Lobby: así es la fuerte batalla legislativa por ley de etiquetado que espanta a las empresas
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La Argentina está cada vez más cerca de contar con una ley de etiquetado frontal de alimentos.
Este martes cuatro comisiones de la Cámara de Diputados se reunen para darle dictamen de mayoría a la iniciativa que fue aprobada el 29 de octubre casi por unanimidad en el Senado y que establece la aplicación de un sello de advertencia para los productos que tengan exceso de calorías, grasas totales, saturadas, azúcar y sodio.
La norma también prohibirá su publicidad y la venta en kioskos de escuelas, con una batería de medidas inéditas en el país que han sido muy resistidas por las empresas nacionales y extranjeras de alimentos, que siguen en pie de guerra contra la implementación de la iniciativa.
El texto será debatido en el plenario de las comisiones de Legislación General, Acción Social y Salud, Industria y Defensa de la Competencia.
Quedará listo para ser tratado en el recinto. Así como no existe una posición unánime, hay posicisiones divergentes dentro del oficialismo y la oposición, y el dictamen de mayoría podría contar con el respaldo de diputados del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio, con la negativa de gran parte de los legisladores de Tucumán, Jujuy y Salta. Se trata de las tres principales provincias productoras de azúcar, cuya industria se niega a que avance una inciativa de este tipo en un escenario económico donde el sector zucoalcholero esgrime afrontar una crisis por el cambio del régimen de biocombustibles.
El debate de este martes cerrará una pulseada de un año entre los impulsores del proyecto y las cámaras empresarias del sector alimenticio que resisten el diseño del proyecto, aunque está basado en experiencias exitosas para combatir la malnutrición y promover la alimentación saludable que ya se aplican en Chile y México.
El principal objetivo de la iniciativa es reducir los altos niveles de obesidad infantil y combatir los problemas de nutrición de la población por la falta de información nutricional que les permita elegir cómo cuidarse cuando compran sus alimentos.
Críticas del sector alimenticio
La Coordinadora de Industrias Alimenticias (Copal) ya se había pronunciado el año pasado. En medio del debate en el Senado sustuvo que 14.500 empresas y 35 cámaras estaban de acuerdo con la utilización de un sistema de etiquetado frontal para "informar correctamente a los consumidores".
Pero en la medida que fue avanzando el debate y vieron que no se incluyeron modificaciones al proyecto aprobado en el Senado endurecieron su posición. Ahora, antes del dictamen de mayoría, sostuvo que "lejos de cumplir sus objetivos" el texto "constituirá un daño en los consumidores al proporcionar información incorrecta, y una traba para una industria que no sólo alimenta a argentinos, sino que también exporta al mundo".
El presidente de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham), Alejandro Díaz, firmó un comunicado donde consideró que los diputados "se muestran deseosos por obstaculizar el proceso de reactivación económica del país, al tratar el proyecto de etiquetado frontal".
Aseguró que el texto "demoniza una serie de alimentos, que contienen nutrientes críticos" y fue más lejos. Consideró que "la mal llamada 'Ley de Promoción de la Alimentación Saludable' subestima la habilidad de los consumidores para seleccionar una dieta variada, imponiendo un modelo punitivo, que provoca temor e incongruencias".
Desde su punto de vista, "la imprecisión manifiesta, al determinar que un producto debe adoptar la visualización de los sellos octogonales negros, no constituye un elemento de advertencia en la comunicación sino un castigo para sus comercializadores".
A ellos se sumó el Centro de la Industria Lechera (CIL) que lanzó un vaticinio. Sostuvo que "hará que en el Mercosur los productos lácteos argentinos estén en inferioridad de condiciones respecto de los de otros países y que un mismo producto lácteo en Argentina lleve dos sellos y en Brasil ninguno".
Otra crítica tiene que ver con el Mercosur, tal como lo advirtió la secrearía de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería durante el debate en comisiones. Su titular, Jorge Neme, pidió tiempo para que se pueda armonizar con el Mercosur, ya que los demás países avanzan con iniciativas similares, como sucede en Brasil.
En el oficialismo, incluso, algunos diputados admiten que el texto sumaría más apoyos si le "dejara una ventanita a la armonización con el Mercosur", un punto que también podría ser aplicado cuando el presidente Alberto Fernández firme el decreto que reglamente la norma.
Un revés para el sector alimentos
Los cuestionamientos públicos y el lobby que han desarrollado las cámaras tuvieron un revés internacional inesperado hace cuarenta días, cuando el texto transitaba un camino cargado de críticas en la Cámara baja. Por entonces la apuesta inicial de las empresas estaba concentrada en lograr modificaciones al proyecto y mandarlo de vuelta al Senado, aunque había sido aprobada en octubre por 64 votos a favor y sólo tres contra. Un número muy cercano a la unanimidad ante las 72 bancas que tiene el recinto de las provincias.
En mayo, en la prensa internacional se conoció un documento interno de una de de las alimenticias en la que se reconocía que el 63% de sus alimentos evaluados no alcanzan el nivel saludable, como tampoco lo hacen el 96% de las bebidas (sin contar el café) y el 99% de los productos de confitería y helados.
Esta noticia derivó en que no se incluyeran cambios y tampoco se concedan modificaciones al articulado, donde los valores máximos para aplicar el etiquetado se basarán en los parámetros previstos por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Para las cámaras eso implicará que la mayoría de los alimentos sean etiquetados con un impacto directo en las ventas. Apuestan a que esos cambios que no avanzaron en el Congreso se puedan introducir en la reglamentación de la norma cuando sea transformada en ley.
"Está bien que haya octógonos negros pero la pregunta es cómo se va a medir, porque usan sus definiciones para marcar los productos procesados y ultraprocesados, pero esas dos palabras no fueron incluídas en el texto", detalló a iProfesional una alta fuente parlamentaria que dio por confirmado el dictamen de mayoría pero que no ahorró críticas al proyecto.
En el plenario de las cuatro comisiones también serán firmados otros seis dictámenes de minoría que expresarán distintas alternativas donde están los cambios que no prosperaron en el texto que llegará al recinto.
Para entonces, todavía resta un trecho que estará atravesado por el escenario electoral. La iniciativa sólo puede prosperar con el respaldo de Juntos por el Cambio. Hasta ahora un sector lo apoya y aporta los votos que le faltan al oficialismo, pero existen chances de que las presiones empresariales busquen frenar ese acuerdo a favor que reune apoyos en todos los bloques parlamentarios.
Qué dice la futura ley
Si es sancionado, el texto establecerá que los productos que posean un exceso de componentes críticos deberán contar en su cara principal con un sello de advertencia. Aquellos que tenan edulcorantes deberán decir que "contiene edulcorantes, no recomendable en niños y niñas", mientras que los que tengan cafeína deberán decir: "Contiene cafeína, evitar en niños y niñas".
Las nuevas etiquetas se deberán eplicar en todos los empaquetados y será un octógono negro que no podrá ser inferior al 5% de la cara principal de cada envase. El nivel para aplicarlos se basarán en los límites "Perfil de Nutrientes" de la OPS y quedarán exceptuadas la sal de mesa, los aceites vegetales, el azúcar común y los frutos secos.
Estos alimentos no podrán tener envases con dibujos animados y personajes infantiles que promuevan su consumo y prohíbe "toda forma de publicidad, promoción y patrocinio de los alimentos y bebidas analcohólicas envasados, que contengan al menos un sello de advertencia, que esté dirigida especialmente a niños, niñas y adolescentes".
Inculso, aquellos alimentos y bebidas que tengan "al menos" un sello de advertencia no podrán ser "ofrecidos, comercializados, publicitados, promocionados o patrocinados" en la educación primaria y secundaria.
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Apenas sea publicada en el Boletín Oficial las grandes industrias alimenticias tendrán seis meses para adaptarse, mientras que las Pymes tendrán un año y medio. Si incumplen la ley establece sanciones que incluyen multas, clausuras y apercibimientos.