A 20 años de Cromañón: las leyes que cambiaron la seguridad en Argentina

A 20 años de la tragedia de Cromañón, ocurrida el 30 de diciembre de 2004, el evento marcó un antes y un después en la legislación argentina, especialmente en materia de seguridad en eventos masivos y habilitaciones de locales. Este suceso que se cobró la vida de 194 personas y dejó cientos de heridos evidenció profundas fallas en el control estatal y en el cumplimiento de normas de seguridad, lo que impulsó la implementación de nuevas leyes y regulaciones destinadas a prevenir desastres similares.

Cromañón: qué leyes se aprobaron como consecuencia

Desde la tragedia, se dieron una serie de reformas en la legislación argentina. Por ejemplo, en el Código de Habilitaciones, se establecieron normas más estrictas para la habilitación de locales donde se realizan espectáculos públicos, incluyendo requisitos de salidas de emergencia, señalización luminosa y la obligación de garantizar la capacidad máxima permitida. También se endurecieron las sanciones por incumplimiento de estas normativas.

Y para evitar situaciones de riesgo se regularizó el uso de pirotecnia en distintas provincias y municipios del país se prohibió o se reguló estrictamente el uso de pirotecnia en eventos cerrados. Estas medidas buscan evitar situaciones de riesgo como la que desencadenó la tragedia en Cromañón.

También se fortalecieron las inspecciones de locales nocturnos y se crearon organismos dedicados exclusivamente a fiscalizar el cumplimiento de normas de seguridad. En la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, se creó la Agencia Gubernamental de Control.

Y más allá de que a partir de la tragedia se impulsaron campañas de concientización para que los asistentes a espectáculos masivos conozcan y exijan condiciones básicas de seguridad, como la implementación de planes de evacuación obligatorios en eventos públicos, se aprobó la Ley de Espectáculos Públicos (Ley Nº 26370), que regula la actividad de los controladores de admisión y permanencia (comúnmente llamados "patovicas"), estableciendo la obligatoriedad de capacitarlos y registrarlos oficialmente para garantizar su profesionalismo y responsabilidad.

La tragedia de Cromañón dejó profundas heridas en la sociedad argentina, pero también impulsó un cambio significativo en la manera en que se gestionan la seguridad y la responsabilidad en los espectáculos masivos. Aunque aún persisten desafíos, estas leyes y medidas reflejan el esfuerzo por aprender de los errores y honrar la memoria de las víctimas con acciones concretas para evitar que una tragedia similar se repita.

Polémica: qué pasa con el reclamo de reapertura del padrón de beneficiarios

La Legislatura porteña dio un paso adelante en el proyecto de ley que propone declarar como vitalicia la asistencia destinada a los familiares de las víctimas y a los sobrevivientes de la tragedia de Cromañón. Días atrás, en una reunión conjunta de las comisiones de Derechos Humanos y de Presupuesto, se logró el despacho de mayoría para la modificación de la Ley Nº 4786, lo que permitirá que el proyecto sea debatido la próxima semana durante la última sesión del año.

El acuerdo plantea, en primer lugar, reemplazar el término "tragedia" por "masacre". Asimismo, con el objetivo de fortalecer el proceso de reparación integral para las víctimas, establece que la asistencia sea de carácter vitalicio, no hereditaria y compatible con otros programas del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat o de cualquier organismo que lo sustituya en el futuro. El monto de la asistencia será equivalente al 50% de la remuneración mensual correspondiente a un empleado público de tramo inicial, grado tres.

Este valor se actualizará según los incrementos salariales acordados en las paritarias del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA) para el personal de planta permanente del escalafón general del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Además, las personas que hayan perdido a más de un familiar en primer grado de parentesco recibirán esta asistencia de manera individual por cada uno de ellos.

La ley original, aprobada en 2013, dispone que la ayuda económica se actualice según el presupuesto anual de la Ciudad y el IPC de la Dirección General de Estadísticas y Censos de CABA. Además, garantiza acceso gratuito a medicación y atención en salud mental para víctimas, sobrevivientes y familiares en centros de salud públicos.