Planes sociales: detectan irregularidades con millones de pesos que eran destinados para un beneficio

El Tribunal de Cuentas encontró una serie de irregularidades relacionadas con plata destinada a planes sociales, en la redición de cuentas de la gestión del intendente Fernando Ubieta en el municipio de La Paz, provincia de Mendoza.

Entre las mismas, se incluye que un concejal cobró de más y tardó dos años en devolver el dinero. Sin embargo, el punto más grave tiene que ver con el reparto de 39 millones de pesos del programa "Trabajar por La Paz". También hallaron inconsistencias en las bases de datos de las cuentas por cobrar "que no permiten cumplir con la adecuada custodia y cobranza de los mismos".

Seún el fallo 17711, hay graves irregularidades en los sistemas de control internos de La Paz y establece multas de 30 mil y 20 mil pesos para el contador Sergio Omar Barrientos y el tesorero Exequiel Vespa. 

Hace dos años atrás, en el 2020, en la municipalidad de La Paz entró en marcha el programa "Trabajar por La Paz" con el objetivo de "generar empleo y ejecutar trabajos en beneficio de la comunidad".

Estaba previsto que se implementara entre febrero y octubre de dicho año y se iba a beneficiar a 600 personas con montos de $5.000 a $30.000. La realidad es que el programa se prolongó y para diciembre del 2020 yo eran 931 beneficiarios.

Según determinó el Tribunal de Cuentas, se entregaron 39.9 millones de pesos sin que se hiciera un estudio para evaluar la necesidad de las personas que recibieron el dinero.

Hallaron irregularidades en la redición de cuentas de la gestión del intendente Fernando Ubieta

Planes sociales: qué dice el fallo sobre las irregularidades

En el fallo del órgano de control se establece lo siguiente: "Del análisis realizado, se detectó que: a) No hay solicitud del beneficiario que exponga la necesidad del subsidio. b) No hay dictamen de Asistente Social que certifique el estado de necesidad de quien solicita el subsidio. c) No se implementó un 'recibo prenumerado' con el detalle de las entregas, que contenga además del nombre del beneficiario, número de documento de identidad y firma o constancia de recepción; el destino del subsidio y que estuviera intervenido por quien efectivamente entregue el dinero. d) No hay constancia de CUIT, CUIL o CDI. e) No hay, en la mayoría de los casos, 'Legajo Social'".

Además, afirma que la plata destinada a los planes sociales se entregó de forma discrecional sin que existan "antecedentes de prestaciones sociales anteriores, recibidas del mismo u otro órgano o institución, durante el período de un año" o al mismo tiempo un "diagnóstico social actual, breve y descriptivo, que contenga la descripción del problema principal, las necesidades básicas insatisfechas y el impacto familiar".

Ni hay una "opinión profesional en la que conste el nivel de gravedad del problema, el momento en que debe efectuarse la prestación y el tipo de prestación que se sugiere" o por lo menos un informe periódico de seguimiento del caso".

El programa se prolongó y para diciembre del 2020 yo eran 931 beneficiarios

Qué justifican desde el municipio sobre las irregularidades

Según el municipio, la falta de documentación tiene que ver con la pandemia. "El aislamiento social no permitió el contacto con los beneficiarios para solicitar documentación que el acuerdo exige como requisito", sostienen.

Pero la realidad es que dicha justificación no fue suficiente para el Tribunal de Cuentas que avanzó con la multa a los funcionarios involucrados y puso en conocimiento de lo ocurrido a la Fiscalía de Estado.