AFIP redobla su guerra contra granjas de minería de Bitcoin y criptomonedas con un inédito megaoperativo
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La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de la Dirección General Impositiva (DGI) y la Dirección General de Aduanas (DGA) desmanteló una granja de criptomonedas clandestina que operaba con cables robados en el partido de Quilmes.
El procedimiento requirió un intenso megaoperativo conjunto con la Procuración General de la provincia de Buenos Aires y el Ministerio de Seguridad bonaerense, que consistió en 70 allanamientos, donde 40 personas quedaron detenidas, en el marco de una iniciativa masiva contra ciberestafas que provocaron un perjuicio económico de 50 millones de pesos, 2 millones de dólares y donde se investiga el hurto de energía eléctrica.
AFIP caza "granjas" de criptomonedas clandestinas
Desde el comienzo de la gestión de Carlos Castagneto, el organismo comenzó a llevar adelante tareas de fiscalización y control sobre el sector de activos digitales. Los cruces de información de las áreas especializadas de la AFIP permitieron detectar -a partir de consumos elevados de energía eléctrica- granjas de criptomonedas no declaradas en distintos puntos del país.
En esas verificaciones presenciales, los agentes constatan la existencia de la documentación de importación correspondiente de los equipos y la correcta registración tanto de la actividad de minería como así también ingresos percibidos.
En ese marco, los inspectores de la DGI y la DGA colaboraron con el poder judicial bonaerense, que dictó procedimientos en tres domicilios del partido de Quilmes por presunto robo de electricidad para enmascarar su uso intensivo en minería de criptoactivos.
En el operativo, se logró ubicar un galpón con material presuntamente utilizado para el minado de criptomonedas, con la disposición de "granja", con una gran cantidad de placas de video junto a los bastidores y fuentes requeridas para su conexión. Al mismo tiempo, se hallaron cables y diferentes tipos de conectores que presuntamente serían utilizados para reducir los altos costos operativos de la actividad mediante el robo de electricidad.
Las medidas judiciales apuntaban a secuestrar precintos y dispositivos de cualquier tipo para adulterar los medidores de energía eléctrica, documentación en soporte papel e informático que pueda acreditar las maniobras investigadas, celulares y dispositivos electrónicos.
El Primer Megaoperativo de Ciberestafas 2022 fue encabezado por el Departamento de Ciberdelitos de la Secretaría de Política Criminal de la Procuración General bonaerense, junto a la Superintendencia de Investigaciones en Función Judicial de la Policía de Buenos Aires.
El disparadaor para iniciar la investigación fueron hechos ilícitos denunciados y cometidos en distintos partidos del conurbano e interior de la provincia de Buenos Aires, entre 2021 y 2022.
Como resultado de estos procedimientos simultáneos, además de estas significativas cifras de dinero en efectivo, se secuestraron computadoras y notebooks; más de un centenar de teléfonos celulares, tarjetas de memoria, pendrives, impresoras, plastificadoras, lectores de tarjeta, disqueteras, guillotinas, DNI falsos, más de un centenar de tarjetas SIM (chips para celulares), tarjetas de crédito y débito, posnet, cajas fuertes, automóviles y armas de fuego.
La mira de la AFIP recae sobre las criptomonedas
La ley del impuesto sobre los Bienes Personales no hace mención alguna a los criptoactivos. Fue por este vacío legal que surgieron distintas interpretaciones respecto del tratamiento impositivo que debía otorgarse a este tipo de activos.
Así, mientras que algunos entendían que las criptomonedas se asemejan a los activos financieros y por lo tanto estaban sujetas al impuesto, otros tantos catalogaron a las monedas digitales como "bienes inmateriales" que, para el impuesto en cuestión, resultan exentos. Esta última posición es la que había asumido la misma AFIP en el año 2019 a través de un dictamen jurídico interno.
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Sin embargo, la inagotable presión fiscal, nos ha dado como resultado el Dictamen 2/2022, mediante el cual el Fisco Nacional cambió su criterio considerando que las "criptomonedas" podrían calificarse como "activos financieros" o "títulos valores impropios" y, por lo tanto, concluyó que están alcanzadas por el impuesto sobre los bienes personales. Esto viene a cambiar una vez más las reglas del juego en la aventura del contribuyente por saber qué es lo que deberá pagar en concepto de tributos frente a una nueva interpretación, que viene a traer más confusión que certeza.