Cuál es la estrategia de Argentina en el juicio por YPF para no pagar u$s16.000 millones
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El Estado argentino afronta un juicio multimillonario por la expropiación de la petrolera YPF, que se completó en el año 2014 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Esta semana, el litio internacional sumó un nuevo y trascendental capítulo en los tribunales de Estados Unidos.
Los buffets de abogados del Estado nacional y de la petrolera presentaron sus respectivos escritos ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, donde se lleva adelante la revisión de la sentencia que en primera instancia falló contra Argentina y la obligó a pagar una indemnización por u$s16.100 millones más intereses. Ese fallo declaró inocente a YPF.
Juicio por YPF: cuál es la estrategia de Argentina
El estudio jurídico Sullivan & Cromwell es quien representa a la defensa argentina, mientras que YPF está representada por Debevoise & Plimpton. Y, según trascendió, las partes siguen distintas estrategias: mientras que el Estado busca revertir la sentencia en contra de primera instancia, desde la petrolera aguardan que se confirme que no tuvo responsabilidades en el proceso de estatización del 51% de las acciones que estaban en manos de la empresa española Repsol.
En ese escenario, el estudio que representa al Estado argentino presentó un escrito en el que hizo foco de los errores que cometió el tribunal del Distrito Sur de Nueva York, a cargo de la jueza Loretta Preska.
![Los abogados defensores del Estado argentino argumentaron contra el fallo por el juicio](https://assets.iprofesional.com/assets/jpg/2024/05/575470.jpg)
"Esta Corte no debería tolerar una sentencia de u$s16.100 millones contra un soberano extranjero basada en una interpretación errónea y sin precedentes del derecho público y privado de ese soberano por parte de un tribunal estadounidense que no debería haber escuchado estos casos completamente argentinos", señala.
Y agrega: "La asombrosa sentencia del tribunal de distrito representa una porción significativa del presupuesto fiscal de la Argentina, lo que afecta recursos que, de lo contrario, estarían comprometidos con importantes reformas económicas. Si un tribunal de otro país le diera a la ley estadounidense un trato similar al imponerle miles de millones (o, de manera análoga, billones) de dólares en responsabilidad contra el gobierno estadounidense, la reacción universal sería la incredulidad y la indignación. Este Tribunal debería revocar".
En concreto, el argumento argentino se centra en que el juicio no tendría que haberse realizado en las cortes de Estados Unidos, pese a que YPF cotiza en la Bolsa de Nueva York.
La defensa de YPF, por su parte, se centró en que la empresa no tiene responsabilidad en obligar a sus accionistas a hacer cumplir su estatuto. En primera instancia fue eximida y los fondos apelaron esta decisión.
Los escritos presentados esta semana son parte de un proceso largo que continuará hasta el 6 de septiembre, fecha límite para presentar los últimos escritos de cada parte. Según Sebastián Maril, economista director de Research for Traders, quien sigue de cerca los juicios contra la Argentina en el exterior, la Corte podría fallar recién entre fines del primer trimestre o principios del segundo trimestre de 2025.
El fallo de la jueza Preska que condenó a pagar u$s16.000 millones
La magistrada había emitido previamente un fallo mediante el cual condenó a la Argentina a pagar aproximadamente u$s16.000 millones, del que el fondo de inversión Burford Capital es el principal beneficiario.
En el momento de la audiencia, las partes en conflicto presentaron argumentos a favor y en contra de obligar al país a presentar información sobre si ciertas entidades administradas por el Estado son "alter ego" del país. En esa lista estaban YPF, Aerolíneas, BCRA, Arsat, Banco Nación y otras.
El reclamo de Burford tiene como finalidad embargar activos locales ante la idea de que el Estado no pagará la sentencia que tiene a favor.
Con esta nueva decisión, la jueza dejó de lado a las demás empresas y organismos del Estado, pero indagará sobre YPF y el Central. Según los resultados, podría llegar a autorizar embargos sobre los bienes de ambos: acciones en Wall Street, inversiones en el exterior, bonos y otros activos.