Después de un seguimiento de tres meses, la Administración Federal de Ingresos Públicos allanó 36 domicilios y desbarató una banda que se dedicaba a usar posnet truchos y empresas fantasmas para evadir impuestos. En total, el desfalco de la organización fue de 2.000.000 millones de pesos que no ingresaron al Estado.

En el operativo, que se realizó junto a la Justicia Penal Económica, se secuestró u$s1 millón que estaba guardado en bolsas y todo tipo de documentos, archivos y dispositivos digitales claves para la investigación.

Los domicilios allanados correspondían a contribuyentes que estaban identificados como deudores relevantes, pero que tenían escasos movimientos bancarios. Usaban esa mascara con la finalidad de evadir el pago de tributos y desviar ingresos a través de empresas fantasmas.

Los titulares reales de esas cuentas, que son los investigados, utilizaban distintas sociedades comerciales (de rubros como la gastronomía o la indumentaria) que se iban reemplazando unas a otras para enmascarar a los verdaderos dueños ocultos que eran quienes llevaban adelante la explotación comercial.

Empresas cáscaras para estafas

Bajo la creación de empresas "cascaras" desarrollaban todo tipo de actividades comerciales generando deudas impositivas o previsionales para luego cambiar de razón social. En el medio ponían a testaferros que eran insolventes y les traspasaban la nómina de trabajadores. La maniobra era compleja y se trataba de un desfalco al Estado.

La investigación la llevó adelante la Dirección General Impositiva que detectó un grupo de empresas y profesionales que operaban en conjunto. La finalidad de esta banda era ofrecer terminales de Posnet (para el cobro con tarjetas de crédito y débito) y cuentas bancarias de titularidad de sociedades apócrifas, que eran utilizadas por diferentes contribuyentes vinculados al rubro gastronómico y de indumentaria.

Afip desbarató una banda que operaba de manera ilegal.

A través de esta maniobra la banda logró desviar $2.000.000.000 que debían ir al fisco pero que eran depositados en las cuentas bancarias de las usinas truchas y posteriormente utilizados para el pago a proveedores y los sueldos de los empleados.

Mediante el análisis de las direcciones IP utilizadas tanto por las usinas, como por las usuarias de los posnet, los domicilios, socios y demás datos relevantes, se estableció la vinculación con una sociedad profesional, la cual sería la organización delictiva encargada de la creación, administración y comercialización de estas complejas maniobras.

La AFIP realizó una denuncia penal que quedo radicada en el Juzgado Federal en lo Penal Económico Nro.9, solicitando medidas de urgencia a fin de resguardar los intereses del Fisco. En el procedimiento, se secuestró dinero en efectivo por un valor de 1 millón de dólares y gran cantidad de documentación e información en soporte digital de interés para la causa.