FOPEA se solidarizó con periodista que recibió una intimación judicial de un empresario tabacalero

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) se solidarizó con el periodista de iProfesional Andrés Sanguinetti, "a quien un empresario amenazó con iniciarle una demanda civil y penal en caso de que no se retracte y elimine una publicación".

En sus redes sociales, en el marco de su monitoreo de libertad de expresión, FOPEA se refirió a una carta documento recibida por el periodista a raíz de la publicación de una nota titulada "Una tabacalera 'dudosa' ya maneja el 45% del mercado de cigarrillos local". 

FOPEA se solidarizó con el periodista Andrés Sanguinetti

En el comunicado difundido por FOPEA, señalan que "el colega de iProfesional recibió una carta documento del empresario Pablo Otero, dueño de Tabacalera Sarandí, en la que lo intiman a retractarse de lo escrito sobre él y a borrar su artículo de la web.

"Además, Andrés Sanguinetti denunció que ha recibido llamados de personas vinculadas a Otero sugiriéndole que no insista en escribir sobre el tema", señala el texto.

Y agrega: "FOPEA reitera que las amenazas de acciones legales tienen un efecto inhibitorio no sólo sobre el destinatario sino sobre el periodismo en general, con lo cual se deteriora la calidad de la información que recibe la sociedad".

"Cualquier ciudadano, pero aún más los dirigentes políticos, sociales, sindicales y empresariales, tienen la posibilidad de responder y aclarar si una publicación es errónea o confusa sin necesidad de apelar a recursos propios de otro tipo de conflictos y ajenos al ámbito de la información como bien social", concluye el texto difundido por el Foro de Periodismo Argentino.

La carta documento enviada al periodista de iProfesional

En la carta documento enviada a Sanguinetti, el abogado intimó a que el periodista, en forma inmediata, "desista de continuar con la formulación explícita y/o a la subliminal exposición de información carente de toda verdad en relación con mi representado y la empresa que preside, y que ha sido expuesta en la nota".

"Adicionalmente, en el perentorio plazo de 24 horas, le requiero se retracte, en el mismo modo y por el mismo medio, de las expresiones falaces, agraviantes y acosadoras, puestas manifiesto por usted, al menos, en la publicación referenciada anteriormente", detalla otra parte de la carta documento.

"De acuerdo a lo expuesto, por vuestro afán de exponer públicamente información que resulta mendaz y calumniosa y que además es presentada de manera tergiversada, deberá tener que afrontar la responsabilidad y las consecuencias penales y civiles que ello acarrea", subraya.

Y, en otro tramo, intima al periodista "para que, en forma inmediata arbitre las acciones y medios necesarios para proceder a la eliminación de todas las publicaciones web y redes sociales en las que se haya publicado y/o difundido la nota indicada en esta misiva".

El artículo que originó la intimación judicial

La nota en cuestión fue publicada el 12 de marzo del 2024. En la misma se refiere que Javier Milei legó a la presidencia del país planteando un modelo distinto al modelo empobrecedor de los últimos 100 años y envió al Congreso la llamada Ley ómnibus en el que se refleja el ideario "libertario" que fue frenado por la oposición, a quienes el Jefe de Estado califica como "un conjunto de políticos que van a hacer lo imposible para mantener sus privilegios. La casta".

En la nota se hace referencia a Pablo Otero, dueño de Tabacalera Sarandí, quien desde hace ya varios años comercializaría las marcas que produce su empresa sin el correspondiente pago de los impuestos que el resto de las compañías, en especial las multinacionales, abonan todos los meses para engrosar las arcas de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y el llamado Fondo Especial del Tabaco.

De hecho, en la Ley ómnibus se redactó un capítulo de Impuestos Internos que establece una suba de la tasa a los cigarrillos del 70% al 73% y elimina el Impuesto Mínimo.

Según las autoridades, dicha modificación busca traer igualdad a un sector que desde hace ya casi 10 años se ve distorsionado por medidas judiciales por las que sólo algunas empresas no tributan el Impuesto Mínimo.