Denuncian una millonaria estafa en Uruguay: un Ponzi ganadero que afectó a decenas de argentinos

El sector agropecuario uruguayo -y la sociedad en general- se vio sacudido por un escándalo sin precedentes: una megaestafa financiera disfrazada de inversión en ganadería dejó a miles de personas sin sus ahorros, generando un vacío de más de u$s250 millones. Entre los más de 6000 afectados, al menos 60 son argentinos que también fueron víctimas del colapso de un sistema que, según especialistas, operaba bajo un esquema Ponzi.

El fraude salió a la luz cuando una de las tres empresas involucradas, Grupo Larrarte, fue denunciada por apropiación indebida, asociación para delinquir, estafa y lavado de activos. La firma entró al poco tiempo en concurso de acreedores. A partir de ahí, en un efecto dominó, República Ganadera y, finalmente, Conexión Ganadera también colapsaron. Esta última era el fondo ganadero más grande de Uruguay y manejaba alrededor de 400 millones de dólares de inversores de distintos tamaños.

Mega estafa millonaria en Uruguay: cómo fue el "ponzi ganadero"

Aunque eran empresas distintas y sin relación entre sí, los especialistas explicaron que todas operaban con el mismo esquema: recibían dinero de terceros para supuestamente invertir en ganado. Eran fondos ganaderos que captaban dinero, en general, de actores fuera del sector para actividades productivas en ganadería, ofreciendo tasas de interés muy por encima del mercado.

Las tasas de interés prometidas eran tentadoras; en algunos casos, como el de Grupo Larrarte, alcanzaban el 11,3% en dólares, cuando la ganadería tradicional ofrece rentabilidades del 3 al 4%. Ofrecían un bono en el que quien lo compraba adquiría ganado bovino que el grupo engordaba en campos. Obviamente, era muy atractivo, pero también era, a todas luces, un negocio muy riesgoso. Era claramente un esquema Ponzi. Eso les permitió a las firmas pagar intereses a los inversores mientras ingresaba dinero nuevo, pero una vez que se redujo el flujo de capitales, el sistema colapsó.

Grupo Larrarte fue el primero en caer a mediados del año pasado. Era un fondo relativamente pequeño, de unos 20 millones de dólares, pero dejó expuesta la fragilidad del sistema. Esto generó una especie de corrida en el sector: la gente dejó de invertir no solo en Larrarte, sino también en otros fondos, y empezaron a retirar su dinero. Así cayó, entre noviembre y diciembre, República Ganadera, que manejaba unos 80 millones de dólares.

El más grande de todos era Conexión Ganadera, que en teoría compraba ganado con el dinero de los inversores y luego les devolvía una renta fija de al menos un 7%. Sin embargo, a finales de noviembre pasado, uno de sus directivos, Gustavo Basso, sufrió un accidente automovilístico fatal. Manejaba su auto Tesla a 150 kilómetros por hora cuando chocó contra una maquinaria vial en la ruta 5. Este era un fondo de unos u$s400 millones.

Se sabe que el mayor inversor tenía unos u$s12 millones, pero también hubo pequeños ahorristas que colocaron entre u$s20.000 y u$s30.000. En Conexión Ganadera había casi 5000 inversores afectados, mientras que en los otros fondos se contaban alrededor de 1000 más, sumando un total de entre 5500 y 6000 damnificados, incluyendo a argentinos.

Por qué no había control sobre esos fondos

Uno de los problemas más graves fue la falta de regulación. En Uruguay, los negocios financieros están regulados por el Banco Central, pero estos fondos, al operar bajo el modelo de capitalización de ganado, no estaban regulados. No había ningún control que garantizara que, al invertir 30.000 dólares para comprar vaquillonas, el dinero efectivamente se usara para eso.

En realidad, los fondos no compraban el ganado, sino que usaban el dinero para pagar intereses a los inversionistas previos, un esquema Ponzi clásico. Ahora se estima que, como mucho, los inversores podrán recuperar entre el 10% y el 15% de su dinero. Más allá de la cantidad de damnificados, lo que quedó en evidencia es la falta de regulación y el riesgo de la inversión sin control.

Carlos Esponda, abogado del estudio Dotta & Esponda, representa a unos 420 damnificados, de los cuales 60 son argentinos. También hay inversionistas franceses, españoles, estadounidenses e incluso un empresario indio. En una entrevista con el diario La Nación, aseguró que hay embajadores entre los afectados. Son muchos afectados y mucho dinero.

"Hay gente que había puesto todos sus ahorros y ahora está con un futuro totalmente incierto, con los sueños rotos. Muchas personas mayores trabajaron toda su vida y confiaron en una empresa con 25 años de trayectoria, pero lo perdieron todo", señaló.

Entre los 60 afectados argentinos, algunos viven en la Argentina y otros son inversionistas que hace años se mudaron a Uruguay. "Las sumas invertidas van desde u$s50.000 hasta u$s800.000. Presentamos cerca de 50 denuncias penales que están siendo investigadas en la fiscalía. Lo que denunciamos es una estafa a través de un esquema Ponzi: el dinero de los nuevos inversores se usaba para pagar intereses y capital a los anteriores", sostuvo el abogado.

Según detalló, República Ganadera dejó aproximadamente 1600 personas afectadas y tenía un activo de 80 millones de dólares, aunque en realidad solo quedaban 20, lo que significa un vacío de 60 millones de dólares. Conexión Ganadera, la más grande, contaba con 4200 inversores y un capital total de 400 millones de dólares. De esa suma, aparentemente solo quedaban 150 millones en activos.

Son empresas distintas, no tienen relación entre sí, pero todas operaban con el mismo esquema: recibían dinero de terceros para supuestamente invertir en ganado.

Tasas de interés altas y muchos inversores, las claves detrás del Ponzi ganadero

El atractivo de las tasas de interés ofrecidas generó una gran demanda de inversores, quienes, atraídos por promesas de rendimientos rápidos y elevados, no dudaron en confiar sus fondos a estas empresas. Sin embargo, lo que parecía una oportunidad dorada resultó ser una gigantesca burbuja financiera. A medida que las empresas caían una tras otra, los inversores comenzaron a darse cuenta de que el dinero no se destinaba a la ganadería como prometido, sino que era utilizado para cubrir los pagos de otros inversionistas, en un claro esquema Ponzi.

La crisis no solo afectó a pequeños ahorristas, sino que también involucró a actores más grandes del sector agropecuario, que confiaron sus ahorros en busca de una mayor rentabilidad. Según especialistas de medios uruguayos como El Observador y La República, este tipo de fraudes han incrementado en los últimos años, reflejando la falta de regulación adecuada en el sector de inversiones agropecuarias.

La situación también expuso las debilidades de un sistema financiero que, en ocasiones, no realiza las verificaciones suficientes antes de permitir que empresas operen con fondos de terceros.

Los organismos judiciales uruguayos siguen investigando el caso, y aunque algunos de los responsables han sido detenidos, aún se espera que más personas sean procesadas por su involucramiento en esta red de estafas. Mientras tanto, muchos de los afectados continúan luchando por recuperar una parte de sus inversiones, aunque los expertos advierten que la posibilidad de reembolsos completos es mínima.