Se promulgó la Ley Antimafias: cómo transformará la lucha contra las organizaciones criminales

El Gobierno promulgó este lunes, a través de un decreto en el Boletín Oficial, la Ley Antimafias, recientemente sancionada por el Congreso en sesiones extraordinarias. Esta nueva ley incrementa las penas para los miembros de organizaciones criminales.

Asimismo, busca desmantelar las grandes bandas involucradas en narcotráfico, lavado de dinero, extorsión y trata de personas.

Ley Antimafias: nuevas estrategias contra las organizaciones criminales

El primer capítulo de la ley define como organización criminal a cualquier grupo de tres o más personas que actúen de manera coordinada con el objetivo de cometer delitos graves. Estos grupos tiene que operar de forma continua en zonas geográficas específicas y con métodos operativos establecidos, siempre con la intención de obtener ganancias ilícitas o generar temor en la población.

La ley abarca una variedad de delitos, entre los que se incluyen narcotráfico, corrupción y tráfico de personas, entre otros. Por otra parte, establece criterios claros para investigar la relación entre estos delitos y las organizaciones criminales, tales como la repetición de delitos en determinadas zonas y la intención de intimidar a autoridades o expandirse a nuevas áreas de control.

Un aspecto clave de la ley es la posibilidad de realizar investigaciones especiales en ciertas circunstancias. Las autoridades judiciales pueden declarar determinadas áreas geográficas como zonas sujetas a investigaciones intensificadas, lo que facilita la intervención conjunta de las fuerzas de seguridad federales y provinciales en coordinación con el sistema judicial. Esta medida también habilita la intercepción de comunicaciones y la incautación de bienes relacionados con actividades ilícitas.

Otro aspecto fundamental de esta ley es la modificación del Código Penal, incorporando nuevos artículos que aumentan las penas para quienes participen, colaboren o ayuden en la formación de una organización criminal. Las sanciones pueden ir de ocho a veinte años de prisión, especialmente para aquellos involucrados en delitos graves como narcotráfico y trata de personas.

Además, la ley establece la posibilidad de decomisar bienes vinculados a actividades criminales de forma anticipada, incluso antes de una condena. Si el Ministerio Público Fiscal solicita el decomiso de bienes de personas implicadas en organizaciones delictivas, estos bienes serán transferidos al Estado. En caso de que la persona sea absuelta, los bienes serán devueltos, asegurando la protección del derecho de propiedad.