Desalojos en barrios populares: avanza proyecto que protege a "ocupas" y abre grietas en la oposición
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"Si sos okupa, no te pueden embargar. Si pagás impuestos y alquilás una propiedad, te destruyen. No entiendo, ¿a quién defendemos? Esto hay que explicarlo". Con este tajante tuit publicado en su cuenta oficial de Twitter la líder del PRO, Patricia Bullrich, dejó claro que la aprobación del proyecto que reforma la ley de integración socio-urbana de barrios populares fracturó a la oposición.
El proyecto que obtuvo media sanción en Diputados y fue girado al Senado de la Nación se aprobó con 227 votos positivos, tras un consenso político al que llegaron el Frente de Todos, Juntos por el Cambio, el Interbloque Federal, Provincias Unidas y legisladores de la Izquierda. En concreto, lo que se aprobó es una prórroga en la suspensión de desalojos por un lapso de 10 años.
Por "okupas", se generan internas en la oposición
Recordemos que originalmente el proyecto se aprobó en 2018 (con 60 votos afirmativos), esdecir, en la era macrista, y declaró "de utilidad pública y sujeto a expropiaciones" las tierras en las que se asientan villas de emergencia. En ese año había más de 4.000 asentamientos urbanos y con la aprobación de la norma se les entregó el certificado de vivienda familiar. Ahora, en 2022, y según cifras oficiales, hay 5.687 barrios populares de todo el país.
Ahora, con el texto que obtuvo media sanción en Diputados en la última sesión especial celebrada, se contempla la declaración de utilidad pública y expropiación de más barrios populares, que se incluyeron al ReNaBaP (Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana) después de sancionada la ley del 2018.
A su vez, establece la prórroga de la suspensión de los desalojos como garantía de implementación de la ley y del derecho a la vivienda por el plazo que dura la declaración de utilidad pública de 10 años. En esa misma línea, la norma aprobada establece que los habitantes de estos barrios "tienen derecho a acceder a los servicios públicos con calidad, continuidad y cantidad suficientes, sin discriminación".
"Todos los niveles de gobierno y organismos intervinientes deberán implementar las medidas adecuadas para asegurar su inclusión y la asequibilidad para, gradualmente, constituirse en usuarios formales de los servicios públicos, debiendo adaptar las normativas para facilitar la realización de tal derecho", cita el texto del proyecto aprobado.
Además, se aprobó la modificación de la integración del fideicomiso, de modo que también se pueda conformar con "bienes inmuebles que le transfiera en forma directa el Estado Nacional" y "bienes inmuebles que obtenga directamente el fideicomiso, sean los que integran el RENABAP u otros necesarios para cumplir con los objetivos de la ley".
En el artículo 18 bis de la normativa, ahora se indica que el el 75% de los fondos del fideicomiso, como mínimo, tendrán que destinarse al proceso de urbanización; el desarrollo de infraestructuras necesarias para establecer condiciones en el hábitat y las viviendas; y otros destinos relacionados al acceso a la urbanización e integración socio urbana.
Diputados aprobó el proyecto y definirá el Senado
Con la media sanción del proyecto en Diputados, ahora será la cámara alta quien finalmente convierta en ley dicha iniciativa que protege a los barrios populares; de todos modos, la fecha de su tratamiento aún es incierta, debido a que las actividades del Senado de la Nación, y puntualmente la sesiones en el recinto, están en stand by debido a la salud del jefe bloque de senadores por el Frente de Todos, José Mayans. Incluso, esta semana ya se postergó una sesión clave en esa Cámara, que incluía, entre otros temas, un paquete de proyectos sobre alivios impositivos, la designación de jueces y nombramiento de ascensos de militares.
La media sanción del proyecto que reforma la ley de integración socio-urbana de barrios populares, desencadenó una nueva crisis en la oposición, que desde hace tiempo no logra ponerse de acuerdo y no hay un pensamiento único ni votación lineal respecto a diversos temas. Si bien el último desencuentro de Juntos por el Cambio en Diputados fue por la votación del Consenso Fiscal (que se aprobó con 136 votos a favor vs. 108 en contra) y dividió a los opositores, ahora la grieta llegó tras el consenso del que fueron parte casi todos los diputados de JxC. Sólo cuatro legisladores votaron en contra de la iniciativa: Francisco Sánchez, del PRO, Gustavo Hein, Marilú Quiroz y Carlos Zapata (Ahora Patria-Juntos por el Cambio) y Carolina Píparo, esta última del partido Avanza Libertad.
En diálogo con iProfesional, el diputado nacional por Neuquén, Francisco Sánchez, explicó que efectivamente votó en contra del proyecto, y que además lo hizo "con mucha convicción".
"Voté en contra porque básicamente es un proyecto que de alguna manera alienta a que se atente contra la propiedad pública y la propiedad privada, de hecho, gran parte de los 5.400 asentamientos que dicen estar relevados, en algunos casos son de propiedad dominial municipal y provincial, y en otros casos nacional, pero en muchos casos también privados", argumentó el legislador a este medio.
Dimos media sanción al proyecto que reforma la Ley de Barrios Populares. ????Buscamos ampliar el registro de los barrios populares al RENABAP, mejorar los espacios públicos y prorrogar la suspensión de los desalojos para ratificar el acceso a la vivienda como política de Estado. pic.twitter.com/Px9Elk5KPp — Cecilia Moreau (@ceciliamoreauok) October 12, 2022
Asimismo, añadió que lo que se aprobó en la Cámara de Diputados es un proyecto de ley que "no pone límite" a los desalojos. "Es decir, si mañana alguien se asienta al lado de un lote tomado, o se crean nuevos lotes, esto es básicamente un viva la pepa y esto va a seguir ocurriendo... lo que están haciendo con esto es alentando este tipo de cuestiones", sentenció.
En ese contexto, y en línea con lo que publicó Patricia Bullrich en sus redes sociales, Francisco Sánchez reiteró a iProfesional que "a la gente que ha robado tierras se le da derechos superiores de los que por ejemplo alquilan, gente de poquísimos recursos que destina casi todos sus ingresos a alquilar una vivienda o gente que ha hecho grandísimos esfuerzos para comprar un terreno y se lo invaden".
"En definitiva, desde el Estado se le da más beneficios esas personas, que se le da hasta subsidios y se le pagan los servicios básicos y un poquito más con recursos de todos y no los pagan los que allí habitan... Entonces, acá estamos regularizando a personas que no han pagado por su tierra, pero así y todo le vamos a pagar cloacas, electricidad, gas y le vamos a resolver la cuestión dominial también... es inequitativo y es injusto, y va en contra de una cuestión constitucional básica que es el derecho a la propiedad privada, y fomenta de manera solapada la usurpación, que es más y menos que un robo", disparó el diputado nacional.
Sánchez del grupo de los "halcones" de JxC, que son quienes tienen una visión de país en consonancia o parecida a la de la líder del partido, Patricia Bullirch. Tras el furioso tuit de la exministra de Seguridad de la Nación, trascendió que hay malestar dentro de la oposición, y que el posteo "cayó mal" en las "palomas" de JxC, pero además, aseguran que se llegó a un acuerdo respecto al proyecto, entendiendo que a las personas que alcanza están en extrema vulnerabilidad y es el propio Estado -incluidos los políticos- quienes en los últimos años no han podido darles las herramientas necesarias para transformar su precaria realidad.
Tetaz: la ley fue propuesta por Macri
Por otro lado, el diputado nacional Martín Tetaz consideró que la furia de Patricia Bullrich respecto al proyecto aprobado "parece que fue un lapsus" y recordó que originalmente esa es una ley "de Mauricio Macri".
"Lo único que se hizo es votar y actualizar una ley de Mauricio Macri, por lo tanto todo Juntos por el Cambio votó a favor, incluso los diputados de ella, así que no sé, habría quepreguntarle a ella por qué la reacción o si se confundió con otro proyecto", sentenció Tetazen diálogo con iProfesional.
El oficialismo celebra el consenso
Por su parte, el Gobierno celebró que se haya podido lograr un consenso en el Congreso que permita "mejorar la calidad de vida de los sectores más vulnerados".
Tras la media sanción en Diputados, Fernanda Miño, actual secretaria nacional de Integración Socio Urbana y presidenta del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) explicó, entre otras cosas, que este proyecto se lleva adelante desde 2018 a través del Fondo de Integración Socio Urbana, que se constituyó en el año 2020 y está compuesto principalmente con financiamiento del Aporte de las Grandes Fortunas y del Impuesto PAIS.
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Además, describió que actualmente la Secretaría a su cargo está ejecutando obras de urbanización en 747 barrios populares y desarrollando la línea de financiamiento Mi Pieza que ya alcanzó a 173.000 familias de todo el país. Con una inversión nacional que supera los 165 mil millones de pesos, la SISU desarrolla ambas líneas de trabajo y también la creación de lotes con servicios con la que ya tiene 50 proyectos en marcha.