Para el Gobierno, la destitución de Pedro Castillo se produjo por un "hostigamiento antidemocrático"
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"No es novedad que el presidente Pedro Castillo Terrones (ahora expresidente), desde el día de su elección, fue víctima de un antidemocrático hostigamiento", dice un comunicado difundido este lunes por los gobiernos de Alberto Fernández (Argentina), Andrés Manuel López Obrador (México), Gustavo Petro (Colombia) y Luis Arce (Bolivia) en conjunto.
El escrito difundido se produce en medio de el caos y las protestas que reinan en varias regiones de Perú tras el violento cambio de mando en el Poder Ejecutivo del país. El conflicto, que generó la detención y destitución de Pedro Castillo y la posterior asunción de Dina Boluarte, lleva menos de una semana y no parece terminar pronto.
El gobierno de Alberto Fernández apoyó al expresidente Pedro Castillo
El documento que lleva la firma de los cuatro mandatarios provocó infinita variedad de postura, ya que se trata de la segunda expresión oficial del gobierno argentino sobre la detención del exjefe de Estado peruano.
El canciller, Santiago Cafiero, había expresado su "preocupación por la profunda crisis política acaecida en la República del Perú la semana pasada", aunque evitó cuestionar medidas polémicas como la intención de disolver el Congreso, anunciada dos horas antes de su aprehensión por el mismo presidente Castillo en cadena nacional.
En este segundo comunicado, la gestión de Alberto Fernández y sus pares solicita a "las autoridades que respeten a cabalidad los derechos humanos del presidente Pedro Castillo y que se le garantice la protección judicial correspondiente".
Mientras tanto, el país peruano permanece plagado de situaciones violentas con rutas estratégicas bloqueadas (como la Panamericana Sur) y manifestantes agrediendo a efectivos de la Policía Nacional.
Perú: tras intento de autogolpe, el Congreso destituyó a Pedro Castillo y quedó detenido
Luego de que el presidente de Perú, Pedro Castillo, anunciara el pasado miércoles la disolución del Congreso, horas antes de que debatiera una moción de destitución en su contra, el cuerpo de legisladores votó por destituirlo y quedó detenido.
El mandatario había declarado un "gobierno de excepción" y un "toque de queda a nivel nacional", lo que provocó una ola de renuncias de ministros y acusaciones opositoras por un eventual "golpe de Estado".
En un comunicado televisado el mandatario peruano había convocado "en el más breve plazo a elecciones para un nuevo congreso, con facultades constituyentes para elaborar una nueva constitución en un plazo no mayor de nueve meses. A partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso se gobernará mediante decretos ley".
"En atención al reclamo ciudadano, tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a establecer el Estado de derecho y democracia, a cuyo efecto se dictan las medidas: disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional", había manifestado el jefe de Estado. El presidente acusó al órgano legislativo de "destruir el Estado de derecho, democracia y equilibrio de poderes", informó el medio local RPP, horas antes de ser aprehendido.
Tras el anuncio de Castillo, se produjeron una serie de renuncias del gabinete. Así por ejemplo, Kurt Borneo, ministro de Economía y Finanzas, renunció a través de un mensaje en Twitter, al igual que Alejandro Salas, ministro de Trabajo. Posteriormente se sumaron los ministros de Justicia y Relaciones Exteriores.