¿Rappi y PedidosYa te cobran de más?: los imputan por "práctica abusiva" en los envíos

El Gobierno bonaerense imputó a las empresas de delivery Rappi y PedidosYa por el cobro de cargos adicionales compulsivos en los envíos, en violación a la Ley Nacional de Defensa del Consumidor, y les aplicó multas por más de 400 millones de pesos, informó hoy el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia.

Un relevamiento de la Dirección Provincial de Defensa de los Derechos de las y los Consumidores y Usuarios, dependiente de la cartera productiva provincial, constató que ambas empresas, mediante sus plataformas digitales, además del gasto por envío cobran un cargo extra denominado "tarifa por servicio" que se trataría a priori de un "costo" adicional empresario que se traslada a los consumidores.

Las empresas no brindan información detallada y precisa respecto a cuál es el motivo ni la composición de esa tarifa por servicio y obligan a usuarios y usuarias a pagarlo para finalizar la compra, ya que no permiten rechazar el cargo.

Según se precisó, ese cobro adicional resultaría una práctica abusiva por parte de ambas empresas, que aumenta el precio de los productos y servicios y traslada, a los consumidores y usuarios, costos y gastos empresarios, propios de la actividad que deben estar a cargo de las respectivas plataformas.

Las empresas fueron notificadas y ahora tienen 5 días hábiles para presentar su descargo.

Rappi, denunciada por la Defensa de los Derechos de los Consumidores.

Rappi, acusada de lavado de activos y sobrefacturación

Los sindicatos del delivery vienen llevando adelante hace meses una batalla contra las aplicaciones, a las que califican de "uberizar" el sistema laboral. El mote sirve para graficar lo que sucedió con Uber en detrimento de los taxis (pérdida de puestos de trabajo y fuerte caída de unidades sin que mejore el servicio) hasta las low cost (la llamada "revolución de los cielos" de Mauricio Macri en una avanzada contra Aerolíneas Argentinas).

Por su parte, la Asociación Sindical de Motociclistas Mensajeros y Servicios (ASiMM) que encabeza Marcelo Pariente, viene reclamando la regulación laboral de las empresas de delivery, en una disputa que tiene más retrocesos que avances.

En esa línea, Gonzalo Gabriel Ottaviano, trabajador del sector y miembro de la comisión directiva del gremio, presentó una denuncia penal contra RAPPI Arg SAS, ante el Ministerio Público Fiscal, para que se investigue "a todo aquel que resulte responsable, participe o encubridor", por "utilizar a los trabajadores registrados en su plataforma para maniobras que tienen un alcance sobre Comisión del Delito de Lavado de Activos".

Entre la documentación presentada como prueba, sostiene que la firma "impone a sus usuarios/trabajadores generar la facturación a través de la firma Gestorando".

La denuncia presentada en las oficinas la Unidad de intervención temprana (UFE) tiene el número 2551/DGPDH/07, expediente número 6402, y sostiene que tanto RAPPI como Gestorando "utilizan un mecanismo donde se genera una sobre facturación, en nombre de los usuarios/trabajadores, y que en todos los casos se trata de montos irrisorios que son desconocidos por ellos".

Para el sindicato conocido como de "motoqueros", hoy hay unos 20.000 empleados en RAPPI y unos 35.000 en Pedidos Ya, todos monotributistas en un modelo laboral donde la precarización laboral parece enquistada. En diálogo con iProfesional, Pariente indicó que "las ganancias de estas compañías es inmensa pero tienen a los trabajadores fuera del sistema y sin ningún tipo de derechos".

Firmas como Uber, Glovo, Pedidos Ya o Rappi son denunciadas constantemente por las condiciones laborales que ofrecen.

Denuncia contra Rappi: para el gremio, hubo "movimientos engañosos"

Ottaviano viene llevando a cabo una minuciosa investigación sobre la precarización laboral en las plataformas en general y en Rappi en particular. Detalló que una de las manibras de la app es que a los trabajadores y trabajadoras se les "exige  pagar los saldos negativos a través de la aplicación Pago 46", estimando que se trata de "una maniobra de manipulación" que lleva al personal a cooperar en "movimientos engañosos", ya que "no existe forma alguna donde los trabajadores puedan filtrar o controlar la forma de pago de los pedidos que reciben".

Explicó que "al llegar al tope de los 10.000 pesos, la aplicación suspende la cuenta al trabajador y no permite la continuidad de la tarea laboral hasta que la deuda no es saldada", a la vez que se le impone saldarla "depositando el dinero a través de una transferencia bancaria hacia alguno de estos agentes registrados". Sostuvo que "esta situación es extremadamente grave, porque RAPPI expone impositivamente a los trabajadores", por lo que reclamó una "pronta investigación y esclarecimiento de los hechos, con el fin de llegar a una instancia probatoria".

En su pedido de investigación, Ottaviano destacó que tanto ‘Gestorando’ como ‘Pago 46’ son empresas de "dudosa procedencia", ya que proponen como única vía de contacto un número de WhatsApp o un correo electrónico "que pocas veces funciona", agregando que "no existe un domicilio físico visible, según indicó el documento formal".

En la denuncia penal, el dirigente indicó que "el fraude fiscal, la precarización y explotación laboral, es la marca registrada y la verdadera realidad que esconden las plataformas que con un fuerte lobby actúa sobre los funcionarios y aprovechan tapiar cualquier acción que las regule" y apuntó que "los responsables de controlar y los representantes legislativos miran para otro lado, bajo la falsa premisa de la modernización. Se debe combatir esta red de complicidades y corrupción que está a la vista de todos".

El gremio de delivery presentó pruebas contra Rappi

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Dentro de la metodología y actividad que generan las aplicaciones digitales, Ottaviano expresó que se procedió a certificar legalmente una serie de datos que se adjuntaron a la causa, como ser:

• Captura de pantalla sobre comentario de trabajador en la plataforma de Facebook en el perfil de Gestorando donde manifiesta que, al intentar comunicarse con la empresa, no obtiene respuesta.

El gremio de repartidores debió defender a sus miembros por la situación a la que se ven expuestos en Rappi.

• Capturas de pantalla sobre conversaciones en los grupos de WhatsApp's que integran los repartidores de Rappi, donde hablan de las irregularidades de estas tres empresas.
• Anuncio y captura de pantalla donde la aplicación de Pago 46 da como beneficio el pago de comisiones por las operaciones realizadas a quienes se registren como socios.
• Captura de pantalla que emite un trabajador en un grupo de Facebook donde denuncia la sobre facturación que le realizó Gestorando.
• Captura de pantalla de la página Web de Pago 46 donde queda expuesta la alianza entre estas tres empresas