título "Argentina Exporta".
Cepo al comercio exterior: qué plantea el nuevo proyecto
Puntualmente, en la reforma que se plantea al artículo 631 de la norma que rige el ingreso y la salida de mercadería, el proyecto busca imponer que sea el Poder Legislativo quien establezca "por ley prohibiciones de carácter no económico a la importación o a la exportación de determinada mercadería" y no el gobierno de turno.
Tal decisión se podrá tomar "en forma transitoria", con el objeto de cumplir alguna de las finalidades ya previstas en el Código (como asegurar el trabajo nacional o los precios internos, entre otras), y requerirá, además, de un gran consenso político: se necesitará de dos tercios de los votos para la aprobación de este tipo de leyes, y dos tercios de los presentes para su derogación.
"Argentina necesita que de Ezeiza salgan más productos y más servicios, y muchos menos argentinos. Ese es el país que necesitamos", aseguró ante la consulta de iProfesional la diputada cordobesa del PRO Soher El Sukaria.
Asimismo, la vicepresidenta de la Comisión de Industria apuntó que "el poder exportar y poder importar lo que se necesite para producir es el equilibrio necesario para generar ingresos a nuestro país, pero además para generar empleo, que es lo que más necesita", e insistió: "Si no entendemos que las trabas constantes nos perjudican, no entendemos qué necesitamos como país".
Un Código Aduanero con más de 40 años
En los argumentos del texto, Vidal y compañía recordaron que el Código Aduanero, más allá de haber sufrido modificaciones, data de la época de la última dictadura militar. "En su texto original, el gobierno de facto se otorga a sí mismo en la modalidad de decreto ley, las facultades de prohibir tanto las importaciones como las exportaciones. Haciendo una evaluación, transcurridos más de 40 años de su sanción, creemos que esta facultad debe ser considerada extrema y de última instancia", sostuvieron los opositores.
En esa línea, consideraron que tomar la decisión de prohibir las importaciones y exportaciones "debe ser de forma altamente justificada y con un elevado grado de consenso político", ya que "prohibir exportaciones no solo implica dejar de acceder a divisas, sino la pérdida de mercados internacionales, los cuales son muy difíciles de conseguir".
Además, recordaron que en los últimos años se determinaron "dos grandes prohibiciones", que fueron los cepos a las exportaciones de carne. La primera restricción comenzó durante la presidencia de Néstor Kirchner, en 2006, y aunque se anunció en un principio solo por seis meses, terminó durando casi una década, hasta 2015, cuando se dio el recambio de gobierno. La segunda es la más reciente, adoptada por la gestión de Alberto Fernández sobre un total de siete cortes de carne y un cupo de 30.000 toneladas mensuales.
En los fundamentos, los diputados de JxC resaltaron las pérdidas que ambas medidas provocaron, tanto en puestos de trabajo como en ingreso de divisas, y sumaron que, según el Instituto de Estudios Económicos de la Sociedad Rural Argentina, entre mayo y septiembre de 2021 -primeros meses de la medida- la Argentina perdió más de 1.084 millones de dólares.
Entre otros puntos, la iniciativa estipula cambios sobre "desaduanamiento ágil" y el cobro de estímulos a la exportación para usuarios del "Régimen Exporta Simple"; además de la "declaración anticipada de mercancías", con el fin de reducir el tiempo de la misma en aduana, lo que provoca un encarecimiento de los productos. Esta idea va en línea con un reclamo del sector sobre la implementación de procesos automatizados y digitalizados para avanzar en la desburocratización de los trámites.
Sobre esto último, el proyecto habla de la creación de un Fondo de Infraestructura Aduanera, destinado exclusivamente a la incorporación de tecnología de control en aduanas de todo el país, a ser financiado por un porcentaje de lo recaudado por la "Tasa de Estadística", el tributo que se paga al importar.