El Gobierno quiere limpiar el registro de importadores: sale a la caza de empresas fantasma con operaciones sospechosas

El Gobierno está poniendo el foco en el comercio exterior. Lo viene haciendo a través de varias medidas: modificó parte del sistema de Licencias No Automáticas, agregó 300 posiciones al listado y hasta comenzó a pedirles a los importadores que informen, de manera detallada, lo que piensan traer del exterior desde ahora hasta el año 2022.

Eso no es todo: el Gobierno también planea instrumentar una suerte de "scoring" de empresas importadoras, con un objetivo claro: poder separar a los operadores "sanos" de los "sospechosos".

Esta idea fue transmitida por el secretario de Industria, Ariel Schale, a las autoridades de la Cámara de Importadores, en el marco de una reunión donde dialogaron sobre los alcances de las últimas medidas.

Schale estuvo acompañado por el director de Exportaciones y el director de Gestión Comercial Externa –desde donde se habría enviado el mail con el instructivo para que las empresas completen el archivo Excel con las proyecciones para los próximos tres años-.

Según pudo saber iProfesional, el objetivo de esa Secretaría es tener un mapeo detallado del flujo de operaciones, empresa por empresa. Básicamente porque detectaron movimientos sospechosos por parte de varias firmas.

En concreto, durante la reunión, los funcionarios plantearon que habían detectado casos de compañías que estaban trayendo 50 o 60 contenedores, pero que ante la AFIP figuran a nombre de jubilados.

La idea, entonces, sería la de avanzar con una depuración del padrón de importadores, para poder transparentarlo.

"Si se separan los que no son sanos de los que lo son y se lleva un control, estamos totalmente de acuerdo", manifestaron a este medio, una vez concluido el encuentro, fuentes de CIRA, quienes se mostraron"muy satisfechos" con los resultados de la cumbre.

"La reunión fue totalmente positiva, el licenciado Schale tiene conocimiento del comercio exterior", agregaron.

Cuatro puntos clave

Durante el encuentro con funcionarios, desde CIRA plantearon cuatro temas:

1. Acortamiento de las LNA

Entre las medidas, el Gobierno dispuso que el plazo de las LNA se redujera a la mitad: pasaron de 180 a 90 días. Pueden ser prorrogadas unos 15 días antes del vencimiento pero quien realice esa gestión deberá tener "razones fundadas".

Los empresarios advertían que, en la práctica, se podían complicar todas las importaciones provenientes desde Asia, porque desde que aprueban la licencia hasta que se envía la orden de producción, se arma el pedido y se despacha y llega a la Argentina, tranquilamente el plazo puede ser mayor.

Sobre este punto, Schale llevó tranquilidad: "Nos confirmó que las LNA van a ser otorgadas por 90 días, pero cuando se venzan, van a renovarse por otros 90 días, así que en la práctica es como si volvieran a los 180", explicaron a este medio.

2. Nivel de tolerancia de las LNA

A partir de la nueva normativa, los importadores tendrán menos margen para equivocarse con el precio que declaran por la mercadería.

Sucede que la "tolerancia" en cuanto al valor FOB unitario se redujo en dos puntos: pasó del 7% al 5% la diferencia aceptada entre lo declarado en el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI) para gestionar las LNA y el valor declarado en las solicitudes de destinación de importación para consumo, cuando se nacionaliza la mercadería.

El problema fue que la normativa alcanzó a todas las LNA, incluso las que habían sido solicitadas con anterioridad. Tras el reclamo, las LNA que se gestionaron antes de la medida seguirán teniendo los márgenes de tolerancia previos.

3. Limitaciones del Banco Central

La comitiva de importadores también llevó a la mesa un pedido con el que vienen desde hace varios meses, incluso desde la gestión anterior.  

La normativa que desvela a los empresarios es la comunicación 6818, que fue publicada por la entidad cuando era presidida por Guido Sandleris y que reglamentó el acceso al mercado de cambios para los pagos de importaciones.

La principal queja está vinculada con que la entidad, ahora presidida por Miguel Pesce, exige unos 90 días para demostrar el registro de ingreso aduanero desde la fecha de acceso al mercado de cambios. Esto, aseguran, está frenando las importaciones provenientes de los mercados más alejados.

"Le planteamos las dificultades, Schale escuchó y dijo que era un tema que le compete al Banco Central, pero escuchó nuestro problema", aseguró la fuente.

4. Proyecciones de Comercio Exterior

Como se señaló, el Gobierno le está solicitando a cámaras, grandes empresas y Pymes, que presenten un plan de comercio exterior hasta el año 2022, con proyecciones vinculadas con el empleo, inversiones, producción, ventas en el mercado interno, exportaciones y, lo más importante, importaciones.

Allí, las compañías deben consignar –todavía sin saber si la economía va a crecer o no- cuánto esperan comprar afuera, por qué valores y qué tipo de productos. Y, para complejizar más los requerimientos, deben desagregar esa misma información por trimestre (ver nota: "¿Una misión imposible?: así es el complicado Excel que tienen que completar las empresas que quieran importar").

En este contexto, las fuentes señalaron que "les dejamos a los funcionarios un escrito con las dudas. Nos dijeron que las iban a analizar y que nos iban a dar una respuesta, con lo cual vemos que hay caminos de diálogo. Eso es muy positivo".

Algunas de las dudas que hay en el ambiente, no exclusivas de la CIRA, pero sí de empresas consultadas por iProfesional, tienen que ver con la preocupación de que la información que se vuelque en ese archivo sea vinculante.

Es decir, ¿qué sucederá con una firma que consigne un monto de compras al exterior para el 2020 similar al del recesivo 2019 y luego termine teniendo que importar más? ¿Habrá espacio para negociar un incremento si los técnicos ya le aprobaron un "presupuesto" de comercio exterior?

Esa es apenas una de las incógnitas que, por ahora, no tienen respuesta en el ámbito privado.