La UCR presiona a Milei para aprobar la reforma gremial y prohibir reelecciones de sindicalistas

El gobierno de Javier Milei podría avalar en Diputados el proyecto impulsado por el radicalismo, que genera fuertes resistencias del kirchnerismo que la semana pasada se retiró de la reunión en la que se debatía una profunda reforma sindical para ponerle límites a los sindicalistas.

La reforma impide, entre otras cuestiones, las reelecciones indefinidas de los secretarios gremiales y la obligatoriedad de presentar sus declaraciones juradas.

La UCR presiona a Javier Milei para aprobar la reforma gremial

Se trata de una iniciativa del radical bonaerense, Fabio Quetglas, que cuenta con el respaldo del PRO y de La Libertad Avanza y que pondría a los legisladores de Hacemos Coalición Federal, de Miguel Pichetto, en una incómoda situación, porque de todos modos no evitaría que la balanza se incline en el recinto a favor del texto impulsado por los radicales.

Es que, en el marco de la discusión de la Ley de Bases, el bloque de Pichetto fue clave para impedir que el oficialismo avanzara con el capítulo laboral, uno de los que más polémicas generó en el debate de la ley impulsada por el gobierno de Milei.

El rionegrino fue una pieza clave en la eliminación de ese capítulo e incluso se lo llegó a señalar como el articulador de las negociaciones entre el Gobierno y la Confederación General del Trabajo (CGT), en una señal a favor de algunos dirigentes sindicales, que festejaron la versión light de la ley laboral contemplada en la ley Bases.

En ese marco, los puntos que se dejaron afuera de la ley fueron celebrados en la intimidad por la central obrera, ya que lograron que se eliminaran de la norma aquellos aspectos que afectaban el poder sindical en sí mismo, en particular el poder económico.

Un ejemplo de ello es haber dejado afuera la no obligatoriedad o la conversión en voluntarios de los aportes sindicales que los no afiliados hacen a los gremios cuando se firman paritarias, cuestión que la iniciativa de los radicales busca reflotar.

¿Qué bloques respaldarían la reforma?

Al margen de Unión por la Patria, que cuenta con 99 diputados, varios de ellos en su doble rol de legisladores y dirigentes perteneciente a poderosos gremios, que ya avisó que no respaldará una reforma de este tipo, los radicales tendrían garantizados los votos para aprobar la norma, en caso de que llegue a debatirse en el recinto de la cámara baja en los próximos meses.

A los 34 integrantes de la UCR, se sumarían los 37 del PRO, los 3 de la Coalición Cívica, y los 38 de La Libertad Avanza, a los que se podrían plegar un puñado de legisladores de bloques minoritarios, con los que podría arañar las voluntades necesarias para aprobarlo en el recinto con mayoría simple, sin contar tampoco con el respaldo del bloque de Pichetto que reúne unos 16 legisladores, quiénes por el momento no se expidieron en torno al proyecto.

Con todo, la iniciativa de los radicales y el apoyo del oficialismo es una carta que esgrimen los legisladores de los denominados bloques dialoguistas para lograr una ambiciosa reforma sindical, que ni Milei pudo lograr hasta el momento.

El debate continuará en las próximas semanas con nuevas reuniones informativas, con la presencia de invitados, antes de la firma de un dictamen de consenso.

Un fuerte cruce que marcó la reunión: insultos, gritos y amenazas

La embestida del radicalismo y del PRO a los sindicalistas fue rechazada por el diputado y dirigente de Smata, Mario Manrique, quien salió con los tapones de punta contra el porteño Fernando Iglesias (PRO), a quien advirtió: "Te voy a hablar a vos (dirigiéndose a Iglesias). La impunidad que creés que tenés no es tanta como la que crees. Maricón", disparó.

Ante la mirada atónita de muchos diputados y la pregunta del propio Iglesias que le pidió que Manrique aclare si se trataba de una amenaza, a lo cual el sindicalista respondió sin dar marcha atrás con sus palabras: "Es un hecho, no es una amenaza" y añadió: "Es muy difícil ver a un bruto hacerse inteligente. No puedo permitir que semejante persona incluya a mi sindicato en hechos aberrantes".

Previamente, Iglesias había hecho alusión antes a complicidades entre empresas automotrices con la dictadura militar, ante lo cual Manrique arremetió: "Qué sabe de la historia de Mercedes Benz, de Ford, de la historia del movimiento obrero en la dictadura militar. Hablar de forma irrespetuosa y con desconocimiento total para la tribuna no es procedente para la investidura que el diputado tiene. Nadie está defendiendo cuestiones irregulares, les digo a todos que no nos estamos dando cuenta que estamos en un ambiente belicoso que alimentamos todos los días, estamos alimentando la violencia, no tenemos capacidad de debatir con altura".

Por su parte, el sindicalista de La Bancaria, Sergio Palazzo se defendió: "Yo no me siento aludido cuando hablan de sindicalismo corrupto. Vivo en un barrio común y corriente de 3 de febrero. No vivo en un country ni tengo un Audi. No me preocupa la elevación de un proyecto de pensamiento distinto, tengo una visión distinta pero no tengo ninguna causa judicial", aclaró el dirigente.

¿Cómo es el proyecto que puede avanzar en Diputados?

De los 18 proyectos que debate la comisión de Legislación Laboral de la cámara baja, que preside el radical Martín Tetáz, el proyecto que cuenta con mayores respaldos es el que impulsa el bloque radical y algunos otros diputados dialoguistas que plantea una profunda reforma en los sindicatos.

Entre otras cosas, la iniciativa propone dar de baja las cuotas sindicales obligatorias, limitar las reelecciones de los sindicalistas y que tengan que presentar sus declaraciones juradas de manera obligatoria.

Se trata de varias modificaciones a la ley de Asociaciones Sindicales (ley 23.551) que busca evitar la perpetuidad en el poder de los mandatos sindicales, fomentar la transparencia en los bienes y patrimonio de quienes son electos como líderes para evitar conflictos de interés y asegurar una gestión ética y responsable.

También, promueven la paridad de género y generar canales de transparencia activa de la información pública como auditorías regulares y obligatorias, permitiendo canales de denuncia de forma confidencial.

La iniciativa busca generar una mayor dinámica entre los diversos ámbitos entendidos dentro de los convenios colectivos de trabajo, creando mejores y mayores espacios de negociación.

Puntos principales de la reforma:

• Limitación de Mandatos de Dirigentes Sindicales: Establecer un límite de dos mandatos consecutivos de cuatro años para los dirigentes sindicales, prohibiendo más de una reelección. Limitar los mandatos evita la perpetuidad en el poder y promueve la renovación y democratización de los sindicatos, asegurando una representación más dinámica y equitativa para los trabajadores.
• Declaraciones Juradas de Dirigentes Sindicales: Exigir la presentación de declaraciones juradas de bienes de los dirigentes sindicales y sus familiares hasta el cuarto grado. La transparencia en los bienes y patrimonio de los líderes sindicales es crucial para evitar conflictos de interés y asegurar una gestión ética y responsable.
• Eliminación de Cuotas Solidarias Obligatorias: Eliminar las contribuciones obligatorias emanadas de los convenios colectivos, conocidas como cuotas solidarias, que se aplican incluso a trabajadores no afiliados. Esta medida asegura que solo los afiliados contribuyan financieramente, promoviendo una mayor equidad y voluntariedad en las contribuciones.
• Publicación Obligatoria de Informes Financieros: Obligar a los sindicatos y obras sociales a publicar sus informes financieros auditados en plataformas accesibles al público. La transparencia en la gestión financiera es esencial para asegurar que los fondos se utilicen correctamente y para aumentar la confianza de los afiliados en sus organizaciones.
• Auditoría por la Auditoría General de la Nación (AGN): Implementar auditorías regulares y obligatorias de las obras sociales sindicales por parte de la AGN. La AGN, como organismo independiente, garantiza la transparencia y la correcta administración de los fondos de las obras sociales sindicales, asegurando que los recursos se utilicen adecuadamente y evitando la corrupción. Actualmente, los controles de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) son mayormente formales y no reales, según varios informes y observaciones.
• Paridad de Género: 50 % de representación femenina en los cargos electivos y representativos de las asociaciones sindicales cuando el número de mujeres alcance o supere ese porcentaje sobre el total de los trabajadores. Si no llega a ese porcentaje, la asociación sindical podrá realizar un planteo de excepción frente a la Secretaria de Trabajo, que determinará el porcentaje mínimo de representación que corresponda.
• Mayor Participación y Control de los Afiliados: Garantizar que los afiliados tengan acceso fácil y directo a los informes financieros y puedan solicitar información adicional. Crear canales confidenciales para que los afiliados puedan denunciar irregularidades. La participación activa de los afiliados y su capacidad para supervisar la gestión financiera de sus sindicatos y obras sociales son fundamentales para asegurar la transparencia y la rendición de cuentas.