Docentes porteños podrán llegar a cobrar sueldos de $200.000 tras paritaria: cuándo y en qué casos
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Después de acordar un aumento salarial para el personal municipal, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires reabrió la paritaria docente 2022 y cerró con los gremios un aumento salarial del 60% en línea con la inflación proyectada, porcentaje que se otorgará de manera escalonada. De esta forma, los básicos serán de $90.614 pesos para jornada simple y $181.228 pesos para jornada completa a partir de noviembre, en ambos casos sin contar la antigüedad. Asimismo, se fijó para diciembre la fecha de revisión del acuerdo.
Con respecto a los docentes que cuentan con la mayor antigüedad, el salario será de $110.197,73 para jornada simple y $212.131,27 para jornada completa. La mejora se abonará "en tramos escalonados" entre mayo y noviembre, en línea con la proyección del aumento de precios.
Los funcionarios del ministerio de Educación porteño se reunieron con representantes de los 17 sindicatos docentes con representación en el distrito, y el subsecretario de Carrera Docente, Oscar Ghillione, para discutir la reapertura de las paritarias, cuyo último incremento fue en febrero y sumó un14,5%.
La reapertura de la paritaria y el acuerdo con los municipales del SUTECBA son una señal de Horacio Rodríguez Larreta para evitar que se profundicen los conflictos laborales y demorar gestión en su carrera presidencial.
Acuerdo gracias al diálogo y el consenso
Según explicaron desde la cartera educativa, a esa cifra se le sumará un 45,5% más a pagar en distintos tramos del año, lo que totaliza un aumento del 60% para este año, porcentaje que obtuvieron los docentes bonaerenses y que obtuvieron la mayoría de los sindicatos.
Voceros del ministerio que encabeza Soledad Acuña señalaron que "en un marco de diálogo y consenso, buscamos evitar que los docentes pierdan poder adquisitivo" y agregó que "para hacer un seguimiento del proceso inflacionario, se estableció un nuevo encuentro con los representantes gremiales para diciembre próximo".
Antes de este acuerdo, las organizaciones gremiales lograron una suba del 40% a cobrar en tres cuotas: marzo (14,5%), julio (9%) y octubre (16,5%). Ese porcentaje estaba en línea con las proyecciones del Gobierno, que se fueron deshilachando con la constante alza de precios. Por eso se convocó a una reapertura de la discusión salarial, que finalmente fue pactada.
Conformidad de las organizaciones gremiales
Una vez sellada la mejora salarial, los gremios se mostraron conformes, aunque mantienen una serie de reclamos tanto en las condiciones de trabajo como en la inversión educativa. De hecho, rechazan la modificación de estatuto, que podría abrir la puerta a un nuevo conflicto.
La Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) -uno de los gremios más combativos del distrito- aceptó la oferta pero dejó en claro que no se bajaron otras demandas, que lo llevaron a participar activamente de la marcha que se realizó este lunes a la Legislatura de la Ciudad.
En un comunicado, UTE explicó que "el salario mínimo de maestro de grado, inicial o taller, de jornada simple o su equivalente de 20 horas cátedra, que en el mes de febrero era de $55.190 y en marzo alcanzó a $64.269 pasa en mayo a $67.580; $70.750 en junio; $74.062 en julio; $77.233 en agosto; $80.404 en septiembre; $85.923 en octubre y $90.614 en noviembre".
Lejos de recuperar el poder adquisitivo
Apuntó que "si bien la propuesta es superadora, gracias a la lucha y a la organización, entendemos que aún nos encontramos lejos de recuperar parte del poder adquisitivo perdido por los trabajadores en los últimos años".
La organización gremial remarcó que "continuamos en las aulas y en las calles exigiendo un salario que supere la inflación, la titularización de todos los docentes interinos y contratados, el fin de las irregularidades del sistema MIA, una inversión acorde a las necesidades actuales y una ley de paritaria y financiamiento educativo en la Ciudad que nos permita discutir nuestras condiciones de trabajo con la patronal".
La movilización que se realizó el lunes contó con la participación de los judiciales (SITRAJU), la seccional Capital de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y los Metrodelegados, entre otras organizaciones, quienes no solo plantearon sus reclamos salariales, sino cuestiones laborales como el reconocimiento de las enfermeras como personal de la salud o el retiro de los vagones de la línea B de subtes con asbesto, que ya han provocado muertes del personal.