Planes sociales: la oposición pide "datos y claridad" y pone la lupa en funcionarios oficialistas
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Es un hecho: los planes sociales representan un problema para el Gobierno argentino. Lejos de que esta situación se normalice, o la cantidad de ayudas disminuya, los programas han crecido exponencialmente, e incluso, se convirtieron en un negocio para algunos líderes sociales y piqueteros, que en nombre de los pobres extorsionan al Estado con fines políticos e individuales.
Aunque en las últimas semanas se instaló en la agenda la discusión de los planes sociales, el Gobierno ya ha intentado hacer algo al respecto, aún así, no tuvo éxito.
En octubre de 2021 fue el propio presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que impulsó un proyecto para reconvertir planes sociales. Dicha iniciativa ingresó al Congreso el 09/10 y tenía como objetivo principal "transformar, de manera gradual y con un criterio federal, a los planes, programas sociales y prestaciones de la seguridad social en trabajo formal de calidad".
Con bombos y platillos, Sergio Massa anunció en ese momento la presentación de su proyecto de ley -que contiene 22 artículos- llamado "Un puente al empleo" y aseguró que lo que busca es la conversión de planes sociales en "trabajo genuino y alivio económico" para aquellas Pymes que generen puestos laborales.
Además, fue el mismo Massa el que reflexionó sobre algunas cifras alarmantes: sólo en 2019 se otorgaron más de 700 mil nuevos planes sociales, y en esa línea, admitió que el Gobierno tiene el "enorme desafío de construir un puente entre los planes sociales y el empleo genuino". El líder del Frente Renovador esperaba que su proyecto se empezara a debatir esa misma semana, pero eso no sucedió.
Ese mismo mes, en octubre de 2021, el presidente Alberto Fernández asistió a un acto de la Cámara Argentina de la Construcción, y allí, admitió que al Gobierno "no nos hace feliz que en la Argentina haya tantos hombres y mujeres que perdieron su trabajo y hoy viven de la asistencia del Estado". Y también destacó que "la cultura del trabajo se fue perdiendo".
"Lo que nos importa es recuperar el trabajo, no sostener el plan social. Eso no quiere decir que vamos a terminar con los planes sociales, mientras los argentinos lo necesiten lo seguirán teniendo", dijo en ese momento el presidente nacional.
Luego, este año, en su discurso ante la Asamblea Legislativa, Alberto Fernández volvió a referirse sobre el tema e hizo promesas, hasta ahora, incumplidas. "Avanzaremos en convertir los planes sociales en empleo... Necesitamos que los argentinos y las argentinas puedan ir volviendo al empleo formal, e ir dejando los planes sociales", reiteró.
Política social complicada
Uno de los detonantes que puso nuevamente en agenda el tema de los planes sociales fue el multitudinario acampe que se realizó durante tres días en la avenida 9 de Julio. Allí, las organizaciones sociales y piqueteros exigían, entre otras cosas, mejoras en los programas sociales y empleo formal.
Luego del acampe, el Gobierno decidió aumentar uno de los más de 180 programas sociales, y anunció el aumento del 50% en la tarjeta Alimentar. Sin embargo, el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, le pidió a los piqueteros que dejaran de "apretar" a los argentinos y pidió que lejos de cortar las calles, se busque otra modalidad de protesta.
Por lo general, las manifestaciones de piqueteros pidiendo más y mejoras en los planes sociales se dan en el microcentro porteño, por lo que en los últimos días el legislador Ramiro Marra, que es libertario y responde a Javier Milei en la Legislatura Porteña, presentó un proyecto de ley para castigar a quienes vayan a manifestaciones con menores de edad y, en consecuencia, se sancione y se le saque el programa que cobran.
Luego, Juntos por el Cambio también se sumó a los pedidos respecto a planes sociales, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, reclamó a Nación que le saque los beneficios a los manifestantes y que impida el ingreso de los piqueteros a la Ciudad.
El pedido en el Congreso sobre planes y funcionarios
Con el tema en el tapete, ahora la Coalición Cívica decidió poner la lupa en las políticas sociales del Gobierno, y en las últimas horas, presentaron un proyecto de resolución con cuatro pedidos de acceso a la información pública, acerca del otorgamiento y el control de los planes sociales.
En concreto, los diputados nacionales de la Coalición Cívica, partido que lidera Elisa Carrió y que pertenece a Juntos por el Cambio, pidieron información a la Unidad de Información Financiera (UIF); al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES); al Ministerio de Desarrollo Social de Nación y a la Oficina Anticorrupción, acerca del otorgamiento y el control de los planes sociales.
En diálogo con iProfesional, el diputado nacional de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, explicó que la CC busca profundizar, no solo en el control de los planes sociales, sino en los funcionarios que los otorgan.
"La cantidad de funcionarios militantes sociales en lugares de gestión relacionados con el otorgamiento de planes, su crecimiento y la necesidad de transparencia, nos llevaron a requerir información para poder controlar y dar un debate con datos y claridad", argumentó.
A su vez, consideró que es importante poder contar con datos exactos para poder evaluar realmente la gestión del Ministerio de Desarrollo Social "justamente por eso hicimos el pedido de informes, para poder evaluar la gestión en un tema de alta sensibilidad con rigor y seriedad".
El problema de los planes sociales no se soluciona con una ley
Por otro lado, el diputado López opinó respecto a los intentos -todos fallidos- del Gobierno para solucionar la problemática respecto a planes sociales, y en ese sentido consideró que aunque la intención de Massa es buena, "el problema no se soluciona solo con una ley".
"Los intentos han fracasado porque es una discusión que no se soluciona sólo con una ley, necesita una macroeconomía que al menos se empiece a ordenar, se necesitan datos claros y una discusión adulta que no simplifique el problema", reflexionó el legislador.
De todos modos, el diputado de Juntos por el Cambio duda sobre si el Estado quiere realmente solucionar el problema, ya que a su juicio "el Gobierno usa a los pobres" y aseguró que cooperativas relacionadas con dirigentes políticos del oficialismo, e incluso funcionarios del gobierno, "reparten los planes discrecionalmente".
"También lo vemos en los cortes de calles, como en los de la Ciudad de Buenos Aires, exigiendo más planes al gobierno nacional por parte de facciones del propio Gobierno, que muestran una presencia de adultos y niños movilizados de manera poco espontánea y evidentemente organizada por estructuras consolidadas", denunció.
Qué dice el proyecto de resolución
En cuanto al plan Potenciar Trabajo, a cargo del Ministerio de Desarrollo Social, y teniendo en cuenta que la manera en la que se gestionan los recursos asignados es discrecional y a través de intermediarios, los dirigentes de la CC reclaman varias cuestiones.
El primer pedido del proyecto de resolución que ingresó a Diputados, los dirigentes de la Coalición Cívica pusieron la lupa en 20 funcionarios y pidieron que se informe "si la Oficina Anticorrupción tiene conocimiento de la pertenencia o participación, ya sea en la actualidad o en el pasado, de funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social y del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) dentro de ciertas organizaciones sociales que agrupan cooperativas de beneficiarios del programa Potenciar Trabajo". Es decir, lo que la oposición sospecha, es que hay funcionarios que se otorgan planes "a ellos mismos".
En ese sentido, expusieron con nombre y apellido, uno por uno, la lista de los 20 funcionarios y se preguntaron si han analizado "la posible incursión de esas personas en conflictos de interés en la distribución de los planes sociales del Potenciar Trabajo y/o el otorgamiento de subsidios o créditos destinados a cooperativas de trabajo asociadas a sus respectivas organizaciones sociales".
Además, pidieron detalles sobre cuántas y cuáles son las cooperativas y organizaciones sociales constituidas como Unidades de Gestión No Gubernamental, y cuántos titulares asociados hay a cada una de ellas; qué mecanismos de auditoría existen acerca del uso y direccionamiento de los fondos públicos gestionados a través de la intermediación de las Unidades de Gestión No Gubernamental, y qué resultados está teniendo el programa en términos de egreso de quienes hubieran participado en procesos de capacitación o que hubieran ingresado a empleos formales.
Por otro lado, le solicitaron al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), entre otras cuestiones, la cantidad de subsidios y de préstamos otorgados por el INAES a través de su directorio y la fluctuación de ambas operaciones entre 2015 y 2022. Asimismo, la oposición pide que informen la cantidad de subsidios entregados a las cooperativas de trabajo vinculadas a los planes sociales durante 2020 y 2021, e identifique cada cooperativa que recibió este tipo de apoyos.
Los diputados de la Coalición Cívica creen que desde que asumió Alberto Fernández, muchos funcionarios derivan recursos públicos -que deberían ser ayudas sociales- a sus propias organizaciones políticas, por supuesto, sin ningún tipo de control.
Finalmente, el diputado Juan Manuel López agregó que el primer paso para solucionar el problema de programas sociales es "transparentar la asignación de planes, frenar la corrupción que pueda haber en los repartos, evitar el uso político de los más vulnerables y tener la información clara sin perder el rumbo, que es generar condiciones de desarrollo para transformar la mayor parte de ellos en trabajo genuino y real".
A continuación, el proyecto completo: